En Veracruz, los sindicatos y la administración del IPE coinciden en la necesidad de que en 2027 se mantengan los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), como parte integrante del Presupuesto de Egresos a aprobarse próximamente en el Congreso del Estado.
Se requiere de un techo Financiero de este recurso de al menos de 5,200 mdp. Esto con la finalidad de complementar los ingresos propios del Instituto, provenientes de las cuotas y aportaciones generadas por los trabajadores y los patrones, con la finalidad de dar cumplimiento a prestaciones establecidas en la Ley 287.
La petición es legítima. Pero también obliga a formular la pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede crecer anualmente el subsidio sin comprometer otras responsabilidades presupuestales del Estado?
Por eso Veracruz necesita discutir una reforma integral del IPE, no para desmantelarlo, sino precisamente para preservarlo.
Entre los instrumentos que inevitablemente deberán colocarse sobre la mesa están un tope razonable para las pensiones, una revisión gradual de las aportaciones y la correcta aplicación del sueldo regulador. Este último, por cierto, no es una ocurrencia de la actual administración: está contemplado en la Ley 287 desde 2014 y comenzó a utilizarse en procedimientos pensionarios desde 2017.
El dato resulta revelador: de un universo superior a 38 mil pensionistas, el IPE reporta 3 mil 767 casos en los que se ha aplicado sueldo regulador desde 2017. La fórmula considera los salarios de cotización correspondientes conforme a la legislación y no necesariamente el último salario percibido, cuestión particularmente relevante cuando existen incrementos importantes al final de la vida laboral.
Ahí está uno de los puntos neurálgicos del debate: proteger derechos sin permitir distorsiones que terminen debilitando el patrimonio colectivo.
También debería discutirse, mediante estudios actuariales y negociación, un incremento gradual de las aportaciones, cuidando que cualquier modificación sea proporcional y socialmente soportable. Incluso una eventual participación adicional de jubilados tendría que analizarse con enorme cautela, diferenciando niveles de ingreso y evitando cargar el costo sobre quienes reciben las pensiones más bajas.
Porque reformar no significa arrebatar.
Significa construir un acuerdo entre Gobierno, sindicatos, trabajadores y pensionados para que el sistema exista dentro de diez, veinte o treinta años. Los sindicatos ya han advertido que una insuficiencia presupuestal que pusiera en riesgo los pagos podría derivar en movilizaciones y problemas de gobernabilidad.
Ese escenario nadie lo necesita.
Aquí aparece la responsabilidad política de la gobernadora Rocío Nahle García. El IPE no puede administrarse únicamente con calculadora, pero tampoco exclusivamente desde la presión política. Se requiere sensibilidad social acompañada de disciplina financiera.
Atender el problema ahora puede resultar políticamente costoso; ignorarlo sería mucho más caro.
El IPE representa décadas de trabajo, patrimonio y seguridad económica para miles de familias veracruzanas. Su estabilidad también es parte de la estabilidad del Estado.
Por eso la reforma que Veracruz necesita deberá construirse mediante diálogo, gradualidad, justicia y transparencia. Ni privilegios insostenibles ni recortes indiscriminados.
El objetivo debe ser uno: que el IPE sobreviva y pueda pagar mañana lo que hoy promete.
Al tiempo.
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