Tremendo chasco se llevaron este lunes todos aquellos que esperaban que el presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la ceremonia de promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, pronunciara un discurso flamígero en contra de los gobernadores priistas de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, cuyas cabezas ha venido pidiendo la oposición, principalmente el PAN, que en las elecciones del 5 de junio pasado ganó las gubernaturas de estas entidades.

Y es que ayer el Presidente salió a pedir perdón por la indignación que generó entre los mexicanos el escándalo de la polémica “Casa Blanca”, lo que sólo consideró como “un error” ya que afirmó que en este caso nunca actuó “fuera de la ley”.

“En noviembre de 2014 –expuso Peña Nieto ante unos 200 invitados–, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Esto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco, cometí un error.

“No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó a la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno”, dijo Peña, quien confesó que sintió en carne propia la irritación de los mexicanos. “La entiendo perfectamente”, asentó.

“Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”, expresó el Presidente entre el prolongado aplauso de sus invitados. 

Curiosamente el discurso de este lunes fue el más corto de su gestión, pues apenas duró ocho minutos. Y aunque hace una semana el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Salvador Sandoval Silva, salieron a informar en conferencia de prensa que el Jefe del Ejecutivo federal había instruido a la PGR para que presentara acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del paquete de leyes que los gobernadores priistas de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz habían promovido ante sus Congresos locales para blindarse pese a que contravenían el Sistema Nacional Anticorrupción que aún no se promulgaba, ayer Peña Nieto nada dijo de esto.    

Al iniciar su discurso, el Presidente sólo afirmó que la corrupción es un reto de la mayor magnitud que requiere acciones de la sociedad y de las instituciones, y que si se busca recuperar la confianza ciudadana, todos tienen que ser “autocríticos”.

“Tenemos que vernos en el espejo. Empezando por el propio Presidente de la República”, afirmó, para luego cerrar su breve discurso con su deseo de que todos los sectores asuman su obligación con este nuevo Sistema Anticorrupción.

Peña evadió aludir al caso de los cuestionados gobernadores de su partido pese a que minutos antes, en su oportunidad, el perredista Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, había dicho en referencia a los mandatarios estatales salientes que han buscado medidas de blindaje ante posibles actos de corrupción, que “la gente espera que no se cometan más atrocidades y no queden más funcionarios públicos en la impunidad”.

“No podemos hacer oídos sordos ante esta exigencia ciudadana”, afirmó el diputado del PRD, quien consideró que esta promulgación es sólo el primer paso para mejorar el comportamiento de los funcionarios públicos, pues aprovechó la ocasión para pedirle al Presidente la revisión del artículo 29 de la llamada Ley 3de3, que hacía obligatoria la divulgación pública de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses de todos los funcionarios públicos, tal como demandaron con su firma más de 600 mil ciudadanos que exigen combatir la opacidad.

Por este presunto motivo es que, según trascendió, el dirigente nacional del PAN habría desairado la invitación para asistir a la ceremonia de promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es que Anaya había cuestionado también la negativa del presidente Peña a vetar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para obligar a funcionarios públicos a mostrar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

Sin embargo, en su turno, el panista Roberto Gil Zuarth, al hablar como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, resaltó la evolución de la transparencia desde la alternancia y el desarrollo democrático del país, pero al referirse a la apertura de las declaraciones 3de3, uno de los puntos que más exigió la sociedad civil, justificó la legislación tal como se aprobó ya que consideró que se había logrado un equilibrio entre la transparencia y la protección de datos personales.

¿Si el representante de su partido en la Cámara alta del Congreso de la Unión no objetó el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, entonces a qué se debió la rabieta del dirigente nacional del PAN, quien desairó al presidente Peña?

¿A poco el berrinche de Anaya habrá sido porque a pesar de la presión que él y sus gobernadores electos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo han estado ejerciendo para que el Presidente someta a los mandatarios priistas de estas entidades, hasta ahora no ve claro que Peña Nieto vaya a proceder penalmente contra dichos gobernantes, particularmente contra el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, quien la semana pasada se salió con la suya al basificar a siete mil burócratas, lo que desquició a su virtual sucesor Miguel Ángel Yunes Linares, en cuya desesperación llegó al extremo de amenazar a los diputados locales que aprobaron dicha solicitud del Ejecutivo estatal?