En  diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU  decretó el 30 de agosto como el día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas, cuya definición señala que “se arreste, se detenga o traslade, contra su voluntad a personas, o que éstas resulten privadas en su libertad  por agentes gubernamentales, de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares, que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento”. Ello nos da pauta para señalar que en el mes de abril del presente año, Amnistía Internacional declaraba que por la cantidad de desaparecidos en el país, la realidad superaba fácilmente los 27 mil que México tenía registrados oficialmente. El 40% han ocurrido en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, donde hasta gobiernos extranjeros, como la Primer Ministro de Alemania Angela Merker, se ofreció a resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

En el país y por consecuencia en Veracruz, la violencia es una realidad  generalizada a raíz de que el gobierno de Felipe Calderón, le declaró la guerra a las bandas  genocidas  del narcotráfico, que como secuela  militarizó al país, incorporando al conflicto a las policías de los 3 niveles de gobierno, además del Ejército y la Marina. A raíz de esta intervención, de manera recurrente se han violado los derechos humanos de miles de mexicanos, incurriendo en flagrante impunidad, quebrantando el Estado de Derecho, y la  credibilidad gubernamental. La presencia de los cuerpos militares ha propiciado la autoría de cientos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, falta de garantías para ejercer la libertad de expresión, y la intromisión en las comunicaciones privadas.

En el estado, “Veracruz, es la fosa clandestina más grande del país”, señalaría en mayo de este año Ana Lilia Jiménez Sandoval, quien busca a su hijo Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, desaparecido en la región de Orizaba desde 2013 cuando apenas tenía 15 años, y es una de las tantas madres en el estado que han buscado con impotencia entrevistarse con el gobernador Javier Duarte y exponerle su situación. Agregó que tampoco ha tenido apoyo de la Fiscalía General de Veracruz para dar con la ubicación de su familiar.

En este sentido los familiares de personas  desparecidas, además de rezarle, y   dedicarle no un minuto de silencio, sino todo el tiempo, su  esfuerzo, organización, solidaridad continuas con sus afines, que además de compartir su tragedia (con el riesgo inminente de la preservación de sus vidas), puedan gritar a los cuatro vientos que en la perdida  de los suyos, han participado no solo las bandas delincuenciales, sino también  los cuerpos policiales del Estado. En Veracruz, los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, como los otros 4 en Papantla, son apenas una micro muestra del penoso ambiente sobre los desaparecidos en las regiones locales,  que han tomado sello de origen entre los veracruzanos. El caso de violencia más reciente, apenas el viernes pasado   en el Limón, comunidad perteneciente al municipio de Alto Lucero, en la colindancia con Actopan, donde la prensa nacional y local dan cuenta  de la indefensión de la población, cuando un comando armado, compuesto por más de 50  esbirros, y más de una docena de vehículos, arrasó en un saqueo generalizado con viviendas, sus moradores y   pertenecías, dejando en el Embarcadero, la Mesa, el Anono, y Punta Rebelde, a por lo menos 8 personas muertas.

En este contexto el Financiero del 24 de julio,  de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad,  el 92% de las desapariciones en Veracruz, han ocurrido durante la administración del actual gobierno. De 681  desaparecidos entre 2006 y 2015,  denunciados ante la Policía Federal, la PGR,  así como ante la Fiscalía General del estado,  es en 2014 cuando   ocurre la mayor cantidad, con 254,  pero es en el presente año  que las cifras rebasan con mucho a las de aquel año, totalizando al mes de junio se casi las 400 victimas. Cabe señalar que es en toda la geografía veracruzana  donde se reportan  los desaparecidos, y justo en ese tenor, en el norte del puerto de Veracruz, en la zona de Santa Fe, en apenas dos semanas de búsqueda por parte del Colectivo Solecito veracruzano,  localizaron 52 fosas clandestinas, sin que hasta el momento  se precise el número de cuerpos recuperados, que según Elizabeth Montalvo Fomperosa,  les resulta incontables. México y Veracruz viven un contorno de violencia que se ha convertido en algo casi normal, donde  los ciudadanos sufren a diario el terror y la inseguridad, porque no saben si el gobierno los protege, o forma parte del crimen organizado. Por lo menos en Veracruz, los desaparecidos son un lacerante pendiente que el gobierno próximo tendrá que  priorizar en su agenda política.