El tamaño de este quebranto equivale más o menos al 10% del presupuesto total de Veracruz en 2016, lo que da idea de la magnitud de las anomalías encontradas en la Cuenta Pública 2015. Será muy difícil que a la actual Cámara le alcance el tiempo para aprobarla. Hacerlo en tan breve lapso requeriría complicidades inconfesables, porque solventar –como defiende Flavino Ríos- no es asunto de un día para otro. Y menos 9 mil 231 millones de pesos.
Lo previsible entonces es que el asunto tendrá que quedar en manos de la siguiente Legislatura que asume funciones el 5 de noviembre. Y ya se sabe cómo viene conformada, por lo que es previsible que se agreguen escándalos a tantos que ya enfrenta la administración saliente.
Una vez más, vale preguntar: ¿dónde está el dinero?
¿CRIMINALIZAR ES EL VERBO?
Otro trompo a la uña se está aventando el fiscal Luis Angel Bravo Contreras al asegurar que la delincuencia está detrás de la desaparición de cuatro jóvenes en la zona Veracruz-Boca del Río.
Es el mismo asunto en el que el C-4 ha negado la entrega de 8 de 9 videos que la propia Fiscalía General constató que existen…o existían.
¿Qué debemos pensar entonces? ¿Qué el C-4 está coludido con esa delincuencia?
Si el fiscal Bravo Contreras sabe que los videos negados existen o existieron, tendría que buscar fincar responsabilidades contra quienes obstruyen la justicia y, evidentemente, son cómplices. No basta con saber que “hay toda una historia detrás de este asunto”, como presume conocer el funcionario. La sociedad pide esclarecimiento, no subterfugios verbales.
¿TAMBIEN EL PODER JUDICIAL?
Durante muchos años el Tribunal Superior de Justicia se mantuvo inmaculado, irreprochable, blindado a cualquier cuestionamiento, ajeno a siquiera un pequeño escándalo público. Los magistrados eran vistos como semidioses, intocables, invulnerables y siempre con un halo de sabiduría suprema, de gran prestigio, de singular personalidad.
Esos tiempos terminaron desde hace algunos años cuando las ambiciones humanas traspasaron los muros de aquellas exclusivas y discretas oficinas del TSJ. Vinieron entonces los apetitos de poder, se conformaron grupúsculos internos, se perdieron el respeto los propios magistrados y brotaron las disputas por el control político del Poder Judicial.
Hoy ya no espantan las versiones que corren sobre las divisiones y la corrupción que han ido permeando cada vez más a esa institución, antaño tan respetada y respetable.
Recién, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda señaló al presidente Alberto Sosa Hernández de poseer hasta un yate del que no podría explicar su correcta procedencia y acusó igual un manejo discrecional de los recursos monetarios. Lo dicho sigue en el aire, sin respuesta que desmienta lo asentado.
Un paro de brazos caídos que hicieron ayer los trabajadores del Poder Judicial, puso al descubierto que esta vez no es Sefiplan, sino el propio Tribunal quien ha desaparecido dinero que les pertenece a los trabajadores. Dijeron que Sefiplan ya entregó el pago de sus prestaciones laborales, pero no se los han cubierto.
NUMERALIA
1.- La noche del miércoles en la Central de Abastos se realizó un baile que goza de fama por la enorme asistencia que alcanza año con año. Con el ambiente de inseguridad que vivimos, lo esperable es una actuación suficiente y responsable de las fuerzas policiacas asignadas para vigilar eventos como el citado. Y ciertamente allí se vio la presencia de policías estatales y otros de la llamada Fuerza Civil, ésta última una agrupación enormemente publicitada en su momento y vendida a la sociedad como un grupo de élite con elementos altamente preparados. ¿Cómo es que, entonces, al menos uno de sus elementos en servicio esa noche exhibía aliento alcohólico y hasta intervino en alguna discusión con actitud amenazante contra una dama que nada tenía que ver en el problema? Debió interceder un elemento de la policía estatal para arreglar enseguida el mal entendido. Ojalá con la misma “valentía” enfrentaran a los delincuentes.
2.- La Subcomisión de Examen Previo del Congreso de la Unión resolvió, ayer, atender y desahogar 352 peticiones de desafuero de funcionarios públicos, acumuladas desde el 2003. Allí va incluido el caso Veracruz, pero hay que echarle cuentas porque el estudio de los casos constará de dos etapas: en la primera se atenderán las solicitudes recibidas durante las LIX, LX y LXI legislaturas (de 2003 al 2012) y, en la segunda, las peticiones hechas en las LXII y LXIII legislaturas (2012-2016). Y ayer mismo, el secretario de gobierno Flavino Ríos Alvarado reiteró que el gobernador Javier Duarte concluirá su mandato normalmente hasta el 30 de noviembre.
3.- Como si fueran pocas las deudas que arrastra el gobierno estatal, ahora se sabe que la empresa Finamed ganó un amparo definitivo en contra de la Secretaría de Salud, por lo que esta dependencia deberá liquidarle 900 millones de pesos por concepto de pago por servicios subrogados en hospitales.
4.- ¿Merecerá Xalapa tener un alcalde tontín? La experiencia anterior ofreció desastrosos resultados. Fue tiempo perdido para la ciudad. Hoy la capital muestra una problemática que reclama de gente talentosa y no cartuchos tan quemados como inútiles.
gabrielarellano_hechos@yahoo.com.mx /www.revistahechos.com.mx
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