No es nueva la demanda. Los alcaldes perredistas solo han incorporado una nueva forma de presión, pero hace tiempo, incluso con Duarte en el gobierno, ayuntamientos de varios partidos, del PRI inclusive, iniciaron acciones legales contra el Gobierno del Estado por no transferir las ministraciones federales a las tesorerías municipales e, incluso, por hacer que estos recursos se hubieran perdido porque no se ejercieron en aquello para lo que estaban etiquetados.
Como en el caso de la Universidad Veracruzana, que no recibió buena parte de los recursos federales y le fueron robados por Sefiplan los recursos estatales ordenados por la ley, los ayuntamientos han debido iniciar gestiones ante los representantes de Veracruz en el Congreso de la Unión para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sea por reforma legal o por circunstancias apremiantes (como ocurrió con la UV), deposite directamente los recursos a los ayuntamientos sin necesidad de que estos pasen por el barril sin fondo en que se ha convertido la Sefiplan.
El propio titular de la Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, ha reconocido que los recursos enviados por la Federación a los municipios fueron desviados a programas según él más importantes, como aquellos relativos a preservar la seguridad pública de la entidad, cuando es claro para todos que ese propósito no se cumplió siquiera mínimamente porque la delincuencia ha escalado sus niveles de violencia, sin que nadie la detenga y tampoco la investigue y castigue, lo que ha dado como resultado una creciente impunidad.
Será por lo menos anecdótico ver este lunes en Palacio Municipal a unos 70 alcaldes priistas manifestándose contra el gobierno estatal encabezado por su partido el pago de recursos federales, según lo ha anunciado el alcalde capitalino Américo Zúñiga Martínez, quien dijo a la prensa que el Gobierno del Estado no ha radicado en las tesorerías la aportación de hasta tres meses de sus participaciones federales.
Y también destaca el apoyo de los priistas a sus homólogos del PRD, el PAN, MC y PT. “Los hechos de los presidentes municipales [la toma del Palacio de Gobierno] es un acto que nosotros respaldamos y apoyamos; mi reconocimiento para esa manifestación”, ha dicho el alcalde xalapeño, quien ha sido afectado con diferentes fondos federales que no le han sido entregados.
Parece que no hay esperanza de pago
El grave problema es que la bomba de los recursos en los hechos le estallará en las manos al próximo gobierno.
Aunque el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado confía en que la petición de recursos extraordinarios por 11 mil millones de pesos al gobierno federal sea aprobada y al menos aterricen 5 mil millones antes del 1 de diciembre, dejando 6 mil millones al inicio del próximo gobierno, la verdad es que el hoyo financiero dejado por Duarte es tan grande y tan profundo que ningún dinero federal extra podría siquiera servir para cubrir las más perentorias necesidades. Y es que el gobierno estatal le debe a todos grandes cantidades.
La pesadilla que viven miles de veracruzanos, desde empresarios hasta profesores, empleados, comerciantes y campesinos, amenaza con ser endosada desde este lunes a los habitantes de Xalapa.
Además de los facinerosos seguidores de Antorcha Campesina (quienes han utilizado la movilización para obtener jugosas canonjías y la semana pasada bloquearon varias calles de la ciudad para la obtención de placas para taxis), los verdaderos movimientos sociales se apostarán por entradas y salidas de la ciudad, las principales avenidas y las oficinas públicas para demandar pagos que no se les han hecho.
Con estas acciones, el magisterio veracruzano y otras organizaciones sociales castigarán duramente no a un gobierno omiso sino a cientos de miles de pobladores de la ciudad que tendrán que inventar nuevas rutas o resignarse a no ganar para el pan de sus familias, ante la imposibilidad para movilizarse a sus lugares de trabajo.
Ya sabemos que el actual Mandatario, aunque ha reconocido que las demandas de los alcaldes que tienen tomado el Palacio de Gobierno son justas, ha sido particularmente duro a la hora de enfrentar los movimientos sociales. Siendo Secretario de Gobierno de Javier Duarte, fue él quien asumió públicamente la responsabilidad de haber ordenado la represión contra los jubilados y pensionados que demandaban en las calles el depósito de sus pensiones.
De manera que muy difícilmente habrá eco en Palacio de Gobierno para atender las demandas de los movimientos sociales y es posible que tengan más éxito los alcaldes de todas las banderas políticas. En este carnaval de las deudas, cada quien busca presionar para no quedar fuera de la pequeñísima lista de quienes podrán recibir algo de lo que se le adeuda.
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