Ya sabemos cómo Yunes la jugó ante Los Pinos, con aquella amenaza de que soltaría información que cimbraría a México en el tema de la corrupción, lo que para muchos fue una especie de blindaje sumamente potente. En aquellos días, Enrique Peña Nieto no ofrecía un solo gesto de reconocimiento al triunfo del panista en la segunda entidad con más votantes en el país.
El problema para Yunes Linares radica en las enormes expectativas que sembró en la población, harta del cínico saqueo de los duartistas. Le hizo creer que llenaría las cárceles con los funcionarios de los dos últimos gobiernos que hubieran defraudado a los veracruzanos; también, que desterraría la impunidad y que lograría la anhelada seguridad a la que aspiramos los veracruzanos.
Nada de eso ha pasado. Mucho, por supuesto, ha dependido de un gobierno federal cómplice de los priistas que arruinaron a la entidad; primero protegió a Fidel Herrera enviándolo como Cónsul a Barcelona y después permitió (varios pensamos que planeó) el escape de Javier Duarte.
Pero hay muchos funcionarios (y no solo los que están protegidos con el fuero por formar parte del Congreso de la Unión o de la Legislatura local) que ya debieran tener al menos la denuncia por corrupción para iniciar investigaciones ministeriales a fondo que permitieran, uno, condenarlos a penas de cárcel, y dos, obligarlos a regresar lo que ilícitamente tomaron de las finanzas públicas.
¿Por qué no ha habido ninguna acción a respecto? Es algo que, por supuesto, nunca entenderemos. Suena extraño que los titulares de las dependencias del gabinete legal y ampliado, recientemente nombrados, estén más preocupados en adelgazar la burocracia, identificar y procesar a los aviadores, o colocar a sus amigos o compañeros de partido, que en descubrir y perseguir el daño infligido a las arcas públicas por funcionarios de alta y baja denominación.
Suponemos que eso sucederá pronto. Esperemos que así sea y que de verdad se castigue la impunidad que ha permitido que la corrupción en México se haya convertido en un peor mal que, incluso, las mafias del crimen organizado.
Hay que reconocer que el problema que requiere la más urgente atención es el de la ingente carencia de recursos, luego del profundo saqueo a que sometieron los fidelistas y duartistas a la hacienda pública. Y no es un problema menor.
Por lo visto, el gobierno federal buscará fórmulas de adelanto de recursos, renegociación de deudas de corto plazo o fórmulas que finalmente hagan recaer la responsabilidad en el gobierno estatal.
Hasta el momento, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha caminado un largo trecho con las dependencias federales para sacar de ellas, y del presidente Peña Nieto, un mayor compromiso con las decaídas finanzas veracruzanas. Al final, el gobierno federal tuvo una enorme responsabilidad en la quiebra de Veracruz.
Mientras no se resuelve el grave problema financiero, ya los malosos están viendo un campo fértil para hacer sus fechorías. No se inauguraba plenamente el gobierno yunista cuando en Coatepec, cerca de una empresa embotelladora, ocurría el primer enfrentamiento con saldo de al menos un ejecutado.
Pero a ese aviso le han sucedido otros, el más grave en el municipio de Jesús Carranza. El gobernador Miguel Ángel Yunes salió a leer un comunicado oficial conjunto para dar cuenta de los hechos en que, según señala, fueron abatidos 20 criminales.
Poseedores de un poder de fuego como el que se dio a conocer, con armas capaces de afectar incluso vehículos blindados, pareció extraño que del lado de las fuerzas armadas y policiacas que durante 3 días persiguieron a la banda criminal, solo un elemento hubiera resultado herido de refilón.
Lo cierto es que la violencia sigue creciendo y no se ve forma de que el nuevo secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, se dé abasto con sus encomiendas, sobre todo si pensamos que no hay recursos siquiera para movilizar a los elementos.
Inseguridad e impunidad, por tanto, siguen siendo materia pendiente para los veracruzanos, algo que muchos pensamos podría lograrse casi mágicamente con el actual gobierno. Tal vez hemos exagerado en nuestras expectativas, y hay que darle tiempo al tiempo. Al fin que todavía no cobran siquiera la primera quincena.
Perdón o impunidad, ¿dilema religioso?
Aunque durante su mandato se dedicaron a apoyarlo en todo, sobre todo cuando impulsó con enorme energía la reforma al artículo 4 Constitucional para criminalizar todas las modalidades del aborto, tanto católicos como evangélicos tienen en Javier Duarte de Ochoa un verdadero conflicto de interés, si bien un conflicto ético. Ya sabemos que las Iglesias han caído históricamente en la tentación de apoyar a gobiernos dictatoriales y corruptos con tal de mantener su preeminencia en el ámbito terrenal y mantener e, incluso, incrementar su feligresía.
El más vergonzoso acto, cuando Javier Duarte prácticamente preparaba su escape tras la derrota de su partido en los comicios de junio, fueron las loas y la complacencia de las Iglesias por ese acto jurídico deleznable que significó para Veracruz retroceder muchas décadas en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
En uno de los múltiples actos de villanía fraguados por este psicópata, apoyado por los diputados locales más despreciables en la historia de Veracruz, encabezados por Juan Nicolás Callejas Arroyo, cerraron todas las puertas al aborto, y criminalizaron a la mujer como vil delincuente.
El jerarca católico de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, cuando el ladrón que nos gobernó por seis años estaba en fuga, hizo declaraciones contra la corrupción gubernamental, que pocas veces mencionó mientras esta se ejercía a plenitud. En el fondo, para la Iglesia católica, la imposición de una ley religiosa en las normas civiles y penales de Veracruz era un bien más alto que el hecho mismo de que se llevara a cabo el peor latrocinio en la historia del estado.
El mismo apoyo recibió Duarte de la Red Evangélica de Veracruz, cuyo presidente Guillermo Trujillo Álvarez acaba de anotarse un hit en eso de las declaraciones dignas de guardarse en la memoria, cuando declaró al periodista Miguel Ángel Gómez Ruiz que los veracruzanos que padecieron el gobierno de Javier Duarte deben perdonar, porque es una obligación cristiana. Aunque pareciera excusarse de tan sucia declaración, acto seguido señala que, pese a ello, tienen que exigir que el exmandatario devuelva todo lo que robó.
Eso de quedar bien con Dios (el actual gobierno) y con el Diablo (el que anda prófugo) parece una de las burlas más burdas que puedan soportar los veracruzanos, incluidos quienes profesan la creencia cristiana. No te preocupes, Duarte, los cristianos ya te perdonamos pero, anda, entrégate a la justicia y regresa lo que te robaste; bien que nos engañaste, pillín”, parece decirle al prófugo el fresco líder religioso.
Lo penoso es que miles de veracruzanos permanecen como seguidores y creyentes de estos espantapájaros, comprados por el poder terrenal para convencer a las humildes ovejas que representan.
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