Una cosa es la mera discusión acerca de si realmente ayudó Flavino Ríos Alvarado a Javier Duarte a fugarse, o si la ayuda que le brindó (facilitarle un helicóptero para viajar a Coatzacoalcos) fue sin la menor malicia, como mera cortesía a un gobernador con licencia.
Eso habrán de decidirlo los tribunales correspondientes.
Lo que hoy se discute es si la decisión de capturarlo y mantenerlo encerrado, a pesar de que los delitos que le atribuyen no son de los que ameritan prisión, forma parte de una actitud del nuevo gobernador contra todos los que lo antecedieron.
En la comunicación que sostuvo Flavino Ríos con una reportera de los noticieros de XEU, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que gestionara un amparo, el exgobernador interino lo negó, y dijo que haría frente a las acusaciones y en cuestión de horas recuperaría su libertad.
Flavino Ríos es abogado y con seguridad analizó todas las posibles acciones que pudieran tomar, por la vía jurídica, en su contra. Al conocer los delitos por los que era señalado (abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento por favorecimiento) tuvo la certeza de que una vez presentado ante el juez de control podría seguir el caso en libertad.
No fue así. Igual que sucedió con el extitular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, la Fiscalía alegó el “alto riesgo” de que Flavino Ríos “se sustraiga a la acción de la justicia”, esto es, que se fugara, para pedirle a la juez que ordenara su reclusión. Contrario a toda lógica jurídica (como si hubiera recibido “línea”) la juzgadora concordó con la petición de los fiscales y ordenó un año de prisión preventiva para Flavino Ríos.
Luego de tales circunstancias, el abogado de Ríos Alvarado, deberá estar preparando la estrategia para reclamar su liberación. Ya el lunes por la mañana el jurista señalaba que se habían violado los derechos humanos de su defendido, al no permitirle su intervención desde el inicio de la investigación, y al aplicar una medida cautelar “excesiva” (la prisión) a pesar de que no se le imputa por un delito grave y no se atendieron las garantías que Flavino Ríos ofrecía para garantizar que se mantendría disponible durante todo el proceso (la entrega de su pasaporte y el pago de una garantía).
Está claro, pues, que la instrucción al “autónomo” fiscal de Veracruz, fue que ningún otro detenido de los exfuncionarios estatales, debería ser puesto en libertad.
El propio Yunes Linares ha mencionado en diversas emisiones que ya existe una nueva orden de aprehensión en contra del doctor Leonel Bustos, quien fuera titular del Seguro Popular en Veracruz y está acusado del desvío de más de dos mil millones de pesos.
Cuando Bustos fue aprehendido por la autoridad municipal del estado, consiguió a las pocas horas su libertad, gracias a que sus abogados consiguieron la protección de la justicia federal, lo que le habría costado un severo llamado de atención al fiscal Jorge Winkler.
Una muestra de la forma en la que Yunes Linares administra la aplicación de la justicia (su justicia) es que la captura de Flavino Ríos se dio justo cuando se debatía en Veracruz acerca de la ineficacia de su administración luego de transcurridos sus primeros cien días de gobierno, y en vísperas de que se discuta en el Congreso local la petición del permiso para renegociar la deuda pública.
No sólo eso. El propio Yunes Linares ya anticipó que preparan nuevas carpetas de investigación contra Flavino Ríos, esto es, que aun cuando consiguiera un amparo de la justicia federal, de inmediato harían efectiva una nueva orden de aprehensión, con el fin de mantenerlo encerrado.
Todo esto lo puede hacer Miguel Ángel Yunes, porque cuenta con el apoyo total, incondicional, de su aliado Edel Álvarez Peña, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, irónicamente, “amigo de la infancia” de Flavino Ríos.
Quizá lo que hoy está pagando el exgobernador interino, es la desafortunada decisión de no saldar las facturas pendientes de los periódicos del hoy magistrado presidente.
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Epílogo.
Y por aquello de las “malditas” percepciones. No se puede pasar por alto lo sucedido la mañana de este lunes a una empleada de la Secretaría de Seguridad Pública. Eran las 7:40 horas y caminaba por la avenida Zamora (a tres cuadras de Palacio de Gobierno) cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta, armados con pistolas, la despojaron de su bolso. Media hora después de los hechos, llegó hasta ese sitio una patrulla, de sus compañeros de trabajo. *** Y en el vecino municipio de Emiliano Zapata, en una finca de café, a orillas de la carretera que comunica a Ojo de Agua con Pacho Nuevo, fue localizado, abandonado, el taxi de Xalapa número 3986. En el interior de la cajuela fue hallado el cuerpo de una persona de sexo masculino, al parecer el conductor del auto de alquiler, quien fue identificado como Antonio López, vecino de la calle Roble número 5 de la ampliación La Haciendita del municipio de Banderilla. *** Uno más: en el municipio de Chocamán, un taxista fue ejecutado por sujetos desconocidos. Su cuerpo quedó tirado a unos pasos de su unidad, en la congregación La Joya. El cuerpo de la víctima, a la que se identificó como Miguel Martín García, fue identificado por su familia. *** Que la “caja china” del “chino” no nos distraiga. Miguel Ángel Yunes Linares no está cumpliendo. Bueno, al menos esa es la “percepción”.
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