El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (Mayuli) tiene una total opacidad en el gasto del presupuesto por parte de su administración.
Una muestra de ello es que la mayoría de las dependencias del gobierno del estado evaden licitar la compra de bienes y/o servicios y lo hacen de manera directa y discrecional.
Y eso se presta a levantar sospechas de sobornos, contubernios, tráfico de influencias y demás actos de corrupción.
Por eso lo mejor es transparentar el gasto del dinero público, para evitar sospechas de este tipo
Así, ni siquiera existen elementos que permitan presumir al gobierno de Mayuli que tienen una mínima transparencia y cuidado en el ejercicio del gasto público.
Una solicitud de acceso a la información presentada a todas las oficinas del gobierno del estado con manejo presupuestal preguntando por las licitaciones realizadas a partir del actual gobierno, arrojo que de 24 oficinas que respondieron, sólo en 5 dijeron haber realizado por lo menos algún proceso licitatorio.
Las demás, en consecuencia, han realizado sus adquisiciones de forma directa y discrecional, haciendo las compras con quien ellos quieren y atendiendo a quien ellos desean.
La solicitud se presentó el 2 de marzo y fue respondida con relativa rapidez, pues las instancias lo hicieron antes del 18 de marzo.
Esto puede tomarse en parte como una disposición a responder con rapidez a las solicitudes de acceso a la información.
Pero también están las instituciones que se mantienen en la idea de ni siquiera responder.
Así, hasta el cierre de labores de este 22 de marzo, no existía respuesta por parte de:
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la cual pidió una prórroga para contestar –probablemente por tener un gran cúmulo de información sobre sus licitaciones- (el titular es Joaquín Rosendo Guzmán Avilés).
Otras instancias, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (con Silvia Edith Mota Herrera), remiten la solicitud a una pagina en la que no hay información actualizada sobre sus compras, aún cuando su programa anual de adquisiciones, colocado ahí mismo, apunta que ya debieron haberse hecho compras en los primeros tres meses del gobierno de Yunes Linares. (La dirección proporcionada, por si quiere checarlo, es http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/adquisiciones/ )
Las instancias que dijeron si haber realizado licitaciones, son: Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Sistema estatal DIF, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Secretaría de Turismo y Secretaría de Desarrollo Social.
¿Y qué fue lo que licitaron?.
La Secretaría de Turismo únicamente el servicio de limpieza de sus oficinas.
La Secretaría de Desarrollo Social, servicios, programas de cómputo, equipo de cómputo y vales de gasolina.
El DIF vehículos para transporte público de personas con discapacidad, cobijas y despensas.
La CAEV, trabajos relativos al abasto de agua potable y drenaje.
Así pues, la transparencia y rendición de cuentas, sigue como tarea pendiente del gobierno de Miguel Ángel Yunes, casi al concluir su cuarto mes de gobierno.
Con esto el “Decreto que establece el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 2016 – 2018”, en materia de licitaciones tiene mucho que hacer.
Sobre las mismas se habla en el “Capítulo Tercero”, donde, en su articulo 21 se apunta que “Las dependencias y entidades tienen la obligación de publicar en su Portal de Transparencia, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haber concluido el acto administrativo correspondiente, la información señalada en la Ley de Adquisiciones y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado”.
El Decreto fue de aplicación inmediata, a partir del 21 de marzo.
Así, que, por lo menos en este rubro, van con atraso.
Prepotencia y agresiones en el Congreso. En el Congreso del estado de Veracruz se están tomando actitudes de prepotencia y de franco contubernio entre los diputados del PAN, y -por lo menos- con algunos de la llamada fracción Juntos por Veracruz.
La prepotencia y los ánimos represivos en el Congreso del estado se manifestaron sobre todo contra Walter Ramírez, director del portal Noticas Desde Veracruz, al cual lo calumniaron al decir que había “agredido a diverso personal de la sala de prensa” y por lo mismo le “restringieron” el acceso al reciento legislativo, según dice en algo que parece un oficio con número DSJ/608/2017, pero al cual le cubrieron tanto el nombre de quien firma, como a quien va dirigido.
El conflicto de raíz es que Walter Ramírez hizo una solicitud vía acceso a la información sobre el manejo de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso; Sergio Melo Hernández (quien se firma como licenciado cuando en realidad es técnico en electrónica automotriz) titular de la dependencia, le dijo que retirase la solicitud y que además le firmase un documento donde se comprometía a nunca más volver a solicitar información de ningún tipo.
Walter Ramírez se negó y ante esto Sergio Melo lo amenazó con que terminarían las relaciones comerciales con él y con el portal, lo cual cumplió de inmediato. Después vino el incidente de expulsión.
La calumnia de la supuesta agresión se levantó, junto con una supuesta acta circunstanciada y con este soporte se elaboró el oficio de expulsión.
Presumiblemente el oficio lo firma el notario público Ángel Ramírez Bretón, quien por ahora ocupa el cargo de Director de Servicios Jurídicos, pero al cubrirse el nombre, se carece de la certeza de que así sea.
Pues bien, con esa calumnia, de la cual se admite la falta de soporte en el mismo escrito, a Walter Ramírez lo sacaron 7 policías del Palacio Legislativo. Para que esto pudiese ocurrir necesariamente el secretario general del Congreso, Juan José Rivera Castellanos, tuvo que conocer del hecho y debió autorizarlo, porque de acuerdo con el articulo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo sólo el presidente del Congreso, en este caso la diputado María Elisa Manterola Sáenz, tiene la facultad exclusiva de ordenar que el personal de vigilancia intervenga.
Si esto no fue así, Sergio Melo, Ángel Ramírez Bretón, y Juan José Rivera, se tomaron atribuciones que no les corresponden y deben ser corridos.
Además se debe dilucidar la intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el panista Sergio Hernández, quien es en realidad el que controla lo que ocurre en el Palacio Legislativo.
¿Qué Manterola Saénz y que Sergio Hernández no sabían que esto ocurrió?, ¿pues clase de control tienen sobre lo que ocurre en el palacio legislativo |
