El tema de género se está convirtiendo en un ingrediente fundamental de la contienda política que se vive en Veracruz y con toda seguridad tendrá repercusiones en el proceso electoral de este año. En algunos casos puede representar una oportunidad para reivindicar derechos por los que luchan diversas organizaciones de la entidad desde hace tiempo, en otros será un mero pretexto para los golpes políticos.

            El sábado 25 de marzo se anunció que la candidatura del PRD para la alcaldía de Xalapa había recaído en David Velasco Chedraui, un personaje priista de pura cepa que súbitamente se convirtió en opositor del que fuera su partido y que lo llevó hace tres periodos a la alcaldía de Xalapa y después a una diputación. El Comité Nacional del PRD derribó dos días después la candidatura de Velasco cobijándose en el argumento de la paridad de género y se la otorgó a Ana Miriam Ferráez.

            No es positivo para la causa de las mujeres ser el centro de una disputa que es a todas luces puramente partidista. Ahora los perredistas estatales cuestionan la candidatura de Ferráez porque si bien fue electa por unanimidad, sólo votaron once consejeros cuando se requería el voto de 15. Este desacuerdo entre los comités estatal y nacional presagia nuevos problemas en la candidatura de una mujer, pues si el partido estatal le hace el vacío durante la campaña, el triunfo queda en suspenso. Por otra parte, tampoco se trata de aplaudir la candidatura de una mujer a cualquier costo, pues las acusaciones de ilegitimidad empañan el avance que pudiera significar la aplicación de la ley en materia de paridad de género y en la participación política de las mujeres.

            Para el PAN, ahora en el gobierno, el tema de la alerta de género se está convirtiendo en una papa caliente, dado que no hay datos contundentes de la eficacia de las medidas para detener los feminicidios y en la investigación de los casos pendientes, por lo que hace a la alerta emitida por la Secretaría de Gobernación en noviembre de 2016 y que ahora se complica aún más con la posibilidad de la emisión de una segunda alerta de género. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha emplazado al gobierno estatal a modificar la legislación que impide la interrupción legal del embarazo, porque este marco legal y las políticas públicas que derivan de él discriminan y violan los derechos de las mujeres. El gobierno estatal tiene hasta el mes de septiembre para atender la recomendación, en caso contrario se emitirá una segunda alerta de género, en este caso por violencia sexual y reproductiva.

            Aunque la legislación actual fue una iniciativa del exgobernador priista en fuga, Javier Duarte, coincide ideológicamente con los grupos conservadores tradicionalmente asociados al Partido Acción Nacional. Los efectos políticos se dejarán sentir en el proceso comicial, ya sea que el gobernador Yunes Linares se pronuncie sobre el tema o decida guardar silencio. Ante el anuncio de la CONAVIM ha evadido los cuestionamientos sobre la alerta de género, pero no podrá hacerlo por mucho tiempo. Es posible que su equipo esté definiendo una postura y la forma en que será formulada para mitigar los efectos negativos o para evitar que el tema se cuele declaradamente al debate en las campañas.

            Habrá que ver además cómo solucionan los aliados PAN y PRD su posición frente a estos temas, pues el PRD ha sido históricamente impulsor de leyes que protegen los derechos de las mujeres.

            Es escandalosa la persistencia del feminicidio. Un día sí y otro también, los medios informan sobre asesinatos de mujeres en Veracruz. A inicios del año una mujer descuartizada fue encontrada en una cajuela. En Orizaba, la pareja de Mariluz Reyes la asesinó, la descuartizo y esparció sus restos. Una maestra fue asesinada en Minatitlán, se detuvo al esposo como probable autor intelectual del crimen. En Coatzacoalcos se encontró el cuerpo de una mujer muerta con signos severos de violencia. El cuerpo de otra mujer fue localizado en el río Tuxpan. Estos son sólo algunos ejemplos de hechos ocurridos en lo que va del año, que muestran cómo el feminicidio es un problema en distintas partes de la entidad y por qué se mantiene en la agenda pública.

            Las cosas no están mejor entre los políticos priistas. Por segunda ocasión, el Congreso local declaró improcedente el desafuero del alcalde priista de Fortín, Armel Cid de León, acusado de violencia equiparada contra una mujer. Sus compañeros de partido señalaron motivos políticos en la petición de desafuero presentada por el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz; todo apunta, sin embargo, a que este funcionario se benefició de la partidización y politización de la acusación en su contra, pues la primera solicitud de desafuero la presentó el fiscal anterior, Luis Ángel Bravo, por el mismo delito y sólo no procedió por un error técnico. En esta ocasión se argumentó que la afectada había retirado la denuncia en su contra. La historia de las “good wife” que perdonan a sus parejas agresoras es ampliamente conocida. Puede ser que Cid de León haya evadido a la justicia pero los contrincantes políticos de su partido podrían utilizar su figura violenta en contra de las mujeres como parte de los temas de campaña.

            En todo este escenario, lo único que puede quedar en entredicho son los derechos de las mujeres. No obstante, si de este río revuelto se pesca un cambio de legislación en materia de derechos sexuales y reproductivos, será una gran ganancia.

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