La posible construcción del muro y los ataques de Trump a la prensa han acaparado la atención de los medios mexicanos, incluso más que el significado de la visita de dos secretarios de Estado de Estados Unidos y el hecho de que sus discursos fuesen abiertamente contradictorios con los que pronunciaba su jefe cuando ellos se encontraban en suelo mexicano, en torno a la política migratoria de Estados Unidos.

            No son los únicos frentes que ha abierto Trump ni son las únicas acciones que están atentando contra derechos conseguidos con mucho trabajo por parte de determinados grupos sociales. Es el caso del derecho a la interrupción del embarazo, que hoy se ve seriamente amenazado en Estados Unidos, lo cual resulta grave no sólo por el retroceso que representa en el ejercicio de los derechos de las mujeres en ese país sino porque el activismo femenino en su conjunto, que defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo o sobre su reproducción, sufre un descalabro en otras partes del mundo.

            En marzo de 2016, cuando Trump todavía era precandidato, afirmó que “las mujeres que abortan deberían enfrentar algún tipo de castigo”, reconoció que descartar la opción de una interrupción legal y segura del embarazo podía hacer que las mujeres acudieran a la práctica ilegal, pero aun así debería prohibirse el aborto. Recibió un alud de críticas no sólo de los grupos feministas y de los precandidatos demócratas, Clinton y Sanders, sino de sus contrincantes en la pelea por la candidatura republicana e incluso de grupos antiaborto, debido a la mención de un castigo.

            Al día siguiente, en una conducta que ahora reconocemos como una constante de su personalidad, se retractó de sus afirmaciones y dijo que las mujeres que recurrían al aborto eran víctimas y los médicos serían quienes deberían ser castigados. Cuidó de no causar más polémicas, aunque se declaró provida.

            Con la candidatura en la mano y después con el triunfo presidencial afloró su misoginia y acentuó su postura antiaborto. Por ello, en su segundo día de mandato se encontró con la Marcha Mundial de las Mujeres que anualmente se efectúa para plantear las reivindicaciones del movimiento, pero que en este 2017 se convirtió en una marcha anti-Trump. El presidente estadounidense sólo respondió con un tuit reconociendo el derecho de las personas a expresarse aunque no esté de acuerdo con ellas.

            Su réplica real fue más virulenta ya que dos días después firmó una orden ejecutiva que prohíbe canalizar fondos a grupos que promuevan, practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero. Esta orden, iniciada por los republicanos en la década de los 80, se cancela o se revive según el partido que esté instalado en la Casa Blanca. La orden ejecutiva de Trump se emitió un día después del aniversario del fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos en torno al caso Roe contra Wade, a favor de la demandante que clamaba por un aborto después de haber sido violada, que legalizó el aborto en todo el país en 1973.

            Y todavía más, una semana después de la Marcha de las Mujeres, tuvo lugar en Washington, también como cada año, la Marcha por la Vida, sólo que en esta ocasión, por primera vez la encabezó un vicepresidente. Mike Pence marchó y fue orador, mientras que Trump manifestó su respaldo en Twitter tanto a Pence como a los asistentes a la marcha. “Tienen mi apoyo pleno” les aseguró en la red.

            Para los países periféricos, incluido México, no sólo es un revés ideológico que afianza a los grupos provida sino que las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres pueden dejar de recibir apoyos internacionales importantes, debido a que una de las organizaciones más afectadas con el corte de los fondos federales definido por Trump es Planned Parenthood (PP), con más de 100 años ofreciendo servicios de salud reproductiva, educación sexual e información tanto en Estados Unidos como en 50 países más. Según versiones periodísticas los recursos que cortó Trump a Planned Parenthood ascienden a más de 500 millones de dólares. El trabajo de esta institución es uno de los más reconocidos, lo que también la ha convertido en blanco de ataques. Sólo para mostrar el renombre de PP, en la reciente entrega de los Oscar, Emma Stone, galardonada como mejor actriz, portó en su vestido un pin de Planned Parenthood, mientras que Dakota Johnson, la actriz de 50 sombras de Grey, lo llevó en su cartera.

Las acciones de la administración Trump seguramente no pararán en eso, a pesar de que van en contra de un derecho constitucional. Lo más probable es que se intenten todas las restricciones posibles –como lo sugirió en campaña Trump– abriendo el debate en los estados republicanos. El propio Pence, siendo gobernador de Indiana, promulgó una ley que prohibía los abortos en los casos en que el feto presentara anormalidades genéticas.

Los grupos ultraconservadores y antiabortistas ya cuentan con que tienen un aliado poderoso, de modo que la batalla por los derechos de las mujeres se avizora más complicado; mientras, es vergonzoso para la sociedad, toda, que una y otra vez se repita, en países y escenarios diferentes, la tragedia de vidas marcadas porque niñas y mujeres están impedidas de decidir sobre su cuerpo.

Un caso reciente se debate por estos días en Costa Rica, donde una niña de 12 años fue violada por su padre y está embarazada. No le pueden practicar un aborto porque no es una situación prevista por la ley. La organización defensora de los derechos humanos acceder pide un aborto terapéutico para velar por el interés superior de la niña como víctima de violación y de incesto, mientras que los grupos provida afirman que no se puede resolver un crimen cometiendo otro. El obispo del lugar elogió la decisión de continuar con el embarazo pues, dijo, “no se puede agregar sangre a la sangre”.

ramirezmorales.pilar@gmail.com