Tradicionalmente se ha denominado transición al cambio de un régimen político a otro, mientras que la alternancia define, en un mismo sistema político, sólo la llegada al poder de un partido político distinto, a veces de diferente ideología.

            En el estado de Veracruz, el PRI perdió después de 86 años de permanecer en el poder. El voto popular benefició a la coalición PAN-PRD, aunque podría decirse que realmente ganó el PAN, en uno de cuyos miembros recayó la candidatura a la gubernatura. La ciudadanía votó contra el PRI por los múltiples problemas de pago que se fueron generando durante la administración de Javier Duarte, pero sería muy difícil afirmar que fue la única razón.

            El cinco de junio la sociedad veracruzana aún desconocía la magnitud del robo monumental que Javier Duarte había cometido en el estado. Rechazaba la falta de pagos a diversos grupos de trabajadores y a proveedores de servicios, sí, pero en las urnas mostró, sobre todo, su inconformidad con el régimen autoritario que impuso Duarte para poder cometer sus tropelías. El voto de castigo no fue sólo por la falta de pagos a personal de sector salud, a los jubilados, a varios municipios o a la Universidad Veracruzana (UV), también expresó con su voto el hartazgo por la opacidad del gobierno, los asesinatos a periodistas, la intimidación a los críticos del régimen, la inseguridad que campeaba tanto por la omisión de los funcionarios encargados de garantizar la paz como por la evidente colusión con grupos delictivos, por el enfrentamiento personal del gobernador con la rectora de la UV quien defendía con dignidad la vida universitaria, por la agresión policial contra los jubilados que exigían con todo derecho el pago de sus pensiones, por la vigilancia propia de un régimen autoritario de aquello que difundían en las redes sociales tanto periodistas como ciudadanos y por muchos problemas más asociados a la falta de democracia. Una democracia que simplemente no podía ser porque estorbaba a los codiciosos planes para desmantelar al estado. Era un estado autoritario porque Duarte ejercía el poder sin limitaciones legales ni morales, ni siquiera las que le hubieran podido imponer las de su pertenencia al PRI. Los favores que pudo brindarle a su partido se volvieron el mejor blindaje que pudo conseguir.

            Estas son las razones por las que el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares todavía no ha derrotado al régimen de Duarte. Ganó la elección que es distinto, pero para realmente ganar la legitimidad, además de la legalidad, la administración actual debería estar trabajando en restaurar todos aquellos ámbitos de la democracia que horadó el sexenio anterior.

            En este sentido, lo que en apariencia es una, ya natural, alternancia se convierte en realidad en un fenómeno de transición. Juan J. Linz, el politólogo español experto en el tema de las transiciones, sostiene que los regímenes autoritarios pueden no tener legitimidad, pero suelen presentar un cierto grado de eficacia, en términos de solventar las expectativas o necesidades de la población. Así, este tipo de transiciones –de un régimen autoritario a uno democrático– suelen producirse por razones esencialmente políticas. No fue el caso de Duarte.

Por ello, en Veracruz, la fórmula ganadora tenía ante sí, y quizá todavía tiene, la oportunidad de oro de trabajar con la legalidad que le dio el triunfo en las urnas y obtener legitimidad restaurando la lastimada democracia que dejó el paso de Javier Duarte por el estado. Y tendría que hacerlo apresuradamente, pues sólo tiene dos años para conseguir los objetivos políticos que permite prever el calendario electoral estatal y federal.

            Ciertamente que para restablecer un nivel aceptable de funcionalidad administrativa era necesario corregir una gran cantidad de anomalías heredadas, no de una sino de varias administraciones priistas, como resultó ser el caso de los aviadores que abundaban en todas las dependencias o el seguimiento a los responsables del desfalco, tanto para restaurar la credibilidad del gobierno, como para resarcir un poco a la ciudadanía que ha vivido el colosal robo duartista como una afrenta casi personal; pero en los poco más de dos meses que lleva la administración el empeño por “poner orden” y tratar de reducir los gastos gubernamentales ha tomado el camino más socorrido en estos casos: tratar de conseguir recursos despidiendo personal. A la fecha suman más de 200 denuncias por despido y se espera que este número crezca. Los despidos los padecen las personas más vulnerables en términos laborales: personal contratado por honorarios o personas por contrato que llevan en tal situación varios años.

            Trabajadores de distintas dependencias señalan que las nuevas autoridades intentan orillarlos a renunciar con maltrato laboral, extendiendo ilegalmente los horarios, buscando resquicios legales para disminuirles el salario. En tanto, son también varios los casos en los que la nueva administración ha conservado en sus cargos a personajes despreciables que colaboraron para cubrir o cometer irregularidades de la administración anterior; pues Duarte no fue el único que presumiblemente robó, si así hubiera sido, la condición de Veracruz no resultaría tan desastrosa.

            Este “poner orden” sin un objetivo bien definido hace que la administración se convierta en un fin en sí mismo y no en un instrumento para obtener frutos. Tal parece que a pesar de existir un Plan Veracruzano de Desarrollo, en realidad no se ha determinado una agenda, su costo y su posibilidad de realización. El nuevo gobierno aún no muestra su ventaja competitiva frente a su antecesor, que adquirirá corporeidad en los candidatos de la elección municipal primero y la estatal después. No se muestra todavía que la alternancia haya significado elegir a quienes tienen habilidades superiores para atender y comprender las necesidades de la población.

            Además de los despidos y la multiplicación de los casos de acoso laboral, están casos graves sin resolver como el de los cadáveres encontrados en Nogales, los policías desmembrados, los miembros de la Marina desaparecidos, las contradicciones entre las autoridades estatales y las federales sobre los medicamentos apócrifos, los feminicidios que siguen a pesar de la alerta de género y el juego político entre los recién llegados y los que se resisten a soltar pequeños o grandes espacios de poder que consiguieron en la administración anterior y están dispuestos a lograrlo aunque no sea limpiamente. Ignoro qué tanto haya de cierto, pero algunos trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tan importante en el panorama que presenta el estado, refieren que se les hizo firmar un documento supuestamente por haber recibido una credencial, pero sus firmas se están utilizando como demostración de apoyo porque un personaje pretende acceder a la presidencia de la Comisión, aprovechando que considera débil la posición de la actual presidenta de la CEDH, debido a que su anterior desempeño como comisionada estatal para la atención y protección de periodistas ha sido sumamente cuestionado y porque se le vincula con la anterior administración.

            Todavía espera la ciudadanía que este gobierno de dos años pueda restañar las graves heridas que dejó el gobierno previo, que se trabaje para restaurar la democracia y que la gobernabilidad se finque en la correspondencia entre las acciones del gobierno y las expectativas de los ciudadanos. Desearía que la situación que impera en el estado con la alternancia no se explique como lo hace un personaje de la política local: “los únicos desilusionados son los que se ilusionaron”.

ramirezmorales.pilar@gmail.com