De ahí que hayan sido encontradas más de 253 osamentas, pertenecientes a mexicanos de todo el país, víctimas de los miembros de la delincuencia que usaban la carretera Xalapa-Veracruz como un cementerio de su propiedad. Duarte y sus cómplices alquilaron el estado con importantes ganancias.
La desaparición de una veintena de periodistas tiene una interpretación por demás acusatoria contra el aparato de comunicación social de Javier Duarte.
Es mucha casualidad que la mano derecha del entonces gobernador haya sido el coordinador de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, quien interactuaba con los medios de manera muy particular, dependiendo de la manipulación que imprimía en cada uno de los medios a su alcance. Silva Ramos podía premiar con millones de pesos al medio o bien amedrentar o, incluso desaparecer a un reportero que no escribía conforme lo dictaban las leyes de los cómplices de Duarte, como muestra del crimen autorizado.
Nunca antes en el país la vida de un comunicador carecía de valor como durante el reinado de Javier Duarte. Veinte periodistas en seis años fueron asesinados. Todos los homicidios impunes, muchos sospechosos ningún culpable.
Si no hay gatilleros menos habrá autores intelectuales de los veinte asesinatos. Los reporteros eran sometidos al juicio sumario de Alberto Silva Ramos, quien amenazaba, intimidaba, presionaba a los comunicadores. Desde la comodidad de su escritorio la imposición de criterios acerca de la administración de Javier Duarte debía ser favorable, de otra manera, el comunicador corría el riesgo de perder la vida, ser secuestrado, desaparecido, etc.
Como puede ocurrir con Armando Arrieta Granados, de 51 años, jefe de redacción del periódico La Opinión, editado en la ciudad de Poza Rica, quien se encuentra entre la vida y la muerte después de ser atacado a balazos cuando llegaba a su domicilio.
Los métodos de convencimiento de Silva Ramos iban desde bombas molotov a las afueras de los medios, hasta la intimidación telefónica o la amenaza a través de terceros.
En Veracruz estaba prohibido disentir de la opinión del gobernador, no podía cuestionarse su actuación en los medios, la palabra de Duarte fue la ley durante casi seis años.
El ejecutor, disfrazado de gran juez de la información, premiaba o castigaba a los medios y a los periodistas.
La violencia fue desatada en Veracruz por los funcionarios públicos en el poder desde el régimen de Fidel Herrera Beltrán. La impunidad creció al mismo ritmo del delito, llevándose los premios principales los gobernantes de mayor nivel en las dos últimas administraciones públicas.
La violencia surgió de los escritorios de los gobernadores que hicieron de su gobierno una serie de caprichos y de Veracruz un espacio donde la comunicación se movía a su favor siempre, so pena de ser desaparecido.
La violencia producida durante doce años en Veracruz ahora tiene su repercusión mayor que acusa una complicidad estrecha entre delincuencia común, delincuencia de cuello blanco, crimen autorizado y organizado con gobierno estatal. Porque ahora, ante la ausencia de una mano protectora dentro de la administración pública, la violencia se desata en las calles y hace evidente su huella en las fosas clandestinas a lo largo y ancho del territorio veracruzano.
La complicidad de algunos gobiernos estatales con la delincuencia, dan como resultado casos como el de Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, quien compareció por segunda vez ante un juez de la corte federal de San Diego, California, luego de su detención acusado de delitos contra la salud.
El juez Bernard G. Skomal le fijó el 6 de abril como fecha para una nueva audiencia en la que se decidirá su posible traslado a Nueva York, donde un gran jurado le presentó tres cargos criminales por conspiración para importar, manufacturar y distribuir heroína, metanfetamina, marihuana y cocaína.
Yunes Linares paga con la violencia desatada en Veracruz el precio por no haber negociado con los delincuentes tal y como lo hicieron, en su momento, Javier Duarte y Fidel Herrera.
En Veracruz, la Ley de Víctimas, aprobada ayer casi de manera unánime, está dirigida a los familiares de desaparecidos en la entidad, pues cifras oficiales de la Fiscalía dan cuenta de 2 mil 400 personas no localizadas sólo en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa.
Esta violencia puede recrudecerse al combatir de manera frontal las acciones de los delincuentes, quienes estaban acostumbrados a vivir y “trabajar” en Veracruz como si fuera su campo de batalla.
Veracruz era para los criminales su campo de acción, su panteón y su centro de operaciones. Concentrados en los límites de la entidad garantizaban la impunidad ante la protección que les brindaba el propio gobernador, ahora prófugo de la justicia y uno de los delincuentes más voraces de los últimos tiempos.
Es decir, ante la falta de negociaciones con las autoridades estatales, la violencia y sus actores podrían aumentar porque en su territorio se han instalado sus intereses y querrán disputar sus espacios con el propio gobierno, como si se tratara de un estado dentro de otro, facultad que le otorgaron Duarte y sus cómplices por unos cuantos dólares.
Entre los delitos más graves de este grupo de hampones de cuello blanco se encuentra haber alquilado al estado al mejor postor y vivir de sus rentas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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