La detención del prófugo ex gobernador de Veracruz Javier Duarte en Guatemala, tras seis meses de haberse dado a la fuga, paralelamente a la complacencia en la población, también ha provocado un hervidero de especulación y duda  sobre lo que pudiera estar detrás de su aprehensión. 

No es gratuita tal reacción. Desde el inicio de su gobierno, hubo pruebas contundentes de graves irregularidades en el manejo de fondos públicos sin que el  gobierno federal, le marcara un alto al entonces gobernador Duarte, que encarnaba “el nuevo rostro del PRI” a decir del propio presidente Peña Nieto.

De igual forma, los excesos y desvíos cometidos por Duarte y su red de complicidades de todo orden, que provocaron en la entidad la más vertiginosa violencia criminal que se recuerde, no pasó de ser un clamor en el desierto. La ratificación de Veracruz como sede de los Juegos Panamericanos y otros importantes eventos internacionales, constituyó una distinción del ejecutivo federal al gobierno de Duarte y una desalentadora respuesta al malestar de los veracruzanos.

En ese tenor transcurrió su mandato, más allá de inconformidades y denuncias, incluso  de la propia Auditoría Superior de la Federación. Blindado contra todo, el gobierno de Duarte se mantuvo, hasta que el generalizado repudio que se ganó a pulso, salpicó al PRI haciéndole perder la gubernatura. La situación había tocado fondo, por lo que faltando unas cuantas semanas para concluir su mandato, Javier Duarte fue obligado a pedir licencia al cargo “para enfrentar a la justicia” Fue entonces que desapareció.             Su fuga era previsible, pero nadie la impidió.

A pesar de los avances tecnológicos y de inteligencia, las versiones oficiales de su “intensa búsqueda” sin resultados, contrastaron con las declaraciones de personajes  como el padre Sodalinde, quien en varias ocasiones, dio pelos y señales sobre la ubicación de Duarte en Chiapas y Guatemala. Ninguna autoridad lo escuchó.

Ocurrida la detención, las confusas versiones de las autoridades mexicanas sobre las circunstancias que llevaron a la localización de Duarte, tampoco coinciden con lo expresado por la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana Hernández, quien afirmó que “No habían detenido a Duarte, porque la PGR de México no se los había solicitado”

Así podríamos seguir enumerando las situaciones de opacidad, confusas, contradictorias, en torno a la detención de Duarte, pero lo que ahora importa no solo a los veracruzanos sino a todos los mexicanos, es que se le extradite, se le juzgue y se le obligue a la reparación del daño.

Ningún tecnicismo jurídico, ni táctica dilatoria, serán atenuantes para la opinión pública nacional que está a la expectativa de que las autoridades cumplan con su obligación: El sátrapa devastador de Veracruz debe pagar con cárcel los crímenes cometidos y devolver a los veracruzanos todo lo que les robó.  

Será el gobierno federal, que durante seis años toleró la brutal corrupción de Duarte, el responsable de juzgarlo, a mes y medio de unas elecciones locales decisivas, en donde lo que ocurra con el sátrapa de Veracruz,  influirá, sin duda,  en las elecciones del Estado de México, que a su vez definirán la fuerza de los contendientes a la elección presidencial de 2018.

Pactada o no la detención de Javier Duarte, vinculada o no, con las elecciones locales del próximo junio, las autoridades responsables debieran meditar que un paso mal dado,  sería contraproducente, ya que podría provocar que el remedio resulte más caro que la enfermedad.  

@RebeccArenas