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Nunca antes como en el siglo XIX fueron tan fuertes las asambleas políticas. Cuando fueron disueltas arbitrariamente, su desaparición bastó para justificar el uso de la violencia de quienquiera que exigiera su reinstalación, colocando al Estado en situación de crisis grave. Incluso, si alguna contrastación histórica es factible, podría hacerse un ejercicio de comparación de su poder político con el de las asambleas legislativas del siglo XX, cuando la fuerza de los parlamentos y congresos pareció menguar ante la preeminencia de los ejecutivos. La clásica noción de un parlamentarismo temible -cierto, en su vertiente decimonónica- se enfrentó, en el siglo que apenas concluyó, con la circunstancia histórica de un poder ejecutivo especializado y con mayores facultades que en el pasado. Guetzevicht, por ejemplo, ha denominado parlamentarismo hiperracionalizado al fenómeno de reducción del papel de las legislaturas frente a la notable especialización administrativa del gobierno; cuestión que puede ejemplificarse con el caso de Francia, que en 1958 transitó constitucionalmente de la Cuarta República -la denominada de los diputados- a la Quinta República -la De Gaulliana (como también lo apunta Chardenagor). Sin embargo, parlamentos y congresos hacen hoy más que antes, su independencia alcanza niveles de radicalismo que se observa sobre todo cuando el partido en el poder no alcanza el control del órgano legislativo o, al menos, el de una de sus cámaras, materializado en el número de diputados con los que mantiene una relación fiduciaria. Resguardada en su autonomía e independencia, la institución parlamentaria refleja posiciones diferentes o francamente enfrentadas, que actualizan uno de sus más típicos rasgos: el obstruccionismo, que obliga al legislador a un lobby más exigente, so pena de incurrir en la parálisis legislativa. No tenemos ley histórica que pueda predecir la decadencia de la institución parlamentaria, porque estamos ante la redefinición de su papel como órgano del Estado y, en consecuencia, ante la construcción de un nuevo sentido de la realidad parlamentaria. Hoy, la expresión parlamento o congreso sigue designando, genéricamente, a los sujetos estatales que tienen a su cargo la función de producir legislación ordinaria de orden nacional o local; quehacer que adquiere inusitada notoriedad política en los procesos de elaboración de cartas constitucionales nuevas. Indudablemente, los procesos de recreación constitucional son los momentos estelares en que mejor se aprecia la circunstancia histórica de la dinámica congresional, que se observa en el nivel de independencia y autonomía con que se desempeñan las asambleas legislativas como poder constituyente o como poder revisor extraordinario; sobre todo si se les contrasta con la intencionalidad de los ejecutivos o de los grupos de poder, al participar en la construcción de nuevas constitucionalidades que varían las formas de legitimación y de relación entre los factores del poder estadual. En el Estado contemporáneo, el Parlamento o Congreso encontró su lugar a lo largo de varios siglos, para asentarse firmemente como institución e instrumento político representativo, innegablemente vinculado al principio de soberanía popular, en el que descansa a plenitud. Vaya historia: Indiscutible.