La primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que 92 por ciento de las empresas establecidas en el Estado de Veracruz se ha enfrentado a actos de corrupción de los servidores públicos, consistentes éstas en “agilización de trámites”, “evitar multas o sanciones”, “obtención de licencias o permisos” y “evitar clausuras de establecimientos”, entre las más frecuentes.  

La encuesta de INEGI que tuvo una cobertura nacional, evidenció que fueron dos los municipios en donde se detectaron más actos de corrupción durante 2016: Coatzacoalcos y el Puerto de Veracruz. En el primero, el 50% de las empresas existentes (poco más de 42 mil) señalaron que son actos son muy frecuentes. Y en el puerto de Veracruz, el 63% del total (12 mil 306) la coincidencia fue total: los actos de corrupción, son cosa de todos los días.

Dado que el promedio nacional en 2016 fue de 561 de cada 10 mil empresas, las que experimentaron, al menos un acto de corrupción, el caso de Veracruz que duplicó esa cifra, obtuvo el primer lugar nacional en corrupción de servidores públicos a empresarios, siendo seguido por la Ciudad de México, Chiapas y el Estado de México.  

Del estudio del INEGI se desprende que la corrupción de servidores públicos cuesta a nivel nacional un mil seiscientos millones de pesos, y que de éste total cada empresa en promedio gastó en pago de “mordidas” un promedio de entre doce y catorce mil pesos. Promedio que, claramente, no es preciso, pero aparentemente el INEGI decidió sacar cifras equitativas.

Afirmaciones tan contundentes de voz de los empresarios de todo el Estado, no han hecho sino acrecentar el desánimo de la población veracruzana, cada vez más consciente de que la inseguridad crece y empeora, dejando a todos los estratos de la población atenidos a su suerte. Porque el estudio del INEGI, una institución gubernamental seria, no contempló el más cruento problema que padecen no solo los empresarios sino la población en general en el Estado de Veracruz, que es el hostigamiento permanente de la delincuencia organizada.

Instalada en la entidad veracruzana, desde hace la friolera de trece años, primero un grupo, luego otro, luego las subdivisión de éstos, con enfrentamientos a sangre y fuego por el control de la zona para el trasiego de las drogas, lo que declaran los empresarios al INEGI, asemeja un cuento de niños. No porque no sea repudiable la corrupción de los servidores públicos, que debe castigarse, pero que no se denuncia por el incumplimiento de los empresarios a los requerimientos que señala la ley. Que no se quejen los empresarios de los servidores públicos, si ellos mismos no cumplen con la documentación requerida, medidas de seguridad, pago de impuestos, derechos a sus trabajadores, etc. Tan culpables los unos como los otros.     

El otro rubro, el de la acción rampante de la delincuencia organizada, el que acomete impune en contra de todos los segmentos sociales, con secuestros, extorsión por derecho de piso a los comerciantes de todos tamaños, grandes,  medianos,  pequeños; que desaparece a jóvenes universitarios, por no haber aceptado ser eslabón en sus cadenas delincuenciales, aunque luego aparezcan los restos en las múltiples fosas a lo largo y ancho del Estado. De esa extorsión y presencia criminal, no dicen una palabra los empresarios, aunque sean víctimas   permanentes de la delincuencia organizada.

Un pandemónium constante de pueblos enteros que viven sometidos al toque de queda; de cientos de desaparecidos; de numerosos comerciantes que han cerrado sus negocios y emigrado del Estado para proteger sus vidas y las de sus familias.  Todo eso y más, derivado de la extendida presencia de la delincuencia organizada, que ha colocado a Veracruz en un primer lugar nacional, también en ese pérfido rubro. Pero de esa execrable corrupción no se habla.

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