El desinterés, la desconfianza y la falta de entusiasmo ante las elecciones que se produce en todas partes del país, dependiendo de las circunstancias de cada entidad, en el caso de Veracruz alcanza dimensiones de ostensible rechazo partidista, no en balde la población ha padecido hasta lo indecible, los excesos y desvíos de las gavillas que hoy ven pasar la acción de la justicia, como el viento a Juárez, sin siquiera despeinarse. 

Pero el daño es mayor que la mera impunidad de las gavillas. Tiene su origen en la estructura y atribuciones de los partidos políticos, que hoy disfrutan de un poder omnímodo, sin generar beneficios a la sociedad ni al país.  

Definidos por ley, como entidades “de interés público”, los partidos políticos gozan de una serie de privilegios que van desde la recepción de importantes recursos públicos hasta exenciones fiscales y protección a su patrimonio. Paralelamente, hacen y deshacen a su antojo: combaten a los gobiernos desde la oposición, pero al mismo tiempo integran gobiernos estatutarios; viven del respaldo que les ofrecen los ciudadanos, pero son profundamente oligárquicos; defienden causas sociales, pero están dispuestos a pactar lo que sea y con quien sea, para incrementar su poder. El mejor de los mundos, si no fuera porque de esas organizaciones políticas, depende el futuro de nuestro país.

El proceso de transición que vivió México durante los últimos 20 años, nos hizo pasar de un sistema que le otorgaba casi todos los poderes al presidente de la República -con el sistemático respaldo de su partido-, a otro, en el que esas capacidades se trasladaron a las dirigencias partidistas.

Estudiosos del tema afirman que quienes diseñaron las nuevas reglas del Sistema Político Mexicano, sabían muy bien lo que estaban haciendo: Querían sustentar la pluralidad política en el régimen de partidos, y lo lograron.

Hoy día, las dirigencias partidarias han extendido sus poderes reales como nunca antes, gracias a los recursos económicos que hoy tienen a su alcance; al control de los aparatos burocráticos que responden a sus instrucciones, pero sobre todo, por el poder plenipotenciario de las dirigencias de decidir -al través de los métodos que los propios partidos se fijan-- los perfiles de quienes ocuparán los cargos legislativos de mayor relevancia y de esta manera, controlar la elaboración de leyes en nuestro país.

Hoy por hoy, un 40% de los asientos que ocupan los diputados y un 25% de los senadores, se distribuyen mediante la vía de representación proporcional, y este esquema federal, tiene en el caso de los diputados, similar equivalencia en el ámbito local.  

El lugar que cada político designado ocupa en las listas de representación proporcional, resulta determinante para su arribo al cargo legislativo. Los cuatro principales partidos políticos en nuestro país reúnen más de 90% de los votos totales, y a juzgar por los datos que arrojan las s recientes encuestas electorales, la distribución de ese porcentaje será cada vez más pareja.

Es decir, mucho antes de que las elecciones se realicen, las dirigencias de los partidos pueden organizarse para seguir controlando la vida política del país, sin rendirle cuentas a nadie, sobre la forma en que toman esas decisiones.

Esta situación que desalienta a las nuevas generaciones de militantes, que no ven cuándo les llegará su oportunidad de participar, inconforma cada vez más  al electorado, que se ha dado cuenta que terminará siendo rehén de los legisladores plurinominales,    -que no han ganado un solo voto-, que no tienen ningún compromiso con la ciudadanía, pero son incondicionales a sus dirigentes, y en función de las instrucciones que reciban de éstos, es que actuaran en el plano legislativo.

Esta insostenible situación, es lo que hace factible que los candidatos independientes, que tengan buen perfil, pronto empiecen a ganar mayor confianza del electorado, pues a pesar de la desventaja que les significa no contar con una bancada legislativa que les respalde, constituyen una oleada de aire fresco frente al contaminado y maniqueo mundo de los partidos políticos, que sólo trabajan para sí, obstaculizando la consolidación de nuestra incipiente democracia.

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