Este miércoles 19 de julio, entrará en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) un esfuerzo legal e institucional por todo lo alto, que requirió la modificación de siete leyes, y la articulación de importantes instituciones en la materia, además de la creación de otras, como la Fiscalía Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, un Consejo Consultivo y un Secretariado Técnico, entre otros.  

A pesar del denodado esfuerzo del ejecutivo y el legislativo para crear este Sistema,  para la gran mayoría de los mexicanos la noticia no les ha interesado, aunque a otros les ha molestado que haya más estructuras burocráticas, que cuestan muchos millones sin que den mayores resultados; porque el ciudadano promedio de este país, ya no se chupa el dedo; sabe que las mega corrupciones, se resuelven tras bambalinas y entre las cúpulas.                      Así lo han expresado en encuestas recientes, una en particular, que forma parte de un estudio sobre el tema, realizado por el Centro Belisario Domínguez del Senado de la Republica, que revela que más del 70 % de los mexicanos no confían en la ley, ni en el gobierno ni en las instituciones, su percepción es que viven atenidos a su suerte.     

En cuanto a la noticia del momento, el arribo a México del sátrapa ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para ser juzgado por la ley,  se ha convertido en un auténtico circo mediático, en donde cualquier declaración o movimiento, del indiciado o de las autoridades genera todo tipo de interpretaciones novelescas. Ese corrupto que devastó Veracruz sin el menor empacho, pudo haber sido relevado del cargo para enfrentar la justicia en distintos momentos de su mandato. Pruebas había de sobra, pero nada se hizo. Mucho se ha especulado sobre los motivos de carácter fáctico. ¿Habría sido distinto, de existir en ese entonces el Sistema Nacional Anticorrupción? Probablemente no.      

Hoy que Duarte ya se encuentra en México, y la información que empieza a filtrarse enfatiza la complejidad del procedimiento jurídico para llevarlo tras las rejas, y forzarlo a que devuelva a los veracruzanos lo que les robo, podremos saber si el flamante Sistema Nacional Anticorrupción tendrá vela en ese entierro, o lo dejara pasar.

 Otros casos de corrupción salen a la luz, por un descuido o error.  El más reciente, el socavón en el Paso Express de la Autopista México-Cuernavaca, en el que perecieron dos personas, lo que es muy grave, pero apenas el principio. Los riesgos de ese tramo carretero siguen ahí. No hubo control de calidad en los materiales utilizados; se habla incluso de la ausencia del entramado de sólida varilla, que por ningún lado se advierte en la profunda oquedad.

 Inaugurado apenas hace tres meses por el presidente Peña Nieto, el Paso Express además de constituir un gravísimo peligro para los automovilistas, también lo es para las casas vecinas, cuyas bardas se empezaron a cuartear desde el inicio de la obra. ¿Qué no se realizó previamente un estudio de suelo?  Se construyó al “Ahí se va” de forma claramente corrupta, sin importarles los altísimos riesgos.   

 Este caso viene a colación, porque la gravedad de lo ocurrido es atribuible a algunas de las empresas constructoras que han estado y siguen estando en boga en este gobierno, y sí como afirman diversos analistas, éstas empresas constructoras seguirán participando en importantes mega obras como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el caso requiere forzosamente de la participación del SNA. Ya lo veremos.

 Otro asunto espinoso, la saga de sobornos de la empresa Odebrecht, que en México involucra entre otros, a Pemex, con el proyecto petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Los Ramones II Norte. Este asunto, igualmente, tiene que ser materia del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 El ciudadano de a pie, no logra entender por qué si el gobierno y las cámaras han articulado, tras prolongados y complejos esfuerzos un Sistema Nacional Anticorrupción que sancione y acabe con ese terrible flagelo que nos asola,  por qué paralelamente, el mismo gobierno y las cámaras legislativas, parecen actuar de común acuerdo, soslayando evidentes casos de corrupción, protegiendo a los responsables de la acción de la justicia. Por genuino afecto  o por jugosos acuerdos. Vaya usted a saber.  

 En todo caso, el hartazgo de la gente frente a este doble rasero, en donde unos pocos son los beneficiados y millones los perjudicados, parece estar llegando a su límite. El sufragio, único ejercicio democrático con que cuenta la ciudadanía mexicana para responder a tanto agravio, lo ejercerá en el 2018, sin dudas ni cargos de conciencia. Veremos si para ese entonces el Sistema Nacional Anticorrupción creado por decreto, se ha ganado un lugar de respeto y legitimidad en la sociedad mexicana.

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