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La opacidad en el manejo de las finanzas públicas, por parte de la actual administración estatal, adquiere tintes alarmantes. Más, si se considera que fue precisamente el combate a la corrupción, uno de los temas de campaña más relevantes por parte de Miguel Ángel Yunes Linares.
Genera suspicacia la facilidad con la que el actual gobernador dispone de sus propios recursos para ganarse la simpatía o el respaldo de ciudadanos veracruzanos.
A principios del presente año, cuando apenas tenía un mes en el gobierno, Yunes Linares ofreció vales de 500 pesos a madres de familia que se habían sumado a los saqueos a plazas comerciales, como protesta al aumento del precio de las gasolinas. En aquella ocasión fue enfático al aclarar que esos vales saldrían de su cartera. No se dio a conocer una cifra sobre el monto aportado, pero por la fila de mujeres esperando que les dieran su vale, se calcula que pudo haber gastado dos millones de pesos.
Apenas hace dos semanas tuvo otro de esos gestos “espléndidos”. Durante los festejos de aniversario 55 del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Estado (SETSE), en los momentos en los que los dirigentes sindicales se disponían a rifar cinco vehículos, el gobernador anunció que él (de su bolsillo) aportaba un automóvil más para que fuera sorteado entre los maestros; se comunicó vía telefónica con su hijo, el alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez (mencionado como fuerte aspirante a la candidatura del PAN para relevar a su padre en el 2018) y anunció que su hijo donaba otro auto. Y la euforia fue tal, que incluso el secretario de Educación, Enrique Pérez, se sumó al gesto del gobernador y de su hijo y anunció que él donaba ¡otro vehículo!
Los tres automóviles, se supone, serán pagados de las cuentas personales de quienes los ofrecieron. Se calcula que cada vehículo costará cerca de 200 mil pesos.
En el mismo evento, el gobernador Miguel Ángel Yunes anunció que, adicional a los 750 millones de pesos que están considerados en el presupuesto estatal como subsidio al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) su gobierno aportaría otros 2 mil millones de pesos, como abono de lo que la administración estatal le debe a ese organismo, deuda que se calcula en 7 mil millones de pesos.
Sin embargo, días después el dirigente del sindicato del personal académico de la UV, Enrique Levet, advirtió que hasta el momento el gobernador no ha explicado cuándo, ni cómo habrá de entregar esos recursos adicionales. Tampoco ha informado de dónde saldrán esos fondos y si tiene ya la aprobación del Congreso local, toda vez que ese pago no está considerado en el Presupuesto del presente año.
Hoy se sabe que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reclama al gobierno de Veracruz la devolución de mil 300 millones de pesos que destinó la Federación para Veracruz en el 2016, pero cuyo destino no fue comprobado conforme a las reglas de operación.
Y mientras el gobernador y su círculo más cercano se muestran “generosos” con algunos sectores de la sociedad veracruzana, los alcaldes siguen a la espera de que lleguen los fondos que desde el año pasado se perdieron en la “licuadora” de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.
La empresa calificadora Fitch Ratings anunció el pasado viernes que había bajado la calificación crediticia del municipio de Coatzacoalcos, que era “BB+”, a “RD” que significa Incumplimiento Restringido (Restricted Default, en inglés) debido a que la Tesorería municipal dejó de pagar un crédito (factoraje) contratado en 2016 con Banbajío por hasta 40 millones de pesos. El ayuntamiento tiene un rezago en el pago de esa obligación financiera por 24.8 millones de pesos.
Fitch Ratings atribuye este incumplimiento a “los problemas de liquidez acentuados por el retraso algunos fondos estatales, lo que derivó en el segundo incumplimiento selectivo de Coatzacoalcos en los últimos 18 meses”.
Y el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, sostuvo una reunión con el titular de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini, para tratar “diversos temas sobre la administración municipal y los adeudos que se tienen con el municipio por parte del Estado que asciende a los 252 millones de pesos”.
Nadie habló de que hubieran llegado a algún compromiso de pago.
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Epílogo.
A propósito de opacidad. Ya va siendo tiempo de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares explique por qué Veracruz no se sumó a la compra consolidada de medicamentos que organizó el IMSS, y que le permitiría al Estado ahorros hasta por un 35% en la adquisición de medicamentos y vacunas. El IMSS anunció la licitación de medicamentos más grande en la historia del país, que prevé la adquisición de 2 mil 184 millones de unidades con una inversión de 55 mil 329 millones de pesos. Del monto total, 50 mil millones de pesos provienen de dependencias federales y 338 millones de los institutos de salud. Veinte estados invertirán 4 mil 984 millones de pesos. Las entidades que no participan en la compra son Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. *** Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó sobre que fue detenido Mariano Molina, quien fungiera como coordinador de Atención Ciudadana del programa Oportunidades en Veracruz. Molina fue separado de su cargo en 2013 tras ser implicado en una red que planeó uso de programas sociales para favorecer al PRI. *** Cerca de las 7 de la mañana del sábado, en Poza Rica, un sujeto fue baleado cuando caminaba en el centro de la ciudad. Testigos dijeron que el lesionado caminaba sobre la calle Colegio Militar, cuando de pronto dos sujetos lo interceptaron para dispararle en varias ocasiones. Tal vez por eso estaba tan de mal humor el secretario de Seguridad Pública.
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