“Antier en la noche, Leslie me pidió permiso de ir a comprar unas sandalias y unas calcetas que necesitaba (…) Su misión era ir al supermercado por los zapatos y posteriormente ir al centro (…) Alguien la vio caminar hacia el bulevar Ruiz Cortínez, que es donde se encuentra ubicado Wallmar (…) A las 16:00 su padre al llegar a casa de su madre, se alertó que la menor no hubiera llegado a casa de su abuela (…) Intentamos comunicarnos con ella, pero su celular nos mandaba a buzón” externó la señora Teresa de Jesús Zavala Almazán, madre de la menor.
Lo imperdonable del asunto es vivir las negligencias de parte de la autoridad. La familia de Leslie Marari Cruz Zavala arribó a la Fiscalía Regional de Poza Rica a las 24:00 horas y fue hasta las 02:00 horas del día de hoy –porque simplemente la Ministerio Público de guardia se encontraba plácidamente durmiendo en su casa- que fue atendida la diligencia. Hasta las 05:00 horas pudieron salir del lugar al cual deben de regresar a entregar fotografías de la menor para emitir la Alerta Amber. Sin decir el motivo, a la familia le negaron el número de expediente de la averiguación previa y mucho menos y tampoco la MP se identificó con la familia.
Como siempre suceden en estas situaciones, no dudamos que al rato la FGE de Poza Rica le empiecen a sacar dinero a los padre de Leslie argumentando que no tienen para la gasolina de sus carcachas o de plano, de manera “conchuda” los Policías Ministeriales encargados de realizar las investigaciones, obliguen a la familia a que sean sus choferes utilizando sus coches para llevarlos a todas las diligencias de la “autoridad” tercer mundista y así entretenerlos y que no exijan resultados en las investigaciones.
Otro modus operandi de parte de la FGE, es crear en la familia miedo para que no hablen con los medios de comunicación sobre la desaparición de su hija, argumentándole que si lo hacen, ponen en riesgo la integridad de la menor. Todo, para que la familia no los obligue a buscarla realmente. Una recurrente que utilizan por incapacidad.
Esperemos que el señor gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, se apiade de la familia de Leslie y ordene al fiscal una búsqueda verdadera para encontrar a la menor sin daño alguno. Solo podría decirle al ejecutivo estatal, que se ponga en los zapatos de los padres y nomás imagine que en vez de Leslie, fuera uno de sus nietos que estuviera desaparecido. Que instaure una búsqueda exhaustiva, como la que hiciera si la pequeña fuera de su familia.
Los delincuentes de etiqueta con poder
Stephen D. Morris, quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México, sostenía que "Se la ha definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado"; "Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político"; o simplemente como "el uso arbitrario del poder".
En la política actual, no existe un servidor público realmente ético y honorable. En su transitar por el ejercicio público, ven la oportunidad de aprovecharse de su puesto para desviar el dinero de los programas y dependencias, hacia sus cuentas personales.
Las empresas fantasmas, son en parte una de las mil estrategias que actualmente recurre la clase política. La otra, es que a través de negocios ya establecidos o grandes cadenas de supermercados, se haga el “lavado” de dinero, argumentando supuestas compras –que obviamente nunca se ejecutan- y la negociación se queda con un mínimo porcentaje de ese truculento acto y el resto, para el político vividor.
Pero al final de todo, ese no es realmente el problema que aqueja al país. El problema de los actos de corrupción política se centra en el manto de impunidad que cobija a este grupo de ladrones. Es decir, para que el presidente de la República robe sin preocupaciones y nadie le toque un solo pelo, se requirió mantener un control absoluto de parte del poder ejecutivo a los poderes legislativo y judicial. Con ello se consigue enviar iniciativas recaudadoras, iniciativas de censura a los medios de comunicación, de expropiación de propiedades y la más importante, de una reforma penal para bloquear a toda costa el procedimiento judicial y además, aunque se les compruebe delitos por peculado, jamás se les incautan sus propiedades obtenidas con dinero del erario y ni tampoco sus millonarias cuentas bancarias.
Las leyes mexicanas están hechas para enviar a la cárcel al individuo sin poder ni arraigo económico. Todo está diseñado para que la “ley” protejan los políticos y encarcelan a quienes los molestan. Quienes intenten acusarlos de ladrones, a quienes se atrevan a boicotear la estabilidad económica de los pudientes, son quienes alcanzan penas que ameritan cárcel.
En una entrevista con uno de los alcaldes electos en el estado de Veracruz, indicó que una de las primeras acciones que instaurará en cuanto tome el poder, es “limpiar” las calles del municipio en donde gobernará del ambulantaje. Apuesto que por este sector obtuvo su triunfo, a quienes les habrá prometido un trato digno durante su gestión, próximamente los traicionará, les instaurará una verdadera ‘cacería de brujas’ para poder exterminarlos.
¿Quién tiene la culpa de la alza delincuencial en un estado o en el país? Pues los gobiernos que sin pudor alguno arroja a las calles a cientos de personas al arrebatarles sus fuentes laborales. Los bloquea laboralmente, los pisotea cuando estos intentan salir adelante realizando una actividad legal, como la venta informal. Cerrados sus caminos, se enlistan en cualquier cédula delincuencial para poder mantener a su familia. Es la inercia social que conlleva a alguien a tomar un camino escabroso, luego de que los criminales políticos, le han cerrado todos los puentes para mantenerse.
La apatía. Enfermedad que mantiene sometida a las masas. Un gran acierto tiene aquel que asegura que un municipio, un estado, un país, tiene el gobierno que merece. Una sociedad agachada, siempre será el centro de permanencia de un político corrupto.
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