Al excontralor duartista Ricardo García Guzmán y a sus hijos les criticó su voracidad por el poder y por sus complicidades con el corrupto exgobernador Javier Duarte y hasta con el crimen organizado: “No se conforman, quieren también tener diputado, papá ‘tapadera’ el contralor, presidente municipal, hermano, robándose el dinero de los panuquenses y aliado de la delincuencia, hoy quiere a un diputado local para que lo siga tapando.”
Y todavía se atrevió a advertirles: “¡Se les acabó la fiesta señores Guzmán, van a perder porque ya no los queremos aquí!”.
Pero los García Escalante le demostraron tener controlada electoralmente la región de Pánuco, pues en la sucesión estatal de 2016 hicieron ganar al candidato priista Héctor Yunes Landa y en la elección municipal de este año lograron retener la alcaldía, pero ahora para la alianza gobernante PAN-PRD.
Por eso este domingo Yunes Linares apapachó al edil de Pánuco, a quien no parecen preocuparle los feminicidios que se vienen registrando en su municipalidad, pues ese día, por ejemplo, fue hallado el cadáver de Jade Azuara, de 24 años de edad, la cual fue ejecutada de un disparo en la boca en un camino que conduce a la Colonia CNC, y el sábado 16, al término del desfile conmemorativo del 207 aniversario de la Independencia de México, a unas cuadras del palacio municipal, fue acribillada Yadira R., de 35 años, en un atentado en el que resultaron gravemente heridos su bebé de tres meses y su esposo Edmundo Guzmán.
El amasiato político de Yunes con los excómplices de Duarte de Ochoa comenzó a darse desde a mediados de septiembre del año pasado, cuando aún como gobernador electo encabezó en Pánuco el último foro regional del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. En esa ocasión el panista desayunó en privado con los García Escalante y luego, en el evento público, colmó de elogios a la esposa e hijos del todavía contralor general del Estado, en correspondencia a la recepción apoteósica que le habían organizado a su llegada a la Casa de Cultura de esa cabecera municipal.
En el proceso municipal de este año, Yunes ofreció al excontralor la candidatura del PAN a la alcaldía de Pánuco, pero el dirigente nacional Ricardo Anaya vetó al exfuncionario duartista. No obstante, la alianza entre el gobernador y García Guzmán sigue firme. Tanto así que el hijo menor del excontralor, el diputado local Rodrigo García Escalante, acaba de renunciar al PVEM para sumarse al grupo legislativo del blanquiazul como parte de la artimaña legaloide que los panistas urdieron para impedir que MORENA les quite la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura.
Por el proyecto sucesorio de su primogénito, Yunes ha tenido que tragarse sus palabras.
BUEN FISCAL… PAELLERO
Si el propósito era exhibir al exgobernador Fidel Herrera Beltrán obligándolo a presentarse a declarar ante la Agencia del Ministerio Público que lleva la carpeta de investigación sobre los supuestos medicamentos falsos adquiridos durante su administración, entonces fue el fiscal general Jorge Winkler Ortiz quien le falló en esta encomienda al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, su jefe político.
Y es que el exmandatario priista debió presentarse este lunes 18 ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en un documento enviado a la FGE, Herrera Beltrán expuso que como no se siguió el protocolo de ley para notificarlo personalmente, toda vez que el citatorio se lo colgaron en la puerta de su domicilio, promovió un amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito de este Séptimo Circuito “en virtud de que no cumple los requisitos constitucionales ni de legalidad que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales.” Para justificar su dicho, el excónsul de México en Barcelona adjuntó la copia del turno de demanda de amparo que lo acredita.
Herrera solicitó a la FGE “tenerme por presentado, informando los motivos los cuales no acudo ante esta Fiscalía a su cargo como lo indica en el citatorio cuya copia adjunto”.
En el citatorio fechado el pasado 13 de septiembre, el exmandatario fue notificado que debería presentarse obligatoriamente a testificar ante el Ministerio Público a las 10 de la mañana del lunes 18 de septiembre, advirtiéndole que en caso de no hacerlo se le podrían aplicar las siguientes medidas de apremio: desde una sanción económica hasta enviar a la fuerza pública por él.
Supuestamente el motivo del citatorio era informarle a Fidel Herrera de los detalles de la investigación que se integra en su contra y que, “si lo desea”, declarara al respecto.
Pero como conoce perfectamente bien el modus operandi de su acérrimo enemigo político, se ve que Herrera Beltrán no quiso correr riesgos y, por el momento, ha ganado tiempo con la promoción del recurso de amparo aprovechando el error protocolario de la notificación.
Ah, pero eso sí, el fiscal Winckler Ortiz se lució en las redes sociales… ¡cocinando una sabrosa paella valenciana!
‘LADRONES DE ELECCIONES II’
Quién se iba a imaginar que en menos de cuatro años en Veracruz, aquellos que en abril de 2013 produjeron y le dieron gran difusión a la película “Ladrones de elecciones”, ahora iban a ser los protagonistas de la segunda parte de esta tragicomedia de corte político-electoral que en su momento hasta tambaleó al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y hasta el Pacto por México, obligando inclusive al presidente Enrique Peña Nieto a firmar un adendum con los dirigentes nacionales del PAN y PRD.
Y es que el Comité Directivo Estatal del PRI ha interpuesto sendas quejas y denuncias en contra del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez y de diversos servidores públicos por la utilización de las tragedias generadas por el huracán “Katia” y el sismo ocurrido el 7 de septiembre para promocionar su imagen pública con fines electoreros.
Alejandro Sánchez Báez, representante legal del partido tricolor ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), confirmó que las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía de Delitos Electorales, tanto Local como Federal, y las quejas ante las autoridades electorales locales (OPLE) y federales (INE) competentes.
Según puntualizó, estos funcionarios públicos habrían incurrido en conductas que encuadran dentro del ilícito electoral previsto por el artículo 11, fracción III, de la Ley de Delitos Electorales; además que las actuaciones de estos servidores públicos tienen constancia en medios de comunicación locales y nacionales.
“El PRI presentó las quejas y denuncias, por la transgresión a la normatividad electoral que generan los actos antes descritos, a efecto de que sean sancionados y se evite el uso de recursos públicos en la promoción de imagen con claros fines electorales, que vulneran lo establecido por el artículo 134 de nuestra Constitución Política”.
Sánchez Báez señaló que el OPLE actúa en favor del partido en el gobierno estatal, ya que de manera rápida se dictan medidas cautelares en contra de los candidatos priistas que les impiden llevar a cabo campañas de manera normal, mientras que las quejas presentadas por el PRI son rechazadas o las dejan dormir en el escritorio.
Remarcó que por su actuación “el OPLE no representa una instancia que proteja la imparcialidad y legalidad en el proceso electoral”, pues “a través de su Secretario Ejecutivo y de la Comisión de Quejas ya debió haber dictado, de oficio, medidas cautelares a efecto de que no se sigan utilizando recursos del estado en la promoción de la imagen personal de la familia Yunes”.
De igual forma acusó que el INE Veracruz “actúa con impresionante tortuguismo en las quejas presentadas, y no se observa una actuación rápida que permita detener la comisión de actos o hechos, como los ya denunciados”.
El representante priista exigió que se investigue y sancione al gobernador Yunes Linares; al presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez; al senador con licencia, Fernando Yunes Márquez; al director de Educación Tecnológica de la Secretaría de Educación de Veracruz, Alejandro Torruco; al director general de Vinculación Institucional y Prevención al Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Eduardo Fajardo Vázquez; al director general de la Comisión del Agua del estado de Veracruz (CAEV), Víctor Manuel Esparza Pérez; al exdirector del Organismo Estatal CAEV en el municipio de Coatzacoalcos, Rafael Jesús Abreu Ponce; al delegado de Patrimonio del Estado en Xalapa, Ricardo Cabrera Férez; al delegado de Transporte del Gobierno del Estado en Coatzacoalcos, Alejandro Wong Ramos, y al rector de la Universidad Tecnológica del sureste de Veracruz, con sede en Nanchital, Mauro Sánchez Pola. |
