El comentario que recibí la noche de ayer es oportuno y vale la pena incorporarlo al análisis.
A partir de la creación de instituciones dedicadas a la fiscalización del manejo de recursos públicos, se ha generado todo un dialecto especializado que la sociedad en general está tratando de asimilar, de comprender. En muchas ocasiones la terminología de los fiscalizadores puede prestarse a confusión y generar percepciones muy alejadas a la realidad.
Es preciso aclarar que “desvío de recursos” no se equipara con robo, despojo o apropiación de bienes ajenos. Cuando entes como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) mencionan cifras de miles de millones de pesos y dicen que “fueron desviados” durante determinada administración, no significa que el gobernante en turno o sus colaboradores se hayan apropiado de tales sumas, sino que dichos recursos tenían un fin específico, pero fueron utilizados para otro, dentro de la misma gestión pública.
Eso también es delito, pero nadie con dos gramos de sentido común creería que Javier Duarte –por ejemplo- “se robó” 35 mil millones de pesos, que es lo que calcula Juan Manuel Portal, titular de la ASF, que se desvió (tan solo de fondos federales) durante su administración.
Y ese es el ejemplo más visible, pero hay otros tan graves como ese.
El Orfis, por ejemplo, recurre con singular ligereza a la expresión “presunto daño patrimonial”, lo que implica que la falta amerita denuncia de carácter penal contra aquellos que pudieran ser responsables.
Pero en muchos, muchísimos casos, se utiliza esa expresión incluso cuando los entes fiscalizables no han concluido con los procesos de solventación. Esto es, que “se presume” que hubo delito, pero los entes señalados y los funcionarios responsables están aún en la etapa de demostrar que no existió tal falta.
Un ejemplo para ese tema: El Orfis señala que la Coordinación de Comunicación Social incurrió en inconsistencias que implican “presunto daño patrimonial” por varios miles de millones de pesos, pues alega que esa dependencia dispuso el pago a proveedores (medios de comunicación) sin verificar que existiera el techo financiero que requería cada caso.
Lo que no considera el Orfis, es que la instancia que verifica si los requisitos para pagar una factura se cumplieron (estar dado de alta en Hacienda y como proveedor; entregar “testigos” o testimonios del cumplimiento del contrato, que exista suficiencia presupuestal para el pago, entre otros) no es la Coordinación de Comunicación Social, sino la Secretaría de Finanzas y Planeación, y para ser más específicos, la Tesorería.
Con seguridad, al momento de deslindar responsabilidades, frente a las instancias de justicia penal, estas inconsistencias del Orfis saldrán a la luz, pero mientras eso sucede, y con la aplicación de la Ley al estilo Yunes Linares (“enciérralos, después averiguas”) muchos exservidores públicos podrían pasar etapas complicadas, sin tener culpa alguna.
Hay casos en los que el Orfis “observa” a una dependencia por no haber cubierto las obligaciones con organismos fiscales o de asistencia social, como el SAT, el IMSS o el ISSSTE, lo que en el argot de la administración pública se conoce como “terceros institucionales”.
Resulta que cada dependencia reporta en el desglose de sus nóminas la retención de esas obligaciones, pero lo hace sólo de forma virtual. Los pagos a los empleados, las retenciones a sus salarios y, por lo tanto, la aplicación de dichas retenciones a los “terceros institucionales” son obligaciones de la Tesorería.
En tanto los servidores públicos de esas dependencias “aclaran” que nada tienen que ver en esos casos, sus nombres aparecen en todos los medios de comunicación “por haber incurrido en anomalías que permiten presumir un daño al erario”.
Lo cierto es que en materia de fiscalización estamos en pañales.
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Epílogo.
El tema no es menor: El crimen organizado está amenazando a miembros relevantes de las organizaciones de búsqueda de desaparecidos. Esto quiere decir dos cosas: Una, que estos grupos se están acercando mucho y están poniendo en serios predicamentos a las estructuras de esas bandas delictivas, y dos, que la impunidad sigue siendo el sello de este gobierno. *** Rufino Bustamante Rosique, miembro del colectivo “Solecito” de Veracruz, denunció qe recibió amenazas y consideró que podrían obedecer a las labores de búsqueda que realiza en las fosas de Colinas de Santa Fe y de Córdoba, por lo que teme por su seguridad y la de sus seres queridos. Primero recibió mensajes anónimos que le exigían se fuera del estado. Esta semana, motociclistas empezaron a rondar su casa. Sujetos armados se acercaron a unos metros de su domicilio. *** ¿Y el fiscal? Bien, gracias, siguiéndole los pasos a su jefe y guía moral.
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