Demasiado tentador como para dejarlo que muriera unas horas después. El gobernador está haciendo lo necesario para que el escándalo por la captura de exjefes policiacos, señalados de “desaparición forzada de personas”, se pierda en el olvido.
Este martes continuaron las audiencias en los juzgados de Pacho Viejo. La juez de control, Alma Leida Sosa Jiménez (a la que le han tocado prácticamente todos los casos contra funcionarios del gobierno de Javier Duarte) volvió a desechar los argumentos de la defensa de Arturo Bermúdez, que insistía en que se declarara la nulidad de la audiencia de vinculación a proceso.
Mientras eso se discutía y se analizaban las 89 pruebas que presentó la Fiscalía en su carpeta de investigación, en la calle los familiares de los detenidos exigían que los dejen ver a los policías imputados, pues no les permitieron el acceso a la audiencia, además de que les negaron cualquier contacto con ellos.
Por otra parte, a los medios de comunicación llegaban nuevas versiones “extraoficiales” de la presunta mecánica delictiva de los policías señalados: Se narra que durante la construcción de muchas de las instalaciones de la Academia de Policía de El Lencero fueron enterrados cuerpos de las personas que habían sido “levantadas” por ese supuesto comando de ejecuciones.
Muchas de las víctimas –señala el reporte que se hizo circular- fueron secuestradas en Córdoba, Orizaba y Ciudad Mendoza. “Todos fueron levantados y trasladados a La Academia, cuando Arturo Bermúdez Zurita fungía como titular de la SSP. No se movía nada sin que él lo supiera, si llevaban gente era porque él ya había dado la orden”, se menciona en el reporte, en declaraciones que se le atribuyen a “una de las víctimas de la llamada Fuerza Especial, quien sufrió tortura en las instalaciones de las Fuerzas de Reacción y Apoyo en El Lencero pero pudo salir con vida”.
Como bien lo señaló en su momento el precandidato a la gubernatura Pepe Yunes, la investigación se tiene que llevar hasta sus últimas consecuencias, pero no se vale utilizar un caso tan dramático, tan doloroso para muchas familias veracruzanas, como bandera política en tiempos electorales.
Bien dicen que en política no existen las casualidades, y no es fortuito que este operativo llamado “Tiro de Gracia” haya concluido con la captura de los mandos policiacos, justo en los momentos en los que se pone en juego la sucesión en Veracruz.
La persona a la que se le atribuye toda esta información dice haber sufrido tortura y privación de su libertad, pero en anteriores “versiones extraoficiales” se ha mencionado que estos comandos actuaban contra personas de las que se sospechaba tenían vínculos o participaban con la delincuencia organizada.
¿Será, acaso, que el testigo protegido de la Fiscalía es un delincuente?
¿Qué le habrán ofrecido para que señale directamente a los más altos mandos de la policía en el gobierno de Javier Duarte?
El tema dará para mucho más y lo deseable es que se haga justicia, a secas.
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Epílogo.
A propósito del espectáculo que se ha montado con los policías acusados de “desaparición forzada”, el exsecretario de Seguridad Pública, José Nabor Nava Olguín, por quien el gobierno estatal ha ofrecido una recompensa de un millón de pesos, consiguió un amparo de la justicia federal. ¡Palo a la Fiscalía! *** Todo parece indicar que el gobierno de Veracruz terminó por rendirse ante el poderío de la delincuencia en el extremo sur de la entidad. A estas alturas aquella es zona sin Ley. Este martes se suscitó un nuevo asalto a una sucursal bancaria, ahora en Minatitlán. Un comando irrumpió en la sucursal Banamex ubicada el bulevar Institutos Tecnológicos. Con armas de fuego amagaron a los presentes y se llevaron el dinero que se había acumulado en las cajas. *** En Río Blanco, la mañana de este martes Luz Esther López Santiago pasó por sus hijas al colegio, cuando cuatro sujetos armados se la llevaron por la fuerza. Nada se sabe de su paradero. *** Pero podemos estar tranquilos. José Manuel Urreta, quien se ostenta como dirigente empresarial, asegura que la violencia “no preocupa a los inversionistas” y que no se debe juzgar al gobernador por la inseguridad. ¡Qué bien representados están los empresarios de Veracruz!
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