Este lunes se conmemoró el Día del Ejército Mexicano y durante el acto protocolario, el comandante de la Sexta Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez, respondió quizá la pregunta más delicada que le haya tocado atender desde que asumió ese cargo:
¿Tenía conocimiento –o hasta participación- el Ejército, de los actos delictivos de desaparición forzada que presuntamente cometieron elementos de Seguridad Pública de Veracruz?
- Nosotros no participamos en nada de eso.
¿Sabía el Ejército de estos hechos, los habían investigado?
- Nosotros no hemos participado en nada de eso. Estamos abiertos a cualquier situación, pero de momento no tenemos nosotros ninguna participación, ningún conocimiento, ningún hecho que nos vincule a ese tipo de cosas.
Está claro. El Ejército Mexicano se deslinda de tales hechos.
Pero…
¿Qué hacía, entonces, el Ejército, durante la gestión de Javier Duarte?
El Grupo de Coordinación Veracruz no nació con Miguel Ángel Yunes Linares. Con diferentes nombres, con diversos protocolos, pero desde hace más de dos décadas trabajan de manera conjunta los cuerpos de la policía estatal con las fuerzas federales.
En los tiempos de Miguel Alemán, el representante del gobierno estatal en estos mecanismos de coordinación era Alejandro Montano Guzmán. En los tiempos de Fidel Herrera, Reynaldo Escobar tenía esa encomienda.
Durante gran parte de la administración de Javier Duarte el enlace de su gobierno con las fuerzas federales era Arturo Bermúdez.
Ahora resulta que las áreas de Inteligencia de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano compartían información con alguien que hoy está siendo juzgado por dirigir “comandos de la muerte”… y nunca se enteraron.
Eso no es lo más grave.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) informa que el estado de Veracruz, bajo la gubernatura de Miguel Ángel Yunes Linares, ocupa el segundo lugar a nivel nacional por el número de personas desaparecidas. Los expedientes federales muestran que esta entidad cerró diciembre del 2017 con 202 casos, sólo superado por Guerrero que tuvo 347 casos.
¿Qué nos garantiza que esta gobierno no tiene sus propios “grupos especiales”, dedicados a desaparecer a personas “sospechosas” de estar vinculadas con la delincuencia organizada, o que “le estorban” al gobernador en su proyecto monárquico?
Según la denuncia de la Fiscalía General del Estado, los grupos de ejecución estuvieron operando al menos durante tres años de la administración de Duarte, y ni el Ejército, ni la Marina se enteraron.
¿Qué nos garantiza que “ahora sí” sepan lo que hacen los policías estatales?
En enero del presente año, al rendir su informe anual de labores, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, hizo un especial reconocimiento al Ejército y a la Marina, pues el número de recomendaciones para esas dos instancias se redujeron en 2017, en relación al 2016.
Sin embargo, el ombudsman aclaró que el ese mal no estaba del todo erradicado:
“Ambas instancias continuaron siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos que involucrarían conductas de evidente gravedad, como tortura, desaparición forzada o ejecución arbitraria, entre otras”.
El 11 de enero del presente año la CNDH emitió la Recomendación 74/2017, dirigida al Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por la violación a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, y a la integridad personal, así como por actos de tortura cometidos en agravio de una persona, en el estado de San Luis Potosí.
La CNDH dijo haber constatado que tres efectivos navales atentaron contra la seguridad y libertad personales del agraviado, al detenerlo sin motivo ni fundamento alguno, ya que no se acreditó que cometía delito en flagrancia como lo argumentaron sus aprehensores en la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal.
La CNDH comprobó, además, que el personal de la Semar retrasó por 17 horas y media la puesta a disposición de la víctima, ya que lo retuvieron en una casa deshabitada donde lo golpearon, para luego llevarlo al aeropuerto, subirlo a un avión y trasladarlo a la SEIDO, en la Ciudad de México, donde fue presentado ante el Ministerio Público Federal.
Mientras tanto, en diciembre del año pasado la CNDH emitió la Recomendación 54/2017, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos Zepeda, por el cateo ilegal en agravio de cuatro personas; la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y violencia sexual de tres de ellas y la ejecución arbitraria de dos, ocurridas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, atribuibles a efectivos del Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.
De acuerdo con el testimonio del padre de una de las víctimas, el 27 de enero de 2016 personal militar retuvo a su hijo, a su sobrino y a dos personas más en el interior de su domicilio. El personal militar le impidió el acceso y mientras permaneció afuera, escuchó que su hijo gritaba que ya no lo golpearan.
El mismo testigo informó que acudió a diferentes Agencias del Ministerio Público local y federal, sin obtener información sobre el paradero de sus familiares. Preguntó a elementos del Ejército sobre el destino de las personas detenidas y le informaron que no efectuaron detención alguna y sólo habían asegurado un vehículo que tenía reporte de robo.
Dos días después, personal de la Fiscalía General del estado le informó que en un rancho ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Tototlán habían sido localizados los cuerpos sin vida de dos de los detenidos, mientras que el tercero había sido trasladado al Hospital Regional de ese municipio para su atención médica.
El comandante de la Sexta Región Militar dice que nadie bajo su mando se enteró de los presuntos casos de desaparición forzada que hoy se le imputan a altos mandos de la policía estatal durante el gobierno de Javier Duarte.
Cuesta creerle.
* * *
Epílogo.
Y finalmente, aunque de forma parcial, la Defensa de Arturo Bermúdez consiguió un triunfo. Consiguió que un Juez de Distrito le concediera la suspensión provisional para impedir que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y la Fiscalía General del Estado “expongan mediáticamente” al ex titular de Seguridad Pública “violando derechos que afectarían el proceso”. La decisión establece que “la finalidad de brindar información sobre hechos delictuosos a los medios de comunicación no puede justificar la violación a la presunción de inocencia, como regla de trato en su vertiente extraprocesal, por parte de las autoridades que expone como culpable al detenido”. *** En Amatlán de los Reyes fueron localizadas bolsas con restos humanos, abandonadas en el interior de un automóvil. El vehículo Volkswagen Pointer fue hallado entre unos cañales de la comunidad San José de Gracia, la noche del domingo. *** Un añejo reclamo de los pobladores de Alto Lucero fue retomado por el alcalde Javier Castillo, quien se pronunció en contra de la instalación de empresas mineras en la región, pues aseguró que sólo llevarán contaminación al municipio. En aquella zona la minera Caballo Blanco solicitó permiso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la exploración y explotación de una mina de oro a cielo abierto. Javier Castillo dijo que ninguna empresa minera se ha acercado al Ayuntamiento, pero anticipó que el Cabildo está en contra de estos proyectos. Bien.
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