Pero esa capacidad del sistema político mexicano de corromper todo lo que toca, como un “rey Midas al revés”, terminó ahogando en el mismo fango esa intención de ciudadanizar la política, que al menos por ahora, no es más que una simulación más en el rosario de incongruencias y falacias del espectro electoral de nuestro país.
Por principio de cuentas, a las candidaturas independientes es prácticamente imposible que acceda un ciudadano de a pie, una persona común y corriente. El caso de Pedro Kumamoto en Jalisco es quizás la única excepción legítima que confirma la regla. Pero en general, los requisitos son inalcanzables para cualquiera que no cuente con una estructura que lo respalde para la titánica labor de recolección de firmas. Si para una candidatura a una diputación o una presidencia municipal es complejo, para la Presidencia de la República es simplemente una quimera.
Tanto así, que quienes hasta ahora han sido registrados como candidatos presidenciales independientes, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, no acreditaron el total de firmas que exige la norma y recurrieron a rúbricas apócrifas y hasta fraudulentas, a pesar de contar la primera con el apoyo de una estructura construida desde el PAN y apoyada por el equipo de un ex presidente de México, y el segundo con todo el gobierno de Nuevo León volcado en esa tarea.
Lo peor de todo es que la figura de los independientes ha sido manipulada por el sistema para colocar impostores cuyo único objetivo es diluir el voto, así como favorecer y/o atacar a los contendientes que sí tienen posibilidades de competir y ganar en un proceso electoral. Postulados por los partidos tradicionales, por supuesto.
Por ejemplo, en 2016, en la elección de gobernador de Veracruz tuvimos el caso del ex panista Juan Bueno Torio, en alianza con el duartismo. Y este año, el caso de Jaime Rodríguez Calderón, el dizque “Bronco”, es el más claro ejemplo de la degradación de las candidaturas independientes al nivel de comparsas, lastimeros paleros de los intereses de las cúpulas políticas que no están dispuestas a ceder ni un ápice de sus privilegios a la sociedad civil, y que para colmo, son avaladas por los órganos encargados de impartir la justicia en la materia, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La política en México sigue siendo un asunto vedado a los ciudadanos que no se ajustan o adhieren a las complicidades y mafias de los partidos de siempre. Y quién sabe si eso llegue a cambiar algún día. No con el sistema con el que se contiende ahora.
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