Era 9 de octubre del 2016 (apenas tres días antes de que Javier Duarte pidiera licencia al cargo de gobernador) y la amenaza fue evidente.
Miguel Ángel Yunes Linares, en ese momento “gobernador electo” de Veracruz, acusó a Duarte de Ochoa de pretender regalar un terreno y un inmueble al diputado federal y dueño de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri Grajales.
Se refería al terreno donde se ubica el Centro de Alto Rendimiento que, decía, estaba valuado en 250 millones de pesos, y mencionaba también el estacionamiento del estadio, Luis “Pirata” de la Fuente.
En aquella ocasión Miguel Ángel Yunes Linares fue claro: Si el Congreso del Estado autoriza dicha donación al presidente de Los Tiburones, (el acuerdo) se revertirá y se iniciarán procesos legales en contra de los legisladores.
El Artículo 33 de la Constitución local establece, como una de las atribuciones del Congreso, en su fracción XXXII, “autorizar al Ejecutivo del Estado a enajenar, a título oneroso o gratuito, o a conceder el uso y disfrute de bienes de propiedad estatal, en los términos que fije la ley”.
Lo que, según Yunes Linares, pretendía hacer Javier Duarte, era legal, pero a todas luces inmoral.
No han pasado ni dos años de ese episodio, y, desmemoriado como suele ser, Miguel Ángel Yunes Linares califica como “una tontería” cuestionar su intención de donar bienes del Estado a gobiernos municipales.
El pasado martes, el gobernador electo, Cuitláhuac García, anticipó que “revisará con lupa” las donaciones y comodato de bienes estatales que pretende realizar Yunes Linares antes de que concluya su gestión.
“Todas estas acciones las vamos a revisar con lupa y las echaremos atrás”, dijo, luego de que se confirmara por parte de los alcaldes panistas de Veracruz y Boca del Río, que esperan para recibir en donación distintos inmuebles del Estado.
Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador y actual alcalde del puerto de Veracruz, habría gestionado el traslado al dominio municipal, del parque Cri-Cri y del auditorio Benito Juárez. Por su parte, Humberto Morelli, alcalde panista de Boca del Río, ha solicitado la donación del balneario Mocambo.
Todos estos inmuebles forman parte del patrimonio del DIF estatal.
El gobernador Yunes Linares no sólo confirmó este miércoles su intención de hacer esas donaciones, sino que aclaró que pretende hacer lo mismo con otros ayuntamientos y puso como ejemplo el de Orizaba.
“Ya estamos haciendo la gestión ante el Congreso, pues esto contribuye a mejorar espacios que son públicos, pero para invertir en el bien tienen que ser propiedad del ayuntamiento”, dijo el mandatario estatal, y sentenció:
“Me parece una tontería cuestionar una decisión de esta naturaleza, tienen que ver con el bien público, no se afecta el patrimonio del Estado”.
El principal argumento para distinguir aquellas donaciones de éstas, es que ahora se trasladan del Estado al municipio, no se entregan a particulares. Hubo, sin embargo, otros bienes que Javier Duarte intentó trasladar al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para con ello saldar el pasivo que su administración tenía con ese organismo, pasivo que, por cierto, no ha sido saldado.
La propuesta de Javier Duarte incluía bienes como el Velódromo, el Museo Interactivo de Xalapa y el parque Doña Falla. La legislatura 63, para ese entonces fuera del control de un gobernador debilitado, rechazó la iniciativa.
¿Por qué habría ser ahora diferente?
Dice que se requiere para que los ayuntamientos se encarguen de mejorar las condiciones de esos inmuebles. ¿Acaso no puede el gobierno estatal hacerse cargo de esas tareas?
Hoy las transfiere a los ayuntamientos, y mañana los alcaldes los otorgan en concesión a un particular, como sucederá con el “Foro Boca”.
Negocio redondo.
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Epílogo.
Lo que anuncia Cuitláhuac García es lo evidente. Está claro que no habrá de liquidar los adeudos del gobierno estatal con los empresarios en el primer año. Hay prioridades. Lo que esperan los proveedores es que se elabore una agenda y se cumpla a cabalidad. *** Cuitláhuac García admitió que no habrá recursos suficientes para pagar el adeudo a empresarios en su primer año de Gobierno. Explicó que el pago tendrá que hacerse de manera escalonada. Dijo que esos recursos saldrán del esquema de austeridad que planteará desde el inicio de su administración. *** Miguel Ángel Yunes no pudo (o no quiso) cubrir esos pasivos en sus dos años de gobierno, no suena lógico que al próximo gobernador se le pida que pague en los primeros doce meses. *** Sin desperdicio, los apuntes del abogado Fidel Ordóñez respecto a la situación jurídica de quienes fueron servidores públicos en la administración de Kavier Duarte. Advirtió que salvo los casos de Arturo Bermúdez y de uno de sus subalternos (señalados en la más reciente imputación de desaparición forzada) los otros que se encuentran recluidos en Pacho Viejo podrían seguir sus procesos en libertad, una vez que baje la presión política, alimentada, por supuesto, por Yunes Linares. *** Pero no sólo eso, el jurista advirtió que todos ellos estarían en condiciones de exigir un resarcimiento por haber sido encarcelados; tomando en cuenta que en la mayoría de los casos, los delitos por los que se encuentran recluidos se encuentran clasificados como menores. *** “El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares usó el derecho para hacer justicia y teniendo una naturaleza política, violó los derechos de algunos -no de todos- de los que están detenidos”, afirmó Fidel Ordóñez.
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