El gobernador Miguel Ángel Yunes lo había anticipado: Una vez reestructurada la deuda, la calificación crediticia de Veracruz mejorará. Y así fue.
No es una mejora sustancial. Pasó de ‘BB-(mex)’ a ‘BBB-(mex)’ y mantuvo una perspectiva crediticia Estable. Pero algo es algo.
La empresa calificadora Fitch Ratings atribuyó esta mejora marginal a la reestructura de la deuda directa de largo plazo, pues esto eliminó los riesgos asociados a cláusulas de vencimiento cruzado y de aceleración de la deuda bancaria, o la activación de eventos preventivos de los certificados bursátiles.
Este proceso logró, además, disminuir la carga del servicio de la deuda a través de la obtención de mejores términos y condiciones.
Llama la atención que Fitch incorpora factores que antes no eran tomados en cuenta, pero que ahora representan perspectivas positivas para la entidad: el potencial en los servicios portuarios y en el sector energético.
Hay, sin embargo, circunstancias que llaman la atención y pueden convertirse en señales de alerta del comportamiento financiero de Veracruz:
Tiene un nivel de apalancamiento moderadamente alto; la proporción del servicio de la deuda respecto al Ahorro Interno se ubica por encima de otras entidades con similar calificación.
De igual forma, se perciben marcados desequilibrios entre balances financieros positivos y métricas de liquidez bajas, lo que ha obligado a la contratación de créditos bancarios de corto plazo hacia el cierre de los dos últimos ejercicios.
Preocupa también la capacidad acotada para realizar inversión con recursos propios, el bajo nivel de recursos disponibles en relación con el pasivo circulante, y las contingencias en materia de pensiones y jubilaciones en el mediano plazo.
Fitch Ratings nos revela que al 31 de marzo de 2018, los compromisos financieros del Estado (excluyendo los bonos cupón cero y la parte municipal) ascendieron a 42 mil 068 millones de pesos, divididos en once créditos bancarios.
El servicio de la deuda ascendió a 5 mil 839.4 millones de pesos, sin considerar los montos prepagados a través de la reestructura de la deuda, lo que representó 57% del Ahorro Interno.
En diciembre del año pasado, las deudas de corto plazo ascendían a 5 mil 990 millones de pesos. Para el mes de marzo de este año se habían elevado a 7 mil 354 millones.
A pesar de este gris bienio de transición, las perspectivas para Veracruz son optimistas.
Este estado ocupa el primer lugar nacional en producción de energía eléctrica, cuenta con tres de los puertos más importantes del país (Coatzacoalcos, Tuxpan y
Veracruz) y es sede de los principales complejos petroquímicos del país.
El producto interno bruto (PIB) del Estado ascendió a más de 43 mil 371 millones de dólares en 2016, lo que representa 4.8% de la producción nacional y lo posiciona como el quinto estado con mayor aportación al PIB nacional.
Con la declaratoria de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos, que engloba los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Nanchital, las áreas de oportunidad se ubican en la industria petroquímica, en la química y en la agroindustria. Dada la apertura del sector petrolero por la Reforma Energética, y la cercanía con puertos que conectan con Norteamérica, Europa y el Caribe, se espera que se detonen inversiones transnacionales en el sector.
El gobierno que habrá de entrar en funciones el primero de diciembre, deberá poner atención en temas especialmente sensibles.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), Veracruz tiene un alto nivel de marginación; de 32 estados se ubica en la posición 29.
Será necesario vigilar que no se dé un incremento desproporcionado en el nivel de endeudamiento de corto o largo plazo. El sistema de pensiones tendrá que ser revisado a detalle, pues si requiriera de importantes aportaciones (ordinarias o extraordinarias), eso limitaría la flexibilidad financiera del Estado.
Hace ocho años un funcionario de alto nivel del gobierno estatal me dijo: “Veracruz se va a levantar. A pesar del saqueo del que ha sido víctima, este es un estado muy noble, con enorme potencial”.
Hoy lo estamos confirmando. Veracruz saldrá adelante.
¿La medicina? Un manejo pulcro de las finanzas, lo que no se ha dado en las últimas dos décadas.
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Epílogo.
Especialistas en derecho habían advertido que la controversia constitucional no era la vía correcta para echar por tierra el nombramiento del espurio fiscal anticorrupción. Además de no corresponder a esa competencia, es una ruta muy larga, muy tardada. Hay quienes lo han entendido ha sido y se han ido por la vía del amparo. *** Este jueves uno de los aspirantes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Jeremías Zúñiga Mezano, dijo que él y otros 25 aspirantes ya presentaron solicitudes de amparo contra el procedimiento mediante el cual se impuso en el cargo a Marcos Even Torres Zamudio. Podrían ser aún más, pues el plazo vence el martes 14 de agosto. *** Son dos tipos de amparo: uno por violación a los derechos humanos y constitucionales de los aspirantes, y otro por violación al estado de derecho en Veracruz en agravio de ciudadanos y aspirantes y abuso de autoridad por la Comisión de Procuración de Justicia de la Legislatura local. *** La finalidad es que el juez de amparo determine la reposición del procedimiento y con eso se salvaguarden los derechos de los aspirantes, pero también los derechos de los ciudadanos porque la función del Fiscal Anticorrupción es actuar en beneficio de los veracruzanos al investigar, detectar y sancionar los actos de corrupción. *** Si el juez determina anular el procedimiento y volver a realizarlo, el fiscal designado podrá volver a participar, porque la autoridad lo que emitiría sería la suspensión del acto e indicaría al Congreso que debe reponer el procedimiento, ya sea volver a emitir la convocatoria, o que se repita la votación con los aspirantes registrados en la terna. *** Sin embargo, por el tiempo del juicio eso podría ocurrir cuando ya esté en funciones la próxima Legislatura, en la cual el PAN no tendrá mayoría. *** Producto de estas demandas, los integrantes de la Comisión de Procuración de Justicia habrían incurrido en infracciones a la Ley, por lo que les podría resultar responsabilidad penal.
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