Le asiste la razón al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: Lo esencial de la más reciente audiencia en el proceso que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió contra Javier Duarte de Ochoa, es que el exmandatario estatal se declaró culpable de haber cometido los delitos de asociacón delictuosa y lavado de dinero.
Este jueves Miguel Ángel Yunes Linares ofreció un mensaje a través de sus medios preferidos (las redes sociales) para dar a conocer su postura sobre la sentencia emitida el miércoles en contra de Javier Duarte.
“No estamos de acuerdo con la sentencia; reitero, nos parece más que sentencia, un perdón a un delincuente”, dijo en el primer punto de su posicionamiento.
Lo que llama la atención de esa protesta, es que confirma lo que ya se le había hecho notar: Que no fue él (ni su lacayo Jorge Winckler) quien metió a la cárcel a Javier Duarte, como lo prometió en campaña y como lo presumió en el mes de junio de 2017, luego de que se diera a conocer la detención, en Guatemala, de su antecesor.
“Durante muchos años luché con valor y tenacidad contra un régimen corrupto que se negaba a entregar el poder. Aguanté todo. Mi familia, mis compañeros y yo corrimos todos los riesgos; pero al final logramos la transición, el cambio democrático que ha hecho posible lo que nadie creía: encarcelar a Duarte y a varios miembros de su banda, que hoy están sometidos a proceso penal”.
Cuando se dio a conocer que el gobierno de México preparaba el expediente que se habría de presentar al gobierno de Guatemala para conseguir la extradición de Javier Duarte, Yunes Linares instruyó al “autónomo” Fiscal General que incorporara a dicho expediente “todos los delitos que hemos detectado que cometió Duarte”.
Tomado por sorpresa, el limitado Fiscal armó dos denuncias penales y las envió de inmediato, con consigna, al Poder Judicial del estado, para que se emitieran las respectivas órdenes de aprehensión.
En una de ellas (Proceso Penal 56/2017) le acusó de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, sin aportar documento alguno que involucrara directamente al exgobernador de Veracruz con el desvío de poco más de 200 millones de pesos que estaban destinados a la Comisión de Agua del Estado.
La segunda denuncia (38/2017) fue aún más absurda. Los cargos que se le imputaron fueron incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, porque el 14 de octubre de 2016 utilizó una aeronave propiedad del Gobierno del Estado, para realizar un asunto particular, a pesar de que ya no se encontraba en funciones de Gobernador del Estado, pues le fue concedida licencia cuatro días antes. Pero… ¿Quién habría cometido el delito? ¿Él por abordar la nave, o el responsable de aeronáutica del gobierno estatal, que habría sido quien dio a orden para que se le brindara el servicio?
Este jueves, el despacho Sánchez Reyes Retana, que lleva la defensa de Javier Duarte afirmó que una vez pasado el juicio en la Ciudad de México, enfocará su atención en los procesos que le inició la Fiscalía de Veracruz.
En el comunicado, el despacho jurídico calificó de “ridículas e insostenibles” las acusaciones del Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz.
En su posicionamiento de este jueves, Miguel Ángel Yunes Linares demandó a la Secretaría de Relaciones Exteriores “que acelere el trámite iniciado desde el pasado mes de mayo; de tal manera, que el Gobierno de la República de Guatemala autorice proceder contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada”.
Y ya que andamos en esas, ¿por qué no incorporar aquella denuncia presentada por su gobierno en contra del propio Javier Duarte y de Fidel Herrera, en enero del 2017, “por la compra, suministro y aplicación de medicamentos apócrifos y agua salina en lugar de quimioterapias para tratamientos de niños con cáncer”?
Quizá recordó que la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y el propio secretario de Salud del gobierno federal lo desmintieron. Quizá recordó que hay una demanda civil del propio Javier Duarte en contra suya y de quien fuera candidato de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, por insistir en señalarlo de un delito tan delesnable, a pesar de que quedó demostrado que nunca sucedió.
Yunes Linares remató así:
“Lo dije al tomar posesión y lo reitero hoy: No habrá perdón ni olvido para quienes llevaron a Veracruz a la crisis más grave de su historia. Ni perdón, ni olvido. Pasarán muchos años antes de que Duarte salga de prisión”.
¿En serio?
¿Ni perdón ni olvido?
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Epílogo.
Andrés Manuel López Obrador no cambia su opinión respecto al caso contra Javier Duarte. Dijo que se trata sólo de “circo, show y cinito”. Afirmó que no ha habido voluntad política para reformar las leyes y que la corrupción se convierta en delito grave. “Todo es puro circo, molesta cuando digo eso pero es la verdad. Imagínense cuántas líneas ágatas, cuánta tinta, cuántas palabras, cuántas imágenes, cuánto cinito, cuánto show por estos asuntos para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer”. *** Debido a su delicado estado de salud, a Juan Antonio Nemi Dib le fue cambiada la medida cautelar de prisión, por la de arraigo domiciliario. Nemi Dib fue acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad. Hace un par de semanas fue internado de urgencia en el sanatorio San Francisco de Xalapa pues presentó un sangrado estomacal. La jueza de control dispuso que continuara su tratamiento médico en su domicilio. Ojalá pronto resuelva esas complicaciones médicas.
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