El 4 de junio del 2017, un mes antes de las elecciones municipales, unos sujetos privaron de su libertad al candidato de Morena a la alcaldía de Chicontepec, Gonzalo Vicencio Flores, que horas después fue encontrado vivo pero muy golpeado y con fractura en las costillas.
Ese mismo día también fueron privadas de su libertad otras diez personas, entre ellas la esposa de Gonzalo, María Guadalupe Argüelles (actual secretaria del Trabajo en Veracruz), a las que también liberaron tras propinarles una golpiza.
Gonzalo Vicencio señaló a Manuel Francisco como autor intelectual de los secuestros e interpuso denuncias penales tanto en la Fiscalía estatal como en la PGR. Pero el diputado, amparado en el fuero legislativo, se pitorreó de los señalamientos.
En enero del año anterior, Gonzalo irrumpió en la comparecencia del Fiscal Jorge Winkler ante el Congreso, volvió señalar a Manuel Francisco (que estaba presente) como autor intelectual del ataque y gritó para que todo mundo lo oyera: “Exijo justicia, me van a matar”.
Doce meses después de esa irrupción, agentes de la Fiscalía detuvieron al ex diputado en el aeropuerto de la Ciudad de México, y lo llevaron al penal de Pacho Viejo donde un juez de control le dictó prisión preventiva de un año por la presunta comisión en los delitos de secuestro agravado, lesiones dolosas calificadas, daños dolosos y robo agravado.
Aparte de los consejos que gusta dar sobre el uso del machete, Manuel Francisco es un cacique con todo lo que eso conlleva. Su zona de influencia es Chicontepec (junto con la franja de San Sebastián y Benito Juárez) de donde fue presidente municipal. Al terminar su periodo heredó el cargo a su sobrino Pedro Toribio Martínez y desde el 31 de diciembre del 2017 (año del secuestro y golpiza a Gonzalo Vicencio), su hijo Pedro Adrián Martínez Estrada detenta el poder en el municipio.
De los cuatro cargos que le imputan, tres se los puede brincar a la torera, pero si le comprueban el de secuestro agravado, aguas.
En la semana que terminó un juez condenó a 75 años de prisión al ex portero de los Rayados del Monterrey Omar “El Gato” Ortiz, por pertenecer a una banda de secuestradores.
El ex futbolista nunca secuestró a nadie; su trabajo consistía en dar información de las posibles víctimas a los delincuentes, y por cada secuestro que aquellos realizaron con su ayuda, le pagaron 100 mil pesos. El Gato los ayudó en tres y recibió 300 mil.
Eso le bastó al juez para echarle tres cuartos de siglo en prisión con lo que Omar, que tiene 42 años de edad, literalmente quedó enterrado en vida.
Si al ex legislador le comprueban que ordenó privar de su libertad a varias personas, su condena podría ser más o menos similar a la del ex guardameta de Rayados.
Esto podría tumbar de la alcaldía a su hijo Pedro Adrián, sepultaría para siempre su cacicazgo en aquella zona y -como el Gato Ortiz- Manuel Francisco quedaría enterrado en vida.
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