EXISTEN muchas acepciones de lo que significa un estado de derecho, pero en cualquiera de ellas, tendría que considerarse lo que es básico, es decir, sujetarse, sencillamente, a las normas establecidas en un país, que tanto para el gobierno como para los gobernados es estar dentro de lo dispuesto por la Constitución, o simplemente por las leyes que dependan de la misma. En pocas palabras, estado de derecho, podría ser, en todo caso, la sujeción a los limites establecidos por las leyes.
Vamos, pues, que viendo y sabiendo lo que pasa en México, diríamos que muchas veces, el mismo gobierno, no acata estos ordenamientos y prefiere establecer un orden, pero a base de autoritarismo, es decir, hacer lo que se quiere sin tener que sujetarse a lo dispuesto por un conjunto de normas que determinan hasta donde es posible que dicho gobierno, pueda actuar.
Pero no es eso, precisamente, a lo que nos queremos referir en esta ocasión, sino al aparente desorden que se ha generado en todo el territorio nacional, donde las autoridades se han visto rebasadas por los grupos criminales y hasta por las propias comunidades, como nos hemos dado cuenta que ya sucedió en el reciente accidente, si así se quiere llamar a lo sucedido en una población denominada Tlahuelilpan, del Estado de Hidalgo, donde murieron, hasta ahora, cerca de cien personas y que el propio ejército no pudo contener antes de que se diera la explosión.
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Es claro que poco se quiere aplicar el riesgo de que en México, se pueda perder el estado de derecho, porque no llene, exactamente, los requisitos que se requiere, pero basta, solamente, tener en cuenta que ya son muchos los grupos que poco a poco, van tomando el poder a través de la violencia, desde luego, con fines económicos y no políticos, pero que para el caso podría decirse que con estas acciones conjuntas de los grupos del crimen organizado, las comunidades mas pobres y marginadas, las bandas comunes y hasta la propia protección que se brinda desde los puestos más importantes de la administración pública, como ha sucedido en los pasados sexenios presidenciales, se integra un poder que va minando considerablemente la estabilidad política, social y económica de los gobiernos, lo que, en pocas palabras, es perder el orden establecido y por lo tanto, el estado de derecho, que cada día, parece tambalearse ante la falta oportuna de un combate frontal y decidido.
No es que el robo de los combustibles, sea ahora, uno de los retos más importantes del actual gobierno, es decir, de buscarle y encontrarle solución, sino en general, toda la violencia que se ha generado en todo el país y que pone, en verdad, en riesgo el orden establecido por las leyes, lo que implica, decir, de alguna manera que el estado de derecho, sí esta en riesgo, porque hay otras acciones, las que están fuera de la ley que están impidiendo la tranquilidad del pueblo, del propio gobierno, de sus instituciones que ya no se respetan y que significa, no precisamente debilidad de un gobierno, sino falta, quizá, de estrategias más concretas para recuperar todo el terreno que se ha perdido ante la fuerza de los grupos criminales, que ahora, no son aquellos que tradicionalmente se han dedicado a delinquir, sino también, las comunidades que han sido invadidas y obligadas a actuar en contra del orden establecido, del propio gobierno y de toda acción que no se encuentre dentro esquema de derecho que debe prevalecer en todo momento.
No debe, por lo tanto, permitirse que el gobierno se vea rebasado y que sus acciones sean inadvertidas para los mexicanos en general, independientemente, de quien o quienes se dediquen a violarlas, pues en todo caso, las leyes son generales y su observancia debe ser acatada por todos en general.
Si el gobierno de la República, de los propios Estados de la misma, y hasta los municipios que son la base territorial del país, permiten el desorden, entonces se estará dando, dicho de alguna manera, ciertas facultades a quienes no las tienen ni les corresponde, para ejecutar acciones que solamente están permitidas a los gobiernos en sus diversas esferas de competencia.
El estado de derecho, esta en riesgo y no somos los primeros en comentarlo, pues es la percepción que se esta teniendo en todo el territorio nacional, porque no se han concretado o bien, no se han ejecutado, las acciones que obliguen a quienes no cumplen con la ley, a quienes han provocado el caos, la desestabilización generalizada, el rompimiento del orden establecido y todas aquellas conductas antisociales que contribuyen a que no haya seguridad, ni la garantía de vivir en un país que debiera regirse, ante todo, por un orden establecido por las leyes.
Finalmente, ¿si el propio ejército es rebasado por las turbas, entonces que se puede esperar un ciudadano común, dentro de un país de leyes, pero que no se cumplen, porque falta capacidad para hacerlas respetar?
Nada, simplemente, nada.
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EN EL REPARTO DE COMBUSTIBLES a todo el país, se han puesto en marcha otras estrategias que no son transportarlos a través de ductos, porque éstos son perforados permanentemente por aquellos que durante años se han estado enriqueciendo a costas del erario nacional, pues los recursos que debiera percibir la administración, a través de PEMEX, sencillamente se han visto disminuidos gradualmente al grado de que ya no recibe ni siquiera para su propia administración, menos para repartirlos entre los Estados, como se hacía hace algunos años.
En fin, que ahora, el reparto es lento, porque se usan las pipas que tienen que viajar por muchos kilómetros para la entrega, pero donde resulta que ahora los grupos organizados del crimen, ya no tienen, ni siquiera que ponerse en riesgo al perforar los ductos, porque ya se las llevan en camiones, ya que han comenzado a robarse estas unidades, con una gran facilidad, como lo hacen bajo cualquier práctica de asalto.
Y hay que tener en cuenta que el combustible viaja por carretera, donde además, se corre el riesgo muy común de que una de estas pipas sea robada, explote, sufra algún accidente, como ha sucedido con el gas y afecte a la población. Las carreteras ahora serán mas riesgosas, porque habrá mucha circulación de gasolina que es altamente flamable.
Claro, que si no es una cosa, es otra, pero los combustibles, a falta de un manejo adecuado, tanto en ductos como en las propias pipas en las carreteras, significan, también, un alto riesgo para las personas.
Con todo esto, resulta que al Presidente de la República, se le ha dejado una verdadera bomba de tiempo, en sus propias manos y solamente con inteligencia se podrán superar estos riesgos que ya tiene el país.
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INDUDABLEMENTE que hay profundo interés en proteger a las mujeres de la entidad, ahora que los homicidios en contra de ellas, han superado las estadísticas, pero determinar un toque de queda para todo este sector, sería incentivar una especie de discriminación y vulnerar, al mismo tiempo, sus propias garantías constitucionales para poder transitar libremente por todos los rincones del país y más en una ciudad, que es su propia ciudad y que a pesar del peligro que existe en todo momento lo más conveniente es pensar en preservar estos derechos antes que limitarlos.
Por cuanto al toque de queda, no es posible, ya que solamente el Congreso federal, lo podría determinar en todo el país o en alguna región que por las necesidades apremiantes, así lo requieran, pero no lo podría llevar a cabo el Congreso local.
Así es que, siendo buena la intención de la Diputada Mirian Ferráez Centeno, lo que más debería hacerse es pugnar por mejorar la atención hacia todas las mujeres y buscando que el gobierno federal y estatal, las protejan con mejores estrategias de seguridad.
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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.
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