Prefacio.

El descaro del aún fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, llega ya a extremos insostenibles. *** resulta que se tomó la atribución de decidir respecto a una denuncia que fue presentada en su contra, por el deleznable delito de “desaparición forzada de personas”. *** La denuncia fue presentada en la instancia federal, pero la Fiscalía del estado pidió el expediente para decidir que se decretara el “no ejercicio de la acción penal”. *** Jorge Winckler, lo mismo que el fiscal especializado en personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, y el actual fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, fueron señalados como presuntos responsables de la desaparición forzada de Francisco Zárate Aviña, quien fuera colaborador de Luis Ángel Bravo Contreras, cuando este fungía como fiscal de Veracruz, a quien secuestraron las actuales autoridades para obligarlo a informar sobre el paradero de quien fuera su jefe. *** El abogado Arturo Nicolás Baltazar denunció que la Fiscalía tampoco aceptó la petición de la parte agraviada para que se investigara la ubicación de Luis Eduardo Coronel el día de la desaparición de Francisco Zárate. *** “Solicitamos la geolocalización del teléfono de Luis Eduardo Coronel Gamboa y al ser un delito de desaparición forzada se necesitaba que se solicitara a un juez. Le pedimos a la Fiscalía que la solicitara y nos dijo que no era posible”. *** La justicia al servicio de los de casa.

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El martes 8 de enero del presente año, al presentar su programa de impulso al sector financiero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió así, a la necesidad de ajustar el gasto público:

“Se gasta mucho en el gobierno, le cuesta mucho a la sociedad mantener al gobierno. Se llegó a extremos en que el gobierno se consume prácticamente todo el presupuesto; el gobierno estaba ensimismado, era muy poco lo que se transfería, se trasladaba, se orientaba en beneficio de los ciudadanos, porque el gobierno tenía otra función, no era promotor del desarrollo, era facilitador de negocios en beneficio de minorías. Esto fue lo que nos condujo a la crisis de México y por eso necesitamos cambiar, necesitamos que el presupuesto les llegue a los ciudadanos, que cada vez liberemos más fondos para el desarrollo. Por eso la austeridad, el que no haya sueldos tan exagerados, que no haya lujos en el gobierno”.

Gastar menos. Una demanda generalizada que, sin embargo, se confrontaba con el paradigma de la administración pública “a la mexicana”: Para hacer más, hay que gastar más.

Este martes, justo dos semanas después de que López Obrador pronunciara aquel discurso sobre la necesidad de reducir gastos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Edel Álvarez Peña, citó a conferencia de prensa para para anunciar la impementación, en el Poder Judicial, de un Plan de Austeridad para el ejercicio fiscal 2019.

En momentos en que el titular del Poder Ejecutivo –Cuitláhuac García- mantiene una abierta confrontación con el aún titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Jorge Winckler Ortiz; cuando el encono parece imponerse a la razón, el titular de uno de los tres Poderes de la entidad anuncia la decisión de apegarse a la política de austeridad a la que han convocado tanto el Presidente de la República, como el Gobernador del Estado.

El plan de austeridad del Poder Judicial de Veracruz está respaldado, esencialmente, en la voluntad de sus integrantes para abatir costos, y para admitir que medidas de esta dimensión impactarán, necesariamente, en las percepciones de sus integrantes.

Edel Álvarez Peña dio a conocer que trabaja ya en la construcción de acuerdos con los integrantes del Consejo de la Judicatura para la reducción voluntaria de sus salarios en porcentajes que oscilarían entre un 15 y un 20 por ciento.

Las economías que se habrán de alcanzar con este Plan, podrían alcanzar en este año los cien millones de pesos, recursos que serán canalizados a los Programas de Becas y de Vivienda para los trabajadores del Poder Judicial.

La medida es, sin duda, positiva, pues atiende una de las más sentidas demandas de la sociedad. Llega en momentos en los que la sociedad veracruzana atestigua una de las más profundas divisiones entre el aparato encargado de la procuración de justicia, y dos de los Poderes de la entidad, el Ejecutivo y el Legislativo.

Frente a este escenario de incertidumbre, en el que se cuestiona la legitimidad de las instituciones, poca atención se pone a esos temás que tanta fuerza le imprimieron a la propuesta de Morena: Racionalizar el gasto, acabar con los excesos y combatir frontalmente la corrupción.

Es momento de escuchar, al detalle, lo que se plantea hoy la Universidad Veracruzana para imprimir un sello de austeridad a sus acciones. Lo mismo deberían hacer los órganos autónomos, como el OPLE, el IVAI, la CEAPP, Derechos Humanos y hasta la propia Fiscalía General del Estado, tan reacia a secundar las acciones del actual gobierno.

Falta ver, también, si en los números fríos el Poder Judicial cumple con su compromiso. 

El Estado ya no está para más simulaciones.

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Epílogo.

De risa, el show montado para ganar en medios lo que no han conseguido en tribunales. Este martes se presentó un empleado de Miguel Ángel Yunes Linares (León Vladimir Hernández Ostos) al Congreso del Estado para iniciar un procedimiento de Juicio Político contra el gobernador, Cuitláhuac García, contra el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y contra diputados del Congreso del Estado. ¿Sus pruebas? Un legajo de recortes de periódico e impresiones de notas periodísticas. El sujeto, por supuesto, asegura que nadie lo mandó, que no obedece a los intereses de nadie. *** Ya lo dejó claro Cuitláhuac García: “No hay porque incrementar las tarifas del transporte público, pues losm insumos están bajando”. Para aquellos que quisieron organizarle el zafarrancho al gobernador, ya tienen su respuesta. ¿Seguirán apoyando a Yunes Linares?

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