Desde que muchos de los dirigentes de partidos políticos encontraron la forma de saquearlos, de robarse el dinero de las prerrogativas que les otorgan tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales y de enriquecerse en apenas un parpadeo, hubo también una transición de la “venta de candidaturas” a una subasta que gana el mejor postor, o lo que es lo mismo, el que paga más.

Es un secreto a voces, los partidos políticos ya no pagan las campañas de sus candidatos, las costean ellos mismos, por eso nominan a quienes estén dispuesto, primero, a pagar algunos millones por la candidatura y, segundo, a “invertir” o arriesgar varios millones de pesos más en la campaña, que en caso de ganar seguramente van a recuperar al doble, pero si pierden, esfumado está. Cuando de dinero sucio se trata, a nadie le duele.

En la actualidad, todavía existen quienes ilusamente piensan que los cárteles del narcotráfico solo infiltraron al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero en realidad hoy en día ningún partido se salva de tener entre sus filas y/o postular como candidatos a mafiosos con muchos millones para comprar una candidatura y hasta comprarse todo el partido si así lo quieren.

La narcopolítica surgió desde tiempos remotos con casos como el del ex gobernador priista de Quintana Roo,  Mario Villanueva Madrid, confeso ante una corte americana de haber lavado dinero del narcotráfico; luego surgió el caso de Tomás Yarrington, también del PRI, ex gobernador de Tamaulipas vinculado con un grupo del crimen organizado.

No debe olvidarse el caso de José Luis Abarca, ex alcalde perredista de Iguala, quien habría ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a quien se le vincula con el cartel “Guerreros Unidos” que comandaba Sidronio Casarrubias Salgado.

La semana pasada fue noticia nacional la detención de José Ulises Treviño García, quien fue candidato a la alcaldía de Juárez en Nuevo León por la coalición del PT-PES y Morena y quien presuntamente está vinculado al Cártel de los Zetas. Y como era de esperarse, ahora entre los tres partidos, pero principalmente PES y Morena se culpan mutuamente de esa postulación.

En el caso del PAN, tan solo como botón de muestra podemos citar el caso del ex gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cagigal y el escándalo del famoso “helicóptero del amor” en el que salía de paseo con la hija de un renombrado narcotraficante.

Así pues, en este chiquero llamado política, ningún partido puede ufanarse impoluto. Cifras extraoficiales indican que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos 26 alcaldes fueron asesinados, además de candidatos y políticos de diversos partidos.

En Veracruz, la Fiscalía General del Estado tiene empantanadas diversas carpetas de investigación de crímenes en contra de políticos. No podemos asegurar que hayan sido grupos criminales quienes los ejecutaron, pero desde luego que fueron asesinados en condiciones violentas y sospechosas, por ejemplo: el dirigente municipal del PAN en Papantla, Héctor Guevara Guzmán y su hijo; el líder del PVEM en Gutiérrez Zamora, Francisco Riaño Santés; el ex alcalde de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, asesinado junto con cuatro personas más, entre ellas su esposa, ésto en el municipio de Banderilla. En pleno centro de Martínez de la Torre fue ejecutado Rodolfo Pérez García, ex comandante de la policía municipal, escolta del alcalde José de la Torre Sánchez. Otras tres personas también murieron en el ataque; Héctor Eley Casas Aguilar, ex candidato del PAN a la Alcaldía de Cosoleacaque, de igual manera fue asesinado a balazos y hace apenas unos días en la Ciudad de México aparecieron torturados y acribillados los cuerpos del empleado del ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Jorge Ramos y el excandidato a la alcaldía por el PANAL, Saúl Zapata.

Maltrecho y de rodillas, ante un poder fáctico, está nuestro sistema político y el panorama se agrava cuando nos enteramos que ahora ya no se trata solamente de narcotraficantes quienes incursionan en la política, sino también los huachicoleros. Casos de esos ya existen en Puebla, Jalisco y Veracruz y no pasará mucho tiempo antes de que caiga algún conocido personaje político que resulte vinculado con el robo de gasolinas; por su puesto que todos los partidos de una u otra manera se van a desmarcar. Al tiempo.

Por fortuna, 2019 y 2020 no son años electorales, pero ni los partidos de siempre, ni los nuevos que han solicitado registro y mucho menos los ciudadanos, debemos hacernos los desentendidos e ignorar lo que salta a la vista. Es imperioso que el INE, los OPLES, pero sobre todo los propios partidos impongan candados para cerrarle el paso a los criminales e impedirles que obtengan candidaturas para el 2021 o peor aún, que alcancen alcaldías o diputaciones desde donde afiancen su andamiaje, porque entonces ya no podremos decir que el gobierno los combate, sino más bien que los alberga y robustece. Aún estamos a tiempo de tomar medidas. Comentarios y sugerencias a rvalerdeg@gmail.com