El 30 de diciembre del 2016, a punto de fenecer el año, Jorge Winckler Ortiz asumió una responsabilidad que –ahora ha quedado confirmado- era superior a sus capacidades y le exigía experiencia profesional, factor con el que no contaba.
Él estaba feliz. Nunca en su corta carrera de abogado, nunca en sus sueños de niño, en Oaxaca, soñó con hacerse de tanto poder, de tanto dinero.
- Tú no te preocupes. Rodéate de un equipo sólido, de abogados con capacidad y experiencia. Ellos te sacarán la chamba, mientras tú te dedicas a atender los temas que te encargue tu jefe, el gobernador.
Algo así le aconsejaron a ese joven que de la noche a la mañana se encontró con que se había sacado “el gordo” de la Lotería.
Pero hasta para formar un eficaz equipo de colaboradores hay que tener experiencia y conocimiento. Pronto, muy pronto le empezaron a llegar los “bomberazos” (encargos con calidad de “urgente”) y ahí se empezó a notar su novatez.
Empezó el 2017 y comenzaron a caer los duartistas y el novicio fiscal sufrió su primer descalabro. Leonel Bustos, quien había sido titular del Seguro Popular en Veracruz, fue detenido por la Policía Ministerial de Jorge Winckler, pero poco más tarde abandonó la cárcel, gracias a que obtuvo el amparo de la justicia federal.
Miguel Ángel Yunes estalló en cólera y dio una orden tajante: “rata del duartismo que caiga en mis cárceles, se queda ahí por lo menos los dos años en los que seré gobernador. Hagan lo que sea necesario para que nadie más sea puesto en libertad. No seré el hazmerreir de nadie”.
Y la orden fue cumplida a rajatabla. Salvo casos realmente excepcionales (Flavino Ríos, por quien intervino el gobierno de Enrique Peña Nieto, o Juan Antonio Nemi Dib, casi al final del gobierno yunista, ante el temor de que se les muriera en prisión).
Pero la cuerda se estiró demasiado, y apenas dejó su cargo el gobernador, los duartistas empezaron a ganar amparos a granel. El fiscal no tenía argumentos suficientes, sólidos, para retenerlos en prisión.
Jorge Winckler no es un buen abogado, y han sido precisamente sus errores de carácter jurídico los que han abonado para que hoy esté enfrentando dos juicios políticos y su inminente remoción del cargo.
En uno de los juicios políticos que enfrenta, Gilberto Aguirre Garza, quien fuera Director de Servicios Periciales, lo acusó de tortura. Su denuncia no sólo la presentó ante el Congreso de Veracruz, para solicitar el juicio político en contra del fiscal, sino que la presentó, además, ante la Procuraduría General de la República (PGR). En la audiencia de presentación de alegatos en el Congreso local, la defensa de Jorge Winckler dio a conocer sobre la denuncia presentada por Gilberto Aguirre: El juez anticorrupción, Marcos Even Torres, dispuso el no ejercicio de la acción penal.
Nuevas pifias por parte de Jorge Winckler y de sus abogados. La denuncia por tortura (que debió ser atendida en el ámbito federal, toda vez que en el fuero común se acreditaba el conflicto de intereses) fue atraída por el Fiscal Anticorrupción, cuando, en todo caso, la carpeta debió haber sido turnada a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, que fue creada por el propio Jorge Winckler y que quedó a cargo de la abogada Lucía Lara Carmona.
La decisión de decretar el “no ejercicio de la acción penal” debió ser comunicada con tiempo a la parte acusadora, a través de un juez de control, para dar oportunidad a que se presentara un recurso de inconformidad.
Estas y muchas otras pifias del aún fiscal y de sus abogados le han dado al Poder Legislativo los elementos necesarios para proceder en su contra.
En muy pocas horas conoceremos el desenlace de esta novela negra.
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Epílogo.
Es lamentable la actitud asumida por el gobierno de “la cuarta transformación” en el tema de las estancias infantiles. Tan sólo para las del estado de Veracruz, la reducción del subsidio fue de 30 millones de pesos. El diputado federal Carlos Valenzuela asegura que Veracruz es la segunda entidad con mayor afectación. Como consecuencia de esta inhumana medida, los padres de familia tendrán que pagar de su bolsillo más de 900 pesos mensuales, por niño.
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