Después de leer y analizar dicho papel, es evidente que carece de cualquier sustento jurídico, es decir, no se fundamenta bajo ningún artículo constitucional ni con base en ninguna potestad que tenga el ejecutivo federal.
Esto ha causado otro debate más en el país (algo que se está volviendo costumbre), provocando la reacción de afines y opositores.
El tema aquí es que no debería estarse debatiendo, es una falta directa a nuestra Carta Magna. Les está pidiendo a dichos secretarios que no cumplan ni respeten la Ley y esto me parece muy grave.
Es importante aclarar que, hasta el momento y en este caso particular, Andrés Manuel no ha violado ninguna ley. Esto es algo técnico, puesto que este memorándum no ha tenido (aún) efectos jurídicos en el ejercimiento de la reforma mencionada, pero él está solicitando que así sea.
Ahora bien, es necesario entender porqué estaría faltando al cumplimiento de la Constitución.
En primer lugar, el mandatario nacional no tiene la facultad para intervenir de esa manera en las leyes, puesto que en nuestro país existe la división de poderes, precisamente para evitar que un solo hombre (o mujer) pueda hacer y deshacer leyes a su antojo, esto es, impedir una dictadura.
Por esto, solamente el Poder Legislativo está facultado para crear, modificar o eliminar cualquier ley. Ergo, sólo los diputados y senadores del país tienen la potestad para ejercer de esta forma. Para eso hay cámaras, por eso se debaten y se dialogan las reformas en el Congreso y en el Senado.
Que alguien le avise a López Obrador que nos regimos bajo los principios de una república democrática y no de una monarquía. O, en todo caso, que lea (o vuelva a leer) el artículo 89 de la Constitución para que entienda hasta dónde llega su poder como presidente de México.
Por otro lado, en caso de que los secretarios mencionados acaten esta orden, estarían violando impunemente el artículo 216 del Código Penal Federal. En donde claramente se detalla que: «cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.»
Así mismo, «al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.»
Bastante claro, a mi parecer…
Todo esto me recuerda a un discurso que se volvió estandarte durante la campaña de López Obrador: «nada al margen de la Ley; nadie por encima de la Ley» y lo ha vuelto a decir ya como jefe de Estado. ¿Acaso no era en serio, señor presidente?
Pero más allá de sus promesas de campaña, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, juró cumplir y hacer cumplir las leyes que de nuestra Carta Magna emanan. ¡Lo juró! ¡Ante los ojos de todo México y el mundo!
¿Lo juró en serio, señor presidente?
Insisto, esto es muy grave… Podría ser el primer indicio real, tangible, de que lo que busca el presidente es convertirse en dictador.
No sé ustedes, amables lectores, pero yo no estaría nada conforme con vivir bajo un régimen totalitario.
No obstante, no queda más que esperar, pero no pasivamente. Es vital que como pueblo ejerzamos nuestro poder y nos mantengamos al pendiente de nuestros gobernantes; obligarlos a que respeten nuestras leyes en beneficio de México.
Así pues, la siguiente semana sabremos si podemos confiar en nuestras instituciones, en nuestros legisladores y en nuestra amada democracia…
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