Dando por ciertas las expresiones de Andrés Manuel López Obrador, acerca de la honestidad de Cuitláhuac García, ¿cubre ese bono de confianza a todo el gabinete estatal?
El sentido común nos dice que no.
Ya la contralora general del Estado, Leslie Garibo, se encargó de enterrar los señalamientos de un presunto nepotismo del gobernador de Veracruz al designar como subsecretario de Finanzas a Eleazar Guerrero, a quien todos conocen como “su primo”. Poco o nada se dijo, sin embargo, de la imposición de los hijos del propio Eleazar en posiciones claves (aunque “de bajo perfil”) de la administración estatal.
Sorprende que en un gobierno que es encabezado por alguien tan honesto, hayan surgido en apenas seis meses tantas inconsistencias, tantas irregularidades en la gestión administrativa y que todas ellas estén vinculadas de alguna forma con el “super-subsecretario”, que el común denominador sea que fue una instrucción “del primo que ya no es”.
Y mientras muchos volteábamos a detallar las irregulares contrataciones en la Secretaría de Salud (ese chile sigue sin embonarnos), el agudo analista Quirino Moreno, en su columna Repechaje, llamó la atención por otra instancia del gobierno estatal en la que se está aplicando la misma artimaña administrativa en las licitaciones de obras o adquisiciones: descalificar con argumentos pueriles a las empresas con las que “no hay acuerdos” y como medida extrema, para casos en los que los participantes se pongan exigentes, declarar “desierta” la licitación y recurrir “por razones de urgencia” a la asignación directa.
Quirino Moreno llama la atención sobre este tipo de prácticas en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que encabeza el ingeniero Guillermo Fernandez Sanchez, pero que tiene en la figura del subsecretario de Desarrollo Regional, Rolando Ramírez Sánchez, al “operador” de estas componendas.
Desde la oficina de Rolando Ramírez (sí, se trata del mismo que apenas en marzo de este año fuera suspendido de sus derechos como militante de Morena, luego de que se descubriera que se apropió de tres cheques que debió entregar a un capacitador electoral) fueron declaradas “desiertas” cuatro licitaciones, con argumentos absurdos.
La encargada de notificarles a las empresas concursantes que sus propuestas “no pasaron”, es siempre la arquitecta Luz Elena Rangel, Directora del Programa de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, y el documento lo avalan la arquitecta Citlalli Guadalupe Bravo Ochoa, Subdirectora de Control y Evaluación de Obra; Gustavo Rosales, de la Dirección Jurídica, y Martín Lezama, de la Unidad Administrativa.
La contralora Leslie Garibo ya debe tener en su escritorio los oficios de inconformidad por parte de los contratistas, pues no todos los procesos fueron evaluados con el mismo rigor.
Ahí está, como ejemplo, la licitación de Cuartos Dormitorio para Camarón de Tejeda, obra que le fue asignada a la empresa Sagardi Colorado, propiedad del arquitecto Francisco Martínez, originario de Martínez de la Torre, “casualmente” el mismo municipio de donde procede el Subsecretario Rolando Ramírez Sánchez.
Está pasando en Sedesol, lo mismo que en la Secretaría de Salud, en el DIF y en Seguridad Pública. Las licitaciones sólo son actos armados para cumplir con un tema administrativo, y engañan a las empresas para simular un proceso riguroso y declarar desiertos los concursos, para adjudicar la obra a empresas con las que se tiene compromiso.
Esto ya le costó la renuncia a un alto funcionario (Pabel Pazos, casualmente, también subsecretario, aunque este de Egresos, en Sefiplan).
Desde el gobierno federal ya han tomado nota de estas quejas y Rolando Ramírez podría ser el siguiente en dejar la administración estatal.
A final de cuentas, es un personaje que choca con la imagen de honestidad y transparencia que pretende Andrés Manuel López Obrador mostrar ante la sociedad.
* * *
Epílogo.
El ex tesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá Saad, quien llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) el último día de la administración de Enrique Peña Nieto, para obtener su protección a cambio de información sobre los servidores públicos que desviaron recursos en el gobierno de Javier Duarte, está a punto de perder ese beneficio. *** Tarek Abdalá no acudió a las oficinas de la FGR, para ser interrogado en los casos que se siguen contra ex colaboradores de Javier Duarte. *** Este jueves Tarek iba a ser entrevistado como parte de los procesos que se siguen contra el exsecretario de Finanzas Fernando Charleston y contra Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas. Su desacato es motivo suficiente para desconocer el “acuerdo de oportunidad” al que llegó con el Ministerio Público y las consecuencias es que se reactiven los procesos que se iniciaron en su contra.
filivargas@gmail.com |
