Prefacio.

El 25 de febrero del presente año, la empresa calificadora Standard and Poor’s Global Ratings (S&P) emitió una evaluación sobre las perspectivas crediticias del estado de Veracruz y sostuvo que para el período 2019-2021 esta entidad podría alcanzar “superávits operativos en torno a 2.5% de sus ingresos operativos, así como moderados superávits después de gastos de inversión”. *** La calificadora basó su proyección “en el plan de austeridad que el Estado presentó ante el Congreso y en los gastos de capital que se mantendrían, en promedio, por debajo de 4% de los gastos totales”. *** No sólo eso: la estabilidad proyectada del desempeño presupuestal de Veracruz también se basó en la expectativa de que recibirá “consistentes transferencias federales (participaciones y aportaciones), las cuales crecerán en torno a 6% al año, como en los últimos cinco años”. *** Este lunes el secretario de Finanzas del gobierno estatal, José Luis Lima Franco, acudió al Congreso local para entregar una solicitud de autorización para poder renegociar, una vez más, la deuda pública del estado. *** Entre los objetivos que resaltó de esta nueva reestructuración, mencionó que buscan reducir las tasas de interés sin ampliar los plazos, y que pretenden “atender la deuda histórica de los municipios de Veracruz”. *** la calificadora S&P ve con buenos ojos la perspectiva crediticia de Veracruz: “Esperamos que la deuda del Estado continúe disminuyendo, como sucedió durante 2018. De ser así, proyectamos que su deuda, para 2019, sería equivalente a 38% de sus ingresos operativos. Si no incurre en deuda adicional, estimamos que la deuda estatal podría alcanzar 33% en 2021, al tiempo que los pagos de intereses podrían disminuir a 3% desde su nivel actual de 4.4% de sus ingresos operativos”. *** Las condiciones están dadas, siempre y cuando se mantenga la disciplina financiera.

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“Poco a poco el circo que montaron en mi contra se va cayendo”.

Así resume Javier Duarte la resolución emitida desde el pasado 18 de julio, por el Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, en la que ordena la “suspensión de todo acto tendiente a ejecutar la sentencia pronunciada el 26 de septiembre de 2018”.

Quedan en suspenso, por lo tanto, los nueve años de prisión, la multa por 58 mil 890 pesos y el decomiso de 40 inmuebles.

“Es decir (que) en este momento la sentencia se encuentra suspendida y a la espera del amparo directo que promovimos. Te recuerdo que las pruebas con las que fui sentenciado en aquel 26 de septiembre del año pasado ya fueron determinadas como pruebas ilícitas e inclusive ya hay personas que fueron acusadas dentro de esta misma causa (a las) que les concedieron el amparo y ya se encuentran absueltas, por lo que tiene forzosamente que operar el mismo criterio para mi, ya que son las mismas pruebas”.

Aunque esta resolución no implica la libertad de Javier Duarte, sí lo acerca a ese momento... En tanto se resuelve el amparo.

La defensa del exgobernador de Veracruz está agotando los recursos jurídicos para echar abajo el acuerdo que en su momento alcanzó para la realización del juicio abreviado que derivó en su sentencia.

Javier Duarte argumenta que las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la República (hoy FGR) fueron ilícitas, particularmente, los estados de cuenta presentados, pues que no fueron obtenidos mediante un mandamiento judicial.

“Es un amparo contra la resolución definitiva del procedimiento abreviado, decimos en este amparo que fuimos sometidos al procedimiento abreviado con prueba ilícita, por los estados de cuenta que no fueron adjuntados mediante control judicial”, explicó el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana.

- Según entiendo, Javier, esto implicaría que en algún momento de proceso se ordene emitir una nueva sentencia, en la que el juzgador ya no tome en cuenta las pruebas obtenidas de manera ilícita.

“Es correcto, pero ya no hay más pruebas. Los testimonios que quedan son sólo dichos, porque no están fundamentados en ningún documento que los pruebe”.

Javier Duarte sigue paso a paso los procedimientos que llevan a cabo sus abogados y se dice convencido de que pronto –“¡muy pronto!”- habrá de concluir este proceso.

Las funciones de este circo ya concluyeron… es hora de levantar el entramado.

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Epílogo.

No es frecuente que suceda. Que un servidor público salga a dar la cara y admita que personal bajo su mando fue responsable de la comisión de delitos graves, es realmente extraño… y digno de reconocer. Este lunes el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, admitió que uno de los responsables del homicidio cometido el pasado sábado en Xalapa, justo frente a las instalaciones de Tránsito del Estado era un policía en activo, por lo que pidió a la Fiscalía y al Poder Judicial “aplicar todo el peso de la Ley”. *** Al mismo tiempo el titular de la SSP hizo un reconocimiento a los elementos que participaron en la búsqueda, persecución y captura de los tres sujetos que participaron en ese crimen. Bien. *** ¡Cuanta miseria! Cuánta abyección! José de Jesús Mancha sabe que hay una sentencia del Tribunal Electoral que lo desconoce como dirigente del PAN, y se sigue ostentando como tal. Sigue utilizando sus instalaciones, emitiendo boletines y oficios en los que se ostenta como “Presidente del Consejo Estatal”, lo que es totalmente falso. Alguno de sus “asesores” le tendría que recordar que la usurpación de funciones es un delito.

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