El 5 de diciembre del 2006, el Grupo Financiero Banorte y la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, concretaron la primer oferta pública de certificados bursátiles con base en el 80% de los ingresos que generaba el Impuesto sobre Tenencia o Uso Vehicular.
La operación se acordó por un monto en UDIS equivalente a cinco mil 193 millones de pesos. Esa fue la primera bursatilización de su tipo, porque fue realizada por un Estado de la República y por alcanzar el mayor monto colocado para una emisión estructurada.
El destino de los recursos obtenidos por la colocación, sería –se dijo en ese entonces- “el pago total de los pasivos bancarios del Estado, por cerca de 3 mil 300 millones de pesos, en tanto que el resto será dedicado a la inversión pública productiva en la entidad”.
Eso era lo que se debía a los bancos hace apenas 13 años: tres mil 300 millones de pesos.
El otro 20% de los ingresos por el Impuesto a la Tenencia Vehicular se repartía, por Ley, a los 212 ayuntamientos veracruzanos. Durante el 2007 el gobierno estatal realizó una intensa campaña para convencer a los gobiernos municipales de que siguieran el ejemplo estatal y bursatilizaran lo que a ellos les correspondía de ese impuesto.
Se trataba de una decisión soberana de los Cabildos. De todos ellos, 199 aceptaron sumarse a la propuesta de bursatilización que se materializó en el 2008. La labor de cabildeo para convencer a los ayuntamientos de que participaran en este proceso, correspondió a quien desde entonces destacaba como la figura fuerte del gabinete fidelista, Javier Duarte, y lo operó a través del titular del Instituto de Desarrollo Municipal, Alberto Silva Ramos.
En diciembre del 2014 el Impuesto a la Tenencia Vehicular dio el primer paso hacia su desaparición, luego de que el entonces gobernador, Javier Duarte, envió una iniciativo de Decreto mediante el cual se subsidiaba dicha contribución al 100%.
Desde entonces, los 199 ayuntamientos que se sumaron a dicho proceso han visto afectadas sus participaciones federales para saldar sus compromisos con los tenedores de bonos bursátiles.
La semana pasada, al presentar al Congreso local una propuesta para aplicar una nueva reestructuración a la deuda de Veracruz (que ahora supera los 41 mil millones de pesos) el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco anunció también un plan para liquidar los compromisos bursátiles que mantienen los ayuntamientos.
En esta ocasión se aclaró que esa otra reestructuración se realizaría el próximo año, siempre y cuando el Congreso del Estado acepte el refinanciamiento de la deuda bancaria a largo plazo del gobierno estatal.
La Secretaría de Hacienda dio a conocer que a la fecha los 199 municipios adeudan de manera conjunta mil 424 millones de pesos, cuando el monto original de las emisiones bursátiles en 2008 fue de mil 207 millones 999 mil 591 pesos.
La intención es contratar un crédito para saldar la deuda de los municipios y que tengan la misma tasa de interés, con el mismo plazo de las emisiones bursátiles, pero con la certeza de que ahora este pasivo sí será saldado.
Hoy el secretario de Finanzas está haciendo la misma labor que hizo Javier Duarte en el 2007: Hablar con los alcaldes y convencerlos de las bondades de la propuesta. Hasta ahora ha hablado con cerca de 120 alcaldes y todos ellos se han mostrado conformes con el proyecto.
“No creo que haya un alcalde que no busque mejores condiciones de pago, y que de paso obtenga una liberación en el flujo de recursos”, señaló.
Fue casi la misma lógica que se manejó hace once años.
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Epílogo.
¿Ustedes pensaban que sólo los “grandes” pártidos políticos, como el PRI y el PAN, tendrían problemas con su padrón al momento de realizar procesos internos? Pues no es así. Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya están levantando la voz, pues advierten que han detectado “anomalías” en el listado de militantes. Morena deberá nombrar a su nuevo dirigente nacional este mismo año. *** Primero fue el Colegio de Bachilleres, ahora es la Escuela Normal Veracruzana. En ambos casos las nuevas autoridades han denunciado graves inconsistencias administrativas, como la existencia de “aviadores” y el pago de cifras desproporcionadas a algunos servidores públicos. Todo se está documentando y habrá denuncias penales.
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