El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que le resultaba complicado pedirle al senador panista, el exalcalde de Veracruz Julen Rementería, que ofreciera disculpas públicas por involucrarlo en gastos millonarios asignados a la Presidencia de la República. Lo que sí vio más sencillo fue exigirles la misma disculpa a los periodistas que hicieron eco a la denuncia del panista.
“Entonces, informarles eso, que no hay esos consumos. Había compra de alimentos en el gobierno anterior, porque había comedores en Presidencia; entonces, por eso la longaniza y el chorizo, pero no somos nosotros, que no nos confundan. Y ojalá y todos estos articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil ofrezcan una disculpa. Pedírsela al senador que dio a conocer esto o a los militantes de los partidos de oposición, está más complicado, pero sí quienes aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo, con objetividad deberían de ofrecer disculpas”, comentó López Obrador la mañana de este miércoles.
¿Por qué es más complicado pedirles a los representantes políticos que se disculpen y le resulta más cómodo hacerlo con quienes reaccionaron a esa noticia?
Aunque quedó claro que el Presidente evadió confrontarse con el senador veracruzano, éste si respondió a sus palabras:
“Señor presidente López Obrador, quien debe pedir disculpas al pueblo de México es usted y su oficina. Porque ese altísimo presupuesto que está fuera de toda realidad, fue elaborado por su oficina y adjuntados en la página oficial de su gobierno”.
Hay una gran diferencia entre el señalamiento de Julen Rementería y la respuesta del Presidente. El primero lo hizo respaldado con documentos oficiales, mientras que el segundo lo hizo basado exclusivamente en su palabra, la que ya ha sido exhibida en múltiples ocasiones porque mientras su lengua dice una cosa, su gobierno hace otra.
Julen Rementería hizo público el “Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2019” en el que aparece enlistada la compra de “jamón de pechuga de pavo”, para el que se presupuestaron 29 mil 478 pesos, mientras que para la “longaniza de primera” se consideraron 335 mil 782 pesos.
La salida de López Obrador fue, por decir lo menos, simplista. Recurrió a una práctica que se ha hecho común en sus conferencias de prensa: culpar de todo a los gobiernos que lo antecedieron, y descalificar a quienes exhiben sus faltas.
“Ya ven que se dio a conocer una información calumniosa del consumo de longaniza, de chorizo, todo un montaje, un escándalo, y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios, periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas, que sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros. Muy irracional, sin argumentos, pura fobia, pura carga ideológica, puro conservadurismo”.
Y como en los gobiernos de Morena, “lo que hace la mano, hace la tras”, en Veracruz se reacciona de la misma manera cada vez que queda en evidencia una irregularidad.
Este miércoles el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, tuvo que admitir que, en efecto, desde hace más de 15 días los pacientes que requieren hemodiálisis en hospitales de Veracruz dejaron de recibir sus tratamientos debido a que la empresa contratada para este servicio no ha instalado sus equipos.
Confirmó que los pacientes de hospitales en Veracruz, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Poza Rica, Yanga y Xalapa, no reciben su tratamiento, pero aseguró que “no hay nada oscuro” en esa grave falta, sino que se trata de un tema administrativo.
“Son meramente procesos administrativos, en este tiempo de enlace con el Gobierno pero no hay nada perverso, nada que impida el acceso a nuestros enfermitos(...) Ya está por resolverse ese problema, no pasa nada”.
Esta irregularidad en los hospitales públicos de Veracruz fue denunciada por Alejandro Cossío Hernández, representante de la empresa Reactivos y Químicos S.A. de C.V. a la que el actual gobierno le canceló el contrato para la dotación de esos servicios y se le otorgó a la empresa Gifyt S. A. de C. V., filial de Esterinova de Puebla, a pesar de que el IMSS le había retirado un contrato similar por irregularidades en su servicio.
Alguien tiene que explicarles a los servidores públicos emanados de Morena, que por encima de “su palabra” están los datos duros, la verdad documentada, y que a nueve meses de haber asumido el poder, el discurso de “nos dejaron un basurero” ya perdió vigencia.
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Epílogo.
Se le acumulan los problemas al exdirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha, quien se vio forzado por los tribunales electorales a abandonar la sede estatal de Acción Nacional y dejar de ostentarse como “dirigente” de ese organismo político. *** Este miércoles el diputado federal Marco Antonio Medina Pérez, acompañado por miembros del Cabildo de Tuxpan, denunció que el presidente municipal tuxpeño Juan Antonio Aguilar Mancha (primo del exdirigente partidista) utiliza los recursos municipales “como un negocio familiar”. *** El legislador señaló que el alcalde sigue entregando contratos a empresas familiares, aún cuando los auditores del Congreso local intervinieron la Tesorería municipal. “Hay contratos que se sospecha que tienen un contubernio con familiares del alcalde; en ese proceso van a desviar muchos recursos hacia la campaña (de Mancha Alarcón) y no se quiere que los ciudadanos de Tuxpan estén aportando en algo que no les corresponde”, sentenció Medina Pérez.
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