Corría el mes de agosto de 2018. Al recibir su constancia que lo acreditaba como Presidente electo de México para el sexenio 2018-2024, Andrés Manuel López Obrador ofreció que como titular del Ejecutivo federal respetaría la soberanía de los otros poderes y no permitiría que se ejercieran contra esas instituciones autónomas presiones ni peticiones ilegítimas:
“En el nuevo Gobierno, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos”.
El respeto a la división de poderes en una sociedad como la nuestra, no es una “puntada”, ni una pose populista. Su importancia estriba en impedir que un solo individuo ejerza un poder de control ilimitado sobre el Estado, pues la distribución de las funciones estatales históricamente ha implicado el equilibrio de las fuerzas, en el que cada poder se ocupa de distintas tareas, restringiendo que algún poder se encuentre por encima de otro y lo subordine, para impedir la instauración de un régimen absoluto.
Quizá en su afán de emular expresiones y posturas de su guía político, de su jefe, esta semana el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se metió en un sendero peligroso.
El mandatario veracruzano anunció que “se investigará a jueces que liberen a delincuentes sin el debido proceso”.
¿Quién los investigará?
¿Por qué sólo a jueces, y no también a fiscales?
¿Por la Verónica Hernández sí mete las manos al fuego, pero no por Sofía Martínez?
El debate es tan viejo como la justicia misma: Los que hoy son fiscales y antes se les conocía como agentes del Ministerio Público, acusan a los jueces de dejar en libertad a los delincuentes que ellos ponen a su disposición. Los jueces, por su parte, aseguran que la liberación de los indiciados obedece a la mala integración, por parte de los fiscales, de las carpetas de investigación.
¿Por qué asume el gobernador que la liberación de “delincuentes” (categoría que no deberían aplicarles en tantop que no haya sentencia en firme) es culpa de los jueces?
¿Estará enterado el gobernador –que es ingeniero, no abogado- que el Poder Judicial, en su autonomía, cuenta con los instrumentos para vigilar, investigar y, en su caso, proceder en contra de jueces y magistrados que incurran en faltas como esa de “liberar a delincuentes sin el debido proceso”?
Y a todo esto: ¿Qué opina la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta?
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Epílogo.
Horas antes de acudir a la Ciudad de México, para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, el dirigente tricolor en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, dio su postura respecto al apoyo que los gobernadores emanados del PRI le dieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador con la aplicación del programa Insabi (Instituto Nacional de Bienestar) para sustituir al Seguro Popular: “Se respeta pero no se apoya la postura de Gobernadores del PRI respecto al Insabi; en Veracruz se habla por las personas afectadas que recibían medicamento y ahora no”, expresó Marlon Ramírez. Una postura firme que llevó incluso a las instancias nacionales *** Ya está en el Congreso del estado el nuevo informe de la revisión a la Cuenta Pública 2018 y la Comisión de Vigilancia se impuso un plazo de 15 días para hacer la revisióny emitir un dictamen que será votado en el Pleno. El plazo que se le dio al Orfis para entregar este nuevo informe fue el 31 de enero y se cumplió con dos días de anticipación. Bien. *** Este miércoles el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García firmó el decreto por el que autoriza que se amplíe el plazo hasta el 29 de febrero del programa “Borrón y placas nuevas”, aunque advirtió a los propietarios de vehículos, que esta es la última oportunidad de ponerse al corriente. *** La Iglesia Católica mantiene un intenso activismo para oponerse a las reformas al Código Civil del Estado y anunció que se realizará una gigantesca manifestación este jueves frente al Congreso del Estado. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, aclaró que dicho dictamen no estará considerado en el orden del día de la sesión ordinaria de este jueves, la última del actual periodo ordinario, por lo que no hay fecha para someterlo a votación.
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