Prefacio.

El momento es el más oportuno, el propio dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, admite que Jorge Winckler ya es historia en la Fiscalía General del Estado (FGE) y exhortó a los diputados de la bancada panista en el Congreso local, a impulsar la elección de un nuevo Fiscal. *** Guzmán Avilés calificó como “urgente” la designación de un titular de la Fiscalía, pues considera que no es un órgano que deba estar por más tiempo con una “encargada de despacho”, papel que actualmente juega la abogada Verónica Hernández Giadans. *** “La postura de Acción Nacional es que sea un Fiscal que esté ya de base y no un encargado. Ya es momento de hacerlo, no podemos estar como está el Instituto de la Mujer, con encargados de despacho, tiene que tener su personal”, expresó el dirigente partidista. *** Justamente habían sido los diputados del PAN los que se habían opuesto a la salida de Jorge Winckler, de manera que si ya esa fracción se suma al reclamo de una convocatoria para la elección de un nuevo Fiscal, es momento de que la LXV Legislatura inicie el protocolo que marca la Constitución local. ***

Cuestionado al respecto, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez se dijo también de acuerdo en que el Congreso local emita la convocatoria para elegir al nuevo titular de la FGE. *** “Para que quien se haga cargo, de manera formal y oficial de este importante espacio institucional, nos genere a todos una posibilidad de que el sistema de procuración de justicia marche adecuadamente”, dijo.*** Ya es, pues, el momento.

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 De pronto la maquinaria de la justicia empieza a trabajar.

Este jueves -¡por fin!- el indígena veracruzano Fernando Moreno Santés obtuvo su libertad, gracias a las gestiones del programa “Veracruzano Inocente”, tras permanecer, injustamente, tres años en prisión, acusado del delito de pederastia.

Un grupo de abogados y estudiantes de la carrera de Derecho, dirigidos por el doctor Tomás Mundo Arriasa, se ha dado a la tarea de revisar, caso por caso, la situación jurídica de cientos de indígenas que en la actualidad se encuentran recluidos en penales del estado.

Gracias a esta iniciativa, se pudo llevar a revisión el caso de Fernando Moreno (quien se encontraba recluido en el penal de Poza Rica) pues no se acreditó la existencia del delito, lo que fue confirmado por el juez Eleuterio Malpica Núñez, quien ordenó su liberación.

El tema es extremadamente común en comunidades indígenas. En 2012, Fernando y su pareja de 16 años de edad (ambos oriundos de la comunidad de Tlahuanapa, en el municipio de Papantla), decidieron unir sus vidas. Sin embargo, la familia de la joven se opuso, por lo que decidieron huir, lo que provocó que Fernando Moreno fuera denunciado ante las autoridades.

Pasó el tiempo y Fernando y su pareja formaron familia, procrearon dos hijos e incluso resolvieron sus diferencias con la familia de ella. Cinco años después de que unieran sus vidas, la Policía Ministerial detuvo a Fernando, acusado de pederastia, bajo el expediente PAP/ESP7/596/2012, en la causa penal 320/17.

Fue la supuesta víctima (su actual pareja, ya mayor de edad) lo mismo que la familia que en su momento presentó la denuncia, los que ahora pidieron justicia para Fernando.

Al momento de ser detenido, Fernando y su pareja tenían una niña de 4 años y un niño con apenas un mes de nacido; trabajaban una pequeña milpa y habían iniciado el negocio de una taquería.

Al revisar el expediente se hizo notar que en la investigación nunca se asentó que el inculpado era indígena, hablante del totonaco y con poco uso del castellano; tampoco se dio a conocer que en su comunidad, por los usos y costumbres, se consideraba normal que una menor de 16 años ya formara una familia e incluso tuviera hijos.

La presunta agraviada, hoy pareja de Fernando, nunca señaló ser víctima de abuso. Un peritaje antropológico permitió establecer que en la comunidad se regían por usos y costumbres que permitían una relación como la que Fernando sostuvo con la menor.

El doctor Tomás Mundo hizo notar la incongruencia del proceso, pues la supuesta víctima era quien ahora reclamaba la liberación de Fernando:

“Lo defendía y lo había estado apoyando; (insistía en) que ella no lo señalaba de ningún delito; al contrario, solicitaba su libertad, por el bien de ella y de sus hijos”.

Ya estando Fernando en prisión, la pareja decidió casarse por la vía civil y se comprobó que los niños estaban registrados por ambos.

“Esto nos confirmó lo expresado por la familia del procesado, que era inocente y no debería estar privado de su libertad, pues le hacía falta a su familia”, explicó el doctor Mundo.

Las familias de Fernando y de su pareja están de acuerdo con la relación e incluso los padres de ella se dijeron arrepentidos de haber presentado la denuncia, pues explicaron que lo hicieron con el único fin de encontrar a su hija, pero las autoridades iniciaron la carpeta de investigación por el delito de pederastia.

La esposa de Fernando tuvo que dejar su hogar y aceptar el cobijo de sus padres, para que la apoyaran a ella y a sus hijos, pues quien lo hacía se encontraba preso.

Ella no dejó de visitar a su pareja en el reclusorio y procuraba llevar a sus hijos para que siguieran conviviendo con su padre.

El doctor Tomás Mundo resaltó el respaldo que otorgó el gobernador Cuitláhuac García, pues ha sido el más interesado en que se revisen los casos de ciudadanos de pueblos originarios que están encarcelados injustamente o que ameritan cambiar sus medidas cautelares.

Para conseguir llevar la justicia a esos grupos vulnerables, también ha sido invaluable el apoyo de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, quien le ha dado un fuerte impulso al proyecto “Veracruzano Inocente”.

Este es el primer caso resuelto. Muy pronto conoceremos otros.

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 Epílogo.

La iniciativa está prendiendo en diversos puntos de la entidad. Este jueves, el alcalde de Las Choapas, Miguel Ángel Tronco Gómez, informó que analiza la posibilidad de interponer un amparo en contra del Congreso del Estado por la segunda revisión a la  Cuenta Pública 2018. *** En este nuevo informe del Orfis se le hicieron observaciones a ese ayuntamiento por el manejo de 30 millones de pesos, cuando en el primer informe había salido sin observación alguna. *** Tronco Gómez dijo sospechar que la medida haya tenido motivaciones políticas, pues sacaron (de la relación de entes con observaciones) a algunos alcaldes que en el primer informe fueron observados por el manejo financiero y en 90 días lograron solventar. ***  “Luego se ve que a unos municipios sí y a otros no; luego se ve cómo se cambia la historia”, expresó.

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