Prefacio.

En este mismo espacio se anticipó, el pasado 31 de enero, que Juan Manuel del Castillo González, quien fuera subsecretario de Finanzas en la recta final del gobierno de Javier Duarte, había gestionado un nuevo amparo ante la justicia federal frente a una eventual orden de aprehensión en su contra. *** El juez decimoquinto de Distrito, Samuel René Cruz Torres, en autos publicados el pasado 07 de febrero, advirtió sobre este caso: “los Jueces de Control Ihali Patricia Armas Márquez, Alma Aleida Sosa Jiménez, Luis Roberto Juarez López y Marco Antonio Rodríguez Lobato, al rendir de manera conjunta su informe justificado, mediante oficio 593, negaron la existencia del acto reclamado”, o sea, que expresaron que en sus juzgados no había ninguna orden de aprehensión en contra del exfuncionario duartista. *** Pero agregó: “Posteriormente, en diverso oficio 619, el Juez Marco Antonio Rodríguez Lobato, al rendir nuevamente su informe previo, señaló que era cierto el acto reclamado, pues con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, se libró una orden de aprehensión en contra de Juan Manuel del Castillo González, por los hechos señalados como delitos el de Incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y desvíos de recursos, cometidos en agravio del servicio público, refiriendo, que la encargada de dicho proceso es la Licenciada Mónica Segovia Jácome, Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz”. *** Hay, pues, una orden de aprehensión en contra de Juan Manuel del Castillo, a quien el juez de Distrito le concedió la suspensión provisional y programó la audiencia constitucional para el próximo 28 de febrero a las 10 horas.

* * *

Se habían dado los pasos necesarios para evitar que la señora Luz María Landeros Becerra –doña Luchita, de 88 años de edad- no fuera desalojada de su domicilio, como consecuencia del juicio iniciado en su contra por Beatriz Alicia Gea Gonzalez y David González Landero (nieta e hijo de doña Luchita).

La justicia, sin embargo, fue implacable, y la mañana de este martes, con un aparatoso despliegue policiaco, doña Luchita fue desalojada de su vivienda, ubicada en el número 70 de la calle Carlos Miguel Palacios, en el centro de Xalapa.

Para retirarla por la fuerza del que ha sido su domicilio por más de 70 años, paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública la colocaron sobre una silla de ruedas. Fue tal la prepotencia de la fuerza pública, que la anciana sufrió una alteración en su presión arterial y tuvo que ser trasladada a un hospital para su atención.

Hasta ese sitio acudió el doctor Tomás Mundo Arriasa, quien de inmediato se dio a la tarea de gestionar una suspensión ante los juzgados federales. La postura del jurista fue clara: el desalojo fue arbitrario y se violentaron los acuerdos suscritos por México en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Dicho documento, firmado por el gobierno de México, advierte en su Artículo 4, que los Estados que forman parte de dicha Convención se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, y para tal fin, en el inciso “c” dispone: “Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos”.

No sólo eso. El Artículo 9 de dicho tratado internacional establece que las personas mayores tienen derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. “Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra”.

El trámite para conseguir la suspensión provisional de los actos en contra de doña Luchita quedó radicado en el juzgado 17 de Distrito, con sede en Xalapa, y este miércoles se habrá de conocer la determinación del juzgador.

Por fortuna doña Luchita no está sola. Sus vecinos se organizaron para convocar a los medios y evitar que este abuso pasara desapercibido.

Desde hace un año, la diputada Adriana Martínez y su asesor jurídico, el doctor Tomás Mundo, le han brindado el apoyo jurídico que se requiere en estos casos.

Esperemos que pronto se haga justicia y que doña Luchita recupere ese, que es el espacio desde donde ha visto pasar la vida.

* * *

Epílogo.

Una movilización ciudadana en la carretera federal 145, a la altura del municipio de Isla, que tenía como fin protestar por la actuación de la Guardia Nacional, terminó este martes en un enfrentamiento que dejó al menos a 20 detenidos y seis heridos. *** En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que los pobladores incendiaron una patrulla de la Fuerza Civil y lanzaron piedras contra las instalaciones de la Policía Federal, “por lo que los efectivos optaron por repeler la agresión”. Señalaron, además, que luego de los hechos se reportó el aseguramiento de dos armas de fuego (calibres 9 mm y 22 mm). *** Durante el enfrentamiento, seis comunicadores que cubrían los hechos resultaron agredidos. La presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza dio a conocer por la noche que todos los periodistas se encontraban bajo resguardo. *** “Puedo confirmar que sí hubo una agresión a los compañeros periodistas, pero nosotros ya tenemos bajo resguardo a los compañeros Brígido López Zepahua, Julia Santín, Edna López Domínguez, José Alberto Carmona Contreras y Sergio Herrera Montano, son los compañeros que ya logramos localizar a todos y saber que están bien y fuera de peligro (...) entre ellos estaba David Domínguez Morales, director general de La Crónica de Los Tuxtlas”. *** De todos ellos, el que llevó la peor parte fue José Alberto Carmona, quien resultó herido, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para su atención. *** ¿Y el diálogo, y la concertación?

filivargas@gmail.com