Se equivoca el secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros, cuando le otorga prioridad, en los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Isla, al origen de los manifestantes o a las motivaciones de los periodistas que acudieron a dar cobertura a los hechos.
Éric Cisneros tenía ya un buen tiempo de estar guardando silencio, de moverse con un bajo perfil. Hay quienes sugieren que no fue una ocurrencia suya, sino una instrucción que se le hizo llegar desde la capital del país.
Como haya sido. Lo cierto es que hasta antes de ese “impasse”, el secretario de Gobierno había pecado de lo que la Real Academia Española describe como “verbosidad excesiva”, pero que en el ambiente político veracruzano se conoce como “incontinencia verbal”.
Hablaba mucho y, por lo mismo, se equivocaba más de la cuenta.
Los hechos concretos, de lo ocurrido en la carretera federal 145, a la altura de la cabecera municipal de Isla, fueron que un numeroso grupo de ciudadanos (¡qué importa si eran veracruzanos o no!) se manifestó en contra de la actuación de la Guardia Nacional y como parte de su protesta bloqueó la circulación en esa vía.
Ante la presencia intimidatoria de las fuerzas estatales, los manifestantes respondieron con violencia. Lanzaron piedras contra los uniformados y en la trifulca se toparon con una camioneta de la Guardia Civil, contra la que descargaron toda su furia. Le golpearon hasta que se cansaron y después le prendieron fuego.
Frente a tal comportamiento está plenamente justificado el uso de la fuerza. Renglón aparte será la incapacidad de los llamados “operadores políticos” por parte del gobierno estatal, que no fueron capaces de destrabar esa movilización por la vía del diálogo.
Durante el enfrentamiento entre policías y manifestantes, al menos 6 periodistas resultaron lesionados. No se trató, como cualquiera pudiera pensar, que una piedra haya sido lanzada sin control, o que un macanazo que le tocaba a un manifestante haya terminado en la cabeza de un comunicador.
No. Al menos uno de los periodistas fue perseguido y sustraído por la fuerza de la vivienda en las que intentó refugiarse, por elementos de la policía estatal.
Hoy argumenta Éric Cisneros que los comunicadores fueron “reclutados” por representantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal a la que le atribuye la “autoría intelectual” de la protesta contra la Guardia Nacional.
Suponiendo, sin conceder, que –en efecto- los periodistas hubieran acudido al sitio del conflicto atendiendo a las instrucciones del grupo delictivo, lo cierto es que no se sumaron a la protesta, no portaban más armas que su teléfono celular y, en algunos casos, una cámara fotográfica.
¿Qué amenaza representaban para los policías?
El secretario de Gobierno de Veracruz asegura que los manifestantes (20 de los cuales están detenidos) provenían de poblaciones del estado de Oaxaca. Este miércoles los gobernadores de ambas entidades, Cuitláhuac García y Alejandro Murat, sostuvieron una reunión para “acordar una estrategia conjunta para reducir los índices delictivos en ambas entidades”.
¿Acaso no la había ya?
¿No existen acuerdos de coordinación entre los cuerpos de seguridad de ambos estados?
¿Cómo habían trabajado, entonces, los últimos 14 meses?
Tan sencillo que hubiera resultado hablar con la verdad: “Se acudió al sitio del bloqueo, se intentó convencer a los manifestantes de que liberaran la circulación; no atendieron los llamados a la cordura y al reaccionar en forma violenta obligaron a los elementos de la policía estatal a responder en la misma medida. Los daños contra comunicadores fueron producto de caos que se generó, pero se está investigando para identificar a los elementos que los agredieron y serán sancionados como lo marca la Ley”.
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Epílogo.
La amenaza es latente y tiene destinatario. Están tratando de ahogar financieramente a los órganos autónomos, a las instituciones que tienen como fin servir de contrapeso frente a los poderes fácticos. *** Este miércoles la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, anticipó que podrían solicitar al Congreso del Estado un aumento presupuestal, pues sufrieron un recorte en el presente año y requerirán de más personal para atender el inicio del proceso electoral, en el último trimestre del 2020. Al Tribunal le fueron asignados para este año 5 millones de pesos menos que en el 2019. *** El Cabildo de Xalapa aprobó este miércoles cambiar el uso de suelo a un conjunto de parcelas de más de 29 mil 400 metros cuadrados, aledaños al relleno sanitario de Tronconal, donde se construirá una celda para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. *** El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero explicó que a las actuales celdas del relleno sanitario ya no les queda mucho tiempo de vida, por lo que era necesario trabajar en la construcción de esta nueva celda y el desarrollo de un ecoparque que incluye un centro de reciclaje, un centro de compostaje y el biodigestor que está próximo a licitarse. *** No todas son críticas a las corporaciones policiacas de la entidad. Agentes de la Policía Ministerial capturaron en Coatepec al presunto homicida de la empleada de la Comisión Federal de Electricidad de Xalapa, Luz María González “N”. El detenido fue identificado como Carlos Jacob “N”, para quien ya se había dictado una orden de aprehensión por el delito de feminicidio. *** Carlos Jacob “N”, quien conduce un taxi, el pasado viernes 7 pasó Luz María González a las oficinas de la CFE, y en el camino el conductor le pidió un préstamo de mil 500 pesos a la dama; ella se lo negó y además le exigió que le pagara los 50 mil pesos que le debía. Luego de una discusión, Carlos Jacob atacó a la mujer hasta asfixiarla. Al percatarse de que había fallecido, decidió ir a tirar el cuerpo en el camino que conduce de Coapexpan a Rancho Viejo. *** Una pipa cargada con Hidróxido de Sodio con identificación 2672-8 “Lejía de Sosa”, de la empresa Isquisa fue impactada por el tren, luego de que el conductor intentara ganarle el paso en el cruce ferroviario de la sur 57 en la colonia Rafael Alvarado en Orizaba. Bomberos de Orizaba y personal de Protección Civil desalojaron escuelas cercanas al accidente, como la Facultad de Ciencias Químicas de la UV y la primaria “Jaime Torres Bodet”, así como algunas viviendas, ante el riesgo que representaba la sustancia tóxica y flamable que transportaba la pipa. Luego de varias horas de maniobras, por la noche del miércoles se reabrió la circulación y se permitió a los vecinos retornar a sus domicilios.
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