Prefacio.

Este lunes la CNC renovó sus cuadros directivos en el estado de Veracruz. *** Víctor Manuel Galicia es el nuevo delegado general; Manuel Guerrero asume como delegado nacional con funciones de presidente; Axel Frankenverger será como delegado en la zona centro; Blino Hernández en la zona sur y José Julio Espinosa en la zona norte. *** En el evento, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, hizo un compromiso frente al sector campesino de la entidad y su dirigente nacional, Ismael Hernández Deras: “Le tomo la palabra a la CNC y le abro las puertas al trabajo político; desde ahora pido la oportunidad de incluirnos en su agenda y caminar de manera conjunta y coordinada”, dijo. *** Por supuesto, no dejó pasar la oportunidad para cuestionar la actuación de los gobiernos emanados de Morena. *** “Nos encontramos ante un gobierno profundamente machista, que les quitó el dinero a las mujeres que eran beneficiadas con el programa Prospera, que quitó las guarderías, mientras en su discurso dice que no nos deben distraer los feminicidios (...) el tema de derechos humanos de las mujeres ha dejado de ser prioridad para el Gobierno de México, y se ha encargado de agudizar la brecha de millones de mujeres en situación de ruralidad por la falta de apoyos, en su situación laboral y de seguridad social, al igual que la situación de salud con la puesta en marcha del INSABI y el recorte del presupuesto a instituciones como el IMSS; hay un abandono laboral, social y económico”.

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Si este caso lo hubiera imaginado Cástor Vispo, escritor español, autor de los guiones de la serie radiofónica cubana “La Tremenda Corte”, lo hubiera intitulado: “el cadavericidio”.

Los ingredientes están ahí. Es una tragicomedia, en la que se intercalan situaciones comunes en nuestra sociedad: El centro hospitalario que, para evitar engorroso papeleo, decide expulsar de sus instalaciones el cuerpo sin vida de alguien que fue embestido por un vehículo, cuando viajaba en su motocicleta; los peritos de la Fiscalía, que tardan horas en llegar hasta donde fue arrojado el cadáver (no muy lejos, ahí, frente al hospital que no lo quiso recibir “porque ya llegó muerto”), y –por supuesto- una familia desesperada porque ya quieren disponer de los restos de su pariente “para velarlo como corresponde y darle cristiana sepultura”.

Pero esto no sucedió en La Habana (como en la serie que protagonizaban El Juez y Tres Patines) sino muy cerca de Xalapa, apenas a 40 kilómetros, en el municipio de Alto Lucero.

Y en medio de todo esto, la intervención del diputado local Éric Iván Aguilar López, aquel que llegó a rendir protesta como legislador acompañado de un mariachi y que se ha caracterizado por su actitud despreocupada, su escasa atención a los protocolos y su cercanía con los ciudadanos que lo llevaron al Poder Legislativo.

Éric Aguilar deberá acudir este martes ante la Comisión Instructora del Congreso local para alegar lo que a su juicio convenga, respecto a la solicitud de juicio de procedencia que hiciera en su contra la Fiscalía especializada en combate a la corrupción.

Se sabe por algunas filtraciones, que la razón de este proceso en contra del diputado es que se le inició una carpeta de investigación por su presunta responsabilidad en los delitos de desobediencia civil (en realidad se deben referir al Artículo 329 del Código Penal del Estado, que trata del delito de “desobediencia y resistencia de particulares”, que se considera para quien, entre otras razones, desobedezca un mandato legítimo de autoridad, no acate una medida precautoria dictada por el Ministerio Público o a quien impida que la autoridad ejerza sus funciones) y el de ejercicio indebido del servicio público (Artículo 315, para quien “ejerza atribuciones que correspondan a un empleo, cargo o comisión del servicio público, distinto para el que fue designado o elegido”).

Se supone (pues con el argumento de “cuidar el debido proceso”, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el Congreso local han dado una versión oficial de las imputaciones al diputado) que Éric Aguilar “autorizó” u “ordenó” a los familiares de la víctima que se llevaran el cuerpo, que para cuando fue retirado tenía no menos de cinco horas en la calle.

El sentido común sugeriría que se están derrochando recursos y tiempo en la persecución de un delito menor, y han dejado de atender el principal, que es el homicidio culposo cometido por quien embistió con su camioneta a dos personas que viajaban en una motocicleta y que se dio a la fuga.

¿Motivaciones políticas?

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Epílogo.

Otro caso que se ventila en la Comisión Instructora es la solicitud de juicio de procedencia contra el Presidente Municipal y la Síndica de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, quienes aseguran que son víctimas de “persecución y hostigamiento” por parte de la Fiscalía Anticorrupción. *** Este lunes ambos servidores públicos presentaron sus argumentos ante la comisión legislativa, pero lo hicieron mediante la presentación de un escrito entregado por sus representantes. El alcalde argumenta que las medidas legales en su contra surgen de su decisión de denunciar a los extesoreros Pedro Benítez Domínguez y María Nelly Alarcón por un presunto daño patrimonial de 22 millones de pesos. *** El presidente de la Comisión Instructora, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, señaló que la próxima semana serán presentados los dictámenes (tanto del alcalde y la síndica de Actopan, como el del legislador Éric Aguilar) para su votación ante el pleno, en otra sesión extraordinaria. *** Desde este espacio le envío mis mejores deseos de un pronto restablecimiento a don Carlos Brito Gómez, quien fue internado en el hospital ABC, de la Ciudad de México, para ser atendido por padecimientos gastrointestinales.

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