La región norte del estado de Veracruz lleva cerca de dos décadas en manos de grupos delincuenciales, algunos de cuyos integrantes incluso han incursionado en la política para proteger sus intereses mientras siembran el terror a través de la violencia.
La prensa en aquella zona ha sido acallada de la misma manera. El crimen organizado incide directamente en lo que se publica o no en los medios y responde violentamente cuando sus “instrucciones” no son atendidas. Peor aún, si se les exhibe. Desde hace varios años no hay autoridad legalmente constituida que valga. Algunas, hasta las ponen ellos mismos.
Por ello no es exagerado afirmar que la situación en la cual los periodistas de aquella zona trabajan es del más alto riesgo, sin que exista nadie, gobierno alguno, al que le importe garantizar condiciones mínimas de seguridad para ejercer el trabajo informativo. Los compañeros hacen su labor bajo su propio riesgo.
Para muestra, hace poco más de dos semanas otra periodista, Mireya Ulloa, quien funge como directora editorial del periódico La Opinión de Poza Rica, fue atacada en su domicilio particular. Su agresor, que la hirió al llegar ella a su casa, le dejó un mensaje respecto de su labor periodística.
El asesinato de María Elena Ferral causó conmoción en el gremio de la entidad. La Red Veracruzana de Periodistas –de la cual formaba parte- emitió un desplegado dirigido al Presidente de México, al gobernador de Veracruz y a la Presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas exigiendo “que dentro de su caso se tome en cuenta una línea de investigación relacionada con su actividad como periodista; que haya justicia pronta y expedita, así como claridad en el proceso; que se investiguen las amenazas y antecedentes que ella denunció previamente; que se aplique el Mecanismo de Protección Federal sobre su familia; que las instituciones de Gobierno y las Organizaciones No Gubernamentales de Defensa de la Libertad de Expresión salvaguarden la integridad de las y los compañeros de la región; que los servidores públicos o actores partidistas se abstengan de desvirtuar los hechos o politicen el asunto”.
Sin embargo, el mandatario veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, de inmediato demostró cuáles son sus prioridades. Mientras María Elena Ferral todavía peleaba por su vida, en su cuenta de Twitter el gobernador se quejó de los medios que, en la confusión inicial, reportaron prematuramente la muerte de la comunicadora hacia el mediodía.
“Lamento mucho que en estos momentos que estamos tratando de salvarle la vida a la periodista María Elena Ferral, algunos de sus colegas ya la hayan dado por muerta en sus ‘noticias’. ¿Tanto mal le desean a la gente con tal de tener la oportunidad de golpear a un gobierno?”, publicó García Jiménez –o alguno de los enemigos a los que tiene incrustados en Comunicación Social-, como si la víctima fuera él.
De lo que no parecen enterarse es que las víctimas de su incompetencia somos ocho millones de veracruzanos. Ni de que los criminales no están en cuarentena.
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