Apenas el pasado martes ofrecí un avance de una investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) frente a un caso en el que se configuran delitos tan graves como el de desaparición forzada de personas, extorsión, cohecho y otros más.
El 15 de abril la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas, dio inicio a la carpeta de investigación FEADPD/ZC-V/083/2020.
De las entrevistas a diversos actores y testigos del caso, se desprende que por los meses de abril o mayo del 2019, el empresario Carlos Donaciano Solórzano Pineda tuvo contacto con Armida Ramírez Corral, quien dijo ser una persona muy cercana a la exatleta y actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Ana Gabriela Guevara.
En los encuentros entre el empresario y Armida Ramírez (algunos la recordarán, pues fue presidenta municipal suplente de Xalapa, en el 2004, cuando el alcalde Reynaldo Escobar solicitó licencia para incorporarse al gabinete de Fidel Herrera), negociaron una labor de gestoría para que la Conade le asignara a la empresa de Donaciano Solórzano, de manera directa, (esto es, sin licitación) el Contrato de Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores, el cual tendría una vigencia del mes de julio a diciembre del año 2019.
Las negociaciones se hicieron en la Ciudad de México y en ellas habría estado presente la propia Ana Gabriela Guevara, lo mismo que Sergio Monroy Collado, Subdirector de la Conade.
Luego del encuentro, se acordó que el empresario hiciera una primera aportación por 150 mil pesos, además de comprometerse a bonificarles (“moche”) el 15 por ciento de los pagos que realizara la Conade a su empresa, denominada CIMSA.
El compromiso de las autoridades ahí presentes era que le iban a asignar el contrato y que le pagarían de manera puntual, mes con mes, los servicios prestados. Otro acuerdo que ahí se cerró, fue que el contrato se renovaría por varios años más.
Al llegar el mes de diciembre del 2019, los servidores públicos y la intermediaria (Armida Ramirez) le exigieron al empresario que pagara por adelantado el porcentaje exigido, como condición para renovarle el contrato, pero en virtud de que no le habían pagado aún lo devengado de ese año, decidió ya no continuar con el acuerdo. En ese momento la Conade le debía 16 millones 901 mil 552 pesos, que le fueron liquidados en el mes de enero.
Al mes siguiente, en febrero, Armida Ramírez le exigió vía telefónica el pago de 2 millones 900 pesos, que era lo que se habría comprometido a dar a los funcionarios de Conade, más una comisión para ella, por su intermediación en ese negocio.
Con el argumento de que fue la Conade la que incumplió el acuerdo y que la falta de pago oportuno lo llevó a la quiebra, Donacioano Solórzano se negó a pagar.
La presión de Armida Ramírez contra el empresario fue creciendo y le aseguraba que ella misma se encontraba en problemas con la titular de la Conade, al grado de que le puso a un ingeniero “como custodio o vigilante” para presionarla y poder cobrar la cantidad que exigía y que, incluso, estuvo secuestrada en el hotel Royal Pedregal de la Ciudad de México, el 26 de febrero, por órdenes de Ana Gabriela Guevara, para garantizar el pago de lo acordado.
Armida Ramírez se comunicó el 19 de marzo con Donaciano Solorzano y lo citó en Plaza Las Américas de Xalapa, a las 12:40 horas de ese mismo día. Carlos Donaciano refiere que en ese encuentro fue amenazado por Armida Ramírez para obligarlo a entregar 2.5 millones de pesos en efectivo, “pues ella tenía órdenes directas de los dos funcionarios de la Conade”.
Hasta el sitio de la reunión llegaron elementos de la Fuerza Civil al mando de un sujeto que se presentó como “Comandante Corona”, quien le exigió al empresario que entregara la suma que le pedía Armida Ramírez, ya que el tenia “indicaciones de la Ciudad de México”, y que le daba 72 horas para cumplir con el pago.
De todo esto, la Fiscalía General del Estado tiene pruebas. Están registradas las llamadas telefónicas de los involucrados, hay copias de los mensajes que intercambiaron por Whatsapp y cuentan con la geolocalización de los participantes, para corroborar que estuvieron en el lugar y en la hora que consta en las declaraciones.
Se ha confirmado que en la labor de “cobranza”, para presionar al empresario participaron elementos de la Fuerza Civil y de la Policía Ministerial, los que ya están sujetos a investigación.
Como parte de todo esto, además, hay una persona desaparecida.
El pago del “moche”, por cierto, se concretó.
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Epílogo.
¿Sí recuerdan a la empresa constructora Mota-Engil? Es la empresa portuguesa que obtuvo de la SCT, en tiempos de Enrique Peña Nieto, la concesión para construir la autopista Cardel-Poza Rica, la misma que entró en litigio con la familia Spinoso por la afectación de sus propiedades en el trazo de esa vía de comunicación. *** La propia familia Spinoso mencionó que los representantes de esa empresa habían llegado a acuerdos con los gobiernos de Morena (el estatal y el federal) y por ello se habían atrevido a invadir sus ranchos a pesar de que no se habían agotado los recursos legales. *** Hoy queda claro que Mota-Engil tiene fuertes acuerdos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y de entrada ya recibió la encomienda de llevar a cabo la primera etapa del Tren Maya, una de las obras prioritarias del presente sexenio. ¿De qué tamaño ($) sería ese acuerdo? *** El dirigente del PRI, Marlon Ramírez Marín, asegura que el plan emergente que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para atender los estragos económicos que provoque la pandemia del Covid19, “es contradictorio, no garantiza desarrollo ni empleo y va a tener un impacto (negativo, por supuesto) en las pequeñas y medianas empresas”. *** Marlon Ramírez dijo que las decisiones del Presidente implican un riesgo, pues se podría caer en subejercicio, sumado a que lo que se destina a servicios generales y suministros es dinero que sirve para comprarles a pequeños y medianos empresarios a nivel nacional. *** Pronto veremos los alcances de estas medidas.
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