Como escribiera “El Divo de Juárez”: “Te pareces tanto a mi, que no puedes engañarme…”.
Justo lo que tanto se les criticó a Miguel Ángel Yunes Linares y a su esbirro Jorge Winckler: Pasar por encima de las leyes para mantener en la cárcel a sus enemigos políticos, o a aquellos que, por haber laborado en otro período de gobierno, se convirtieron en el blanco preferido de sus venganzas.
Este fin de semana la encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) Verónica Hernández Giadans, confirmó que fueron ejecutadas 10 órdenes de aprehensión que dictó un juez contra exfuncionarios del DIF estatal, en los tiempos de Javier Duarte (tres), y contra otras personas que se habrían prestado para cometer fraude contra el Estado (siete).
En realidad fue pura “morralla”.
Acaso la figura más relevante entre los detenidos es Julián Alberto Rubín Sandoval, quien ocupó la Dirección del DIF estatal un breve lapso, luego de que abandonara el cargo (sabedora de que su gestión tendría consecuencias jurídicas) Astrid Elías Mansur.
Los otros dos exservidores públicos son Víctor Manuel Carrizo Yoval, quien por esas mismas fechas ocupó el cargo de subdirector de Recursos Materiales, y Emilia Yasbe Azamar Hernández, quien estuvo al frente de la subdirección de Recursos Financieros, ambos en el DIF estatal.
Se sabe que hay órdenes de aprehensión (aunque aún no se concretan) contra Astrid Elías Mansur y contra Antonio Tarek Abdalá, que en esos tiempos fungía como Tesorero General del Estado.
Los otros detenidos son personajes que, según la denuncia, desde afuera del gobierno se coludieron para cometer diversos delitos.
Los detenidos son Luciano Sánchez Díaz (socio de las empresas “fantasma” Ravsan Servicios Múltiples, Mextic Traffic y Comercializadora Dagu), César Álvarez Alegría (quien junto con su hermano Jorge, aparece como socio de la empresa “fantasma” Centro de Recursos de Negocios Cerene y aparece como apoderado legal en al menos otras 10 empresas), Raúl Antonio Chirino Escobar (aparece, junto con su madre Concepción Escobar, como socio de varias empresas, entre ellas Abastecedora Romcru y Publicidad Akkira) y Francisco Fernández Sánchez (socio de Romcru y de Emgenet, ambas empresas consideradas “fantasma”).
Aparecen otros tres ciudadanos detenidos: Pedro Francisco Corona Montes, Claudia Moreno Pérez y Teodosio Montalvo Uscanga.
Sobre la mayoría de los detenidos (quedó demostrado desde hace varios años) se trata de personas que fueron engañadas, que entregaron información personal y firmaron documentos sin saber que estaban siendo utilizados como fachada para simular la operación de empresas que harían negocios con el gobierno.
Todas estas empresas operaban bajo la tutela de Víctor Manuel López Gachuz (contra quien también hay orden de aprehensión, pero no ha sido capturado) y uno de sus más cercanos operadores, Mauricio Bayron González, otro que también se encuentra prófugo.
Lo curioso de este caso es que las órdenes de aprehensión se giraron a partir del proceso penal 116/2020, que inició el entonces fiscal de Veracruz Jorge Winckler, en atención a una denuncia presentada por autoridades del DIF Veracruz durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
Esto es, que el gobierno de Cuitláhuac García está “terminando la chamba” que en su momento encargó su antecesor.
¿Y las denuncias contra servidores públicos del bienio yunista?
La SEV, Sedesol, Salud y Seguridad Pública, entre otras dependencias, presentaron denuncias formales por desvíos de recursos que habrían cometido funcionarios del gobierno yunista, y ni la encargada del despacho de la Fiscalía, ni el titular de la Fiscalía Anticorrupción, han mostrado avances en esos temas.
¿Será cierta, entonces, la versión de que ya hubo acuerdos entre funcionarios de muy alto nivel del gobierno estatal y el exmandatario Yunes Linares?
¿Será por eso que les cuesta tanto trabajo dar con Jorge Winckler y sus secuaces?
¿Será que por esos acuerdos, algunos funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García son tratados con especial mesura en los medios de comunicación que sigue patrocinando Yunes Linares?
¿Alguien le explicó a los titulares de la FGE, de la Fiscalía Anticorrupción, del Tribunal Superior de Justicia, y al propio Juez de Control Gregorio Esteban Noriega Velasco, que los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición, no ameritan la prisión como medida precautoria y a pesar de ello los mantienen en prisión?
¿Saben que esa misma irregularidad fue cometida en su momento por el entonces fiscal Jorge Winckler, por instrucciones de su jefe Yunes Linares y que a todos los que encerraron de forma indebida ya obtuvieron su libertad?
Se odian, pero son tan parecidos…
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Epílogo.
Triste papel el de la presidenta municipal de Juchique de Ferrer, Lizbeth Portilla, quien impidió la labor altruista que realizaban Rubén Carrasco y un grupo de voluntarios (la entrega de miles de despensas a familias humildes, sin colores partidistas y condiciones políticas). *** La alcaldesa llegó hasta donde se estaban distribuyendo las despensas y arropada por elementos de la policía y del Ejército, ordenó que se suspendieran esas acciones “porque no fue notificada”. El clásico caso del político que en lugar de ayudar, estorba.
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