En los primeros días de su mini-gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares puso en su agenda la posibilidad de la “desincorporación fiscal” del estado de Veracruz, esto es, retirarse del Convenio de Coordinación Fiscal que mantienen todas las entidades federativas con el gobierno federal.
Se quejaba Yunes Linares en ese entonces (diciembre del 2016) que el secretario de Hacienda (José Antonio Meade) respaldaba a otros gobiernos estatales, afines a la Federación y le escatimaba los apoyos a Veracruz.
Decía el entonces gobernador que ya analizaba –de no conseguir una respuesta pronta y positiva de la Secretaría de Hacienda- un plan para dejar de tributar a la Federación. “Estamos analizando si iniciamos un proceso de desincorporación fiscal, que Veracruz cobre sus propios impuestos y los distribuya”, amagaba el gobernador del bienio.
No pasó nada. El gobierno federal insistió en que los apoyos llegarían en la medida en que percibieran que los gobiernos estatales hacían su propio esfuerzo, esto es, que hicieran un verdadero ajuste a su gasto operativo, lo que nunca sucedió en los dos años del yunismo.
Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el discurso de una eventual desaparición del “pacto fiscal” fue revivida.
En diciembre de 2019 demandas aisladas de algunos gobernadores (se quejaban de un trato injusto en el reparto de recursos por parte de la Federación) fueron tomando fuerza. Nueve de los 10 gobernadores emanados del PAN anunciaron que trabajaban en “nuevas propuestas” para modificar el Convenio de Coordinación Fiscal, al que consideraban “injusto e inequitativo”.
Fue una reacción natural al férreo control presupuestal que impuso desde su llegada Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó quejas, sobre todo de gobernadores de la oposición que denunciaban un “manejo político del presupuesto” en el que el gobierno central concentra cada vez más recursos, mientras a los estados se les limitan y reducen las participaciones.
Y es verdad, pero en descargo del actual gobierno, esto ha sucedido siempre, a menos desde que se da en el país la pluralidad política. Los gobiernos panistas y el más reciente gobierno emanado del PRI, favorecieron durante su gestión a los mandatarios surgidos de su mismo partido.
¿Por qué resurge el tema de la posibilidad de que los gobiernos estatales abandonen ese Convenio de Coordinación Fiscal?
En realidad es un elemento político que pretenden incorporar en la agenda de las acciones para la contención de la pandemia del Covid-19. Algunos gobiernos estatales (en esencia todos aquellos que no emergieron de Morena) argumentan que la Federación no los ha apoyado lo suficiente para atender esta emergencia y consideran que es momento de “cambiar las reglas del reparto de las contribuciones”.
Llama la atención porque entre los que se han apuntado para revisar ese convenio, figuran dos de las entidades que más tributos generan al país, esto es, los estados de Nuevo León y de Jalisco.
La postura de estos gobernadores fue tomando fuerza, al grado de que tuvieron que salir voces de Morena para advertir sobre los inconvenientes de una medida de ese tipo, y ahora fueron los otros gobernadores, los de Morena, los que unieron sus voces para respaldar al Presidente.
Este martes, acatando una instrucción del centro del país, el gobernador Cuitláhuac García salió a respaldar públicamente el actual pacto fiscal, y aseguró que no aprovecharán la situación que se vive en el país “para meter la politiquería por delante”, al señalar que lo importante en estos momentos es fortalecer la unidad en torno a la estrategia del gobierno federal ante la pandemia de Covid-19.
“En coincidencia con los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Puebla y la Jefa de Gobierno de la Ciudad De México, el Gobierno de Veracruz expresa su respaldo al pacto fiscal como está actualmente y con ello fortalece la unidad en torno a la estrategia del Gobierno Federal ante el evento epidemiológico que atravesamos”, se lee en el comunicado difundido por el gobierno estatal.
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, lo plasmó de forma contundente: “Aclaración no pedida ¿debilidad del pacto fiscal manifiesta?”.
Y es que si de algo no pueden acusar los gobiernos de Morena a los otros partidos, es de “meter la politiquería por delante”, pues justo eso es lo que hace su jefe, el Presidente López Obrador.
“¿Qué les ofrezco a los conservadores, con todo respeto? Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta el 22, que la hagamos (en el 2021) aprovechando que van a haber las elecciones el mismo día”.
Un asunto discutido y resuelto. Ante la caída de los bonos de Morena en varias entidades del país, el Presidente insiste en incorporar su nombre en las boletas que habrán de ser marcadas en el 2021, de manera que se replique el “efecto Peje” del 2018.
Eso, por supuesto, no va a suceder.
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Epílogo.
Este lunes fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el acuerdo mediante el cual se otorga una prórroga para la presentación, análisis, dictaminación y aprobación de la Cuenta Pública 2019, para todos los entes fiscalizables. *** Por única ocasión y en atención a la emergencia sanitaria, se prorroga la entrega de cuentas púbicas del ejercicio 2019 a cargo de los entes fiscalizables, para que sean presentadas al Congreso de Veracruz a más tardar el día 15 de junio de 2020. *** Desde el pasado fin de semana se dictó un acuerdo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública: Los gobiernos estatales podrán utilizar los recursos destinados a la prevención de la violencia y la profesionalización de policías, que les da la Federación, para equipar a sus policías con los implementos necesarios para atender la emergencia sanitaria por Covid-19. *** Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) podrán ser “reprogramados de manera inmediata” con el objetivo de “que los elementos policiales cuenten con el equipamiento indispensable que les permita hacer frente a la situación que vive nuestro país, ante la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”. *** La persecución de actos delictivos no puede detenerse con motivo de la emergencia sanitaria. La Fiscalía Anticorrupción citó desde la semana pasada a servidores públicos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que respondan a las denuncias presentadas en su contra por su presunta participación en actos fraudulentos contra los profesores. *** Fueron citados el titular de la Dirección de Nóminas, Carlos Kenneth Cruz Ortiz y el director de Nóminas Federales, Clemente Landa Domínguez. La investigación está relacionada con las quejas de docentes que vieron que desde oficinas centrales les estaban haciendo descuentos a todas luces ilegales, y descubrieron que dichos cargos fueron autorizados desde las oficinas de Nóminas de la SEV.
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