De manera emergente y temporal, mientras persista el paro de algunos concesionarios, los camiones Ulúa operan de forma gratuita, a fin de evitar afectaciones a la población y asegurar la continuidad del traslado hacia centros de trabajo, estudio y actividades cotidianas.
En este contexto, el Gobierno del Estado determinó que los camiones Ulúa operen directamente como servicio público estatal, de forma paralela y complementaria al que brindan los concesionarios que decidan continuar prestando el servicio.
La medida se adopta con respeto a los prestadores del transporte y privilegiando el diálogo; no obstante, se actúa con la convicción de que la ciudadanía no puede ser afectada por decisiones unilaterales que interrumpan un servicio esencial.
La titular del Ejecutivo subrayó que toda concesión conlleva una responsabilidad social, ya que el transporte público es un servicio indispensable y las rutas y vialidades son bienes públicos cuya operación debe responder al interés general.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno del Estado abrió una convocatoria pública para la contratación de conductores, dirigida a mujeres y hombres, además de capacitación y condiciones laborales dignas que garanticen un trato respetuoso hacia las y los usuarios.
La Gobernadora señaló que esta administración actúa con mesura y firmeza, asumiendo plenamente la responsabilidad del Estado para garantizar servicios públicos eficientes, modernos y seguros.
“El respeto es de ida y vuelta. Respetamos a los concesionarios, pero nuestra obligación principal es con la gente. El Estado debe asumir su papel y garantizar la movilidad de las y los veracruzanos”, expresó. | 
