Sus defensores pretenden ser soberanos con el disfraz de autónomos. Es cierto que se crearon para hacer más eficiente ciertas áreas de la administración pública, sin embargo, su desempeño demostró que se alejaron de sus fines y objetivos y se condujeron con opacidad para lo cual ejercieron autonomía como si fuera soberanía siendo que constitucionalmente no hay ni puede haber más institución soberana que el Congreso de la Unión. 

Bajo el manto de “autónomos” se sustrajeron a la obligación de rendir cuentas al único depositario del poder ejecutivo – el presidente de la república y al depositario de la soberanía popular que es el Poder Legislativo.

Esa manera de entender autonomía lejos de ser “avance de la democracia” se convirtió en avance de su degeneración a cargo de un segmento de alta tecno burocracia, o profesionales al servicio de los gobiernos neoliberales. 

Año con año miles de millones de pesos del erario público fueron desviados hacia intereses personales o de grupo y, con el argumento de “autónomos”, trataron de ocultarlo y lo lograron por un tiempo.

Hoy eso se terminó.

Los mexicanos decidieron un cambio de régimen en julio de 2018 y se encuentra en marcha un proceso de transformación al que no debe sustraerse ninguna de las instituciones del estado muchas de las cuales están pendientes de ser objeto de las reformas jurídicas que las actualicen, las adecuen a la nueva realidad política, económica y social y las liberen de vicios y deformaciones de las que se valieron los gobiernos neoliberales.