EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, ya no puede ocultar sus aviesas intenciones de llevar al país a un estado de autoritarismo. La reciente declaración de que todas las obras de infraestructura, realizadas por el gobierno federal, sean consideradas como asuntos de interés público y de seguridad nacional, es simplemente, una jalada, a la cual se le podrá dar el sustento necesario para que, finalmente, se satisfagan nuevos caprichos presidenciales. Ante este panorama, con un congreso, prácticamente sometido y con un poder judicial que transita, poco a poco, hacia este misma condición, podría decirse que el camino hacia el autoritarismo, está ya definido y paulatinamente concretándose conforme a los deseos del mandatario, sin que nadie mueva un dedo más allá de lo permitido, para enfrentarlo.
Desde luego, que el acuerdo presidencial que ha llamado la atención de propios y extraños, a todas luces ilegal, busca como consecuencia de que todo lo que quiera el Presidente, se haga, aún en aquellos casos en que se requiera de ciertos requisitos y cumplimiento de mandamientos. El Presidente, quiere que de aquí en adelante, nadie se interponga en sus deseos y que todo aquello que se le siga ocurriendo, sea respaldado por el mismos Congreso federal. Primero, era no cambiar una coma, siquiera, a las propuestas enviadas desde el ejecutivo, pero ahora, no tan solo quiere eso, sino que también ejercer su poder, incluso, sobre la misma constitución general de la república, y todas las leyes que de ella emanen.
Aunque ya no se escuche tanto, López Obrador, sigue siendo un verdadero peligro para México. Si le dejan hacer su propia voluntad, pasando por encima de todos los lineamientos legales, va a llegar el momento en que cualquiera que busque impedírselo, sea puesto a consideración de algún juez corrupto, para que sea vinculado a proceso, recibiendo de inmediato una orden de aprehensión por cualquier delito que se les ocurra, tal y como ya hemos observado en diversos casos que son del dominio público de la nación. El Presidente, hace todo esto, para poder asegurarse la continuación de su proyecto político, pues teme que legalmente su partido pueda continuar con el poder político necesario para mantener el sitio ya alcanzado.
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Supuestamente, López Obrador, se va en menos de tres años, pero quiere, desde ahora, dejar bien cimentados los proyectos políticos de una nación, que en su mente se ha configurado. Este acuerdo, por cierto ya publicado, no trascenderá al menos que los legisladores de oposición, lo permitan. Las acciones de inconstitucionalidad, seguirán llegando a la suprema corte de justicia de la nación.
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MARLON, LO DIJO
EL EJÉRCITO DEBE APEGARSE directamente a sus funciones, entre las cuales, constitucionalmente establecidas, son la defensa de la nación y promover el ejercicio de la legalidad, la libertad y la democracia, pero no ser el vehículo oficial de la propaganda político electoral. Así se expresó recientemente el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, durante el acto de incineración y reposición de la bandera en la sede del mismo tricolor. Prácticamente, el también legislador local, no se midió para poder señalar con profundidad lo que muchos más consideran un abuso de las fuerzas armadas para que éstas sean utilizadas en labores que no son propias de su responsabilidad.
El ejército, dijo Marlon Ramírez Marín, no debe tener filiación partidista, ni promover a un partido político oficial, o bien al mismo sistema gubernamental que se encuentra en ejercicio del poder, porque es, sencillamente, inconstitucional.
Ramírez Marín, dio, de esta manera una puntual respuesta al mismo responsable de las fuerzas armadas, quien hace poco, de alguna manera, invitara a la población a unirse a los proyectos de la cuarta transformación.
La reacción de Ramírez Marín, podría encuadrarse dentro de los actos valientes, porque no se trata únicamente de la voz de un dirigente partidista, sino también con la fuerza que un legislador debe tener para enfrentar con decisión los abusos del poder, aunque éste goce de una supuesta confirmación política de treinta millones de votantes, situación en la que se apoya el Presidente de la República, y Jefe de las fuerzas armadas del país.
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PODRÍA, UN NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL, CAMBIAR A MÉXICO.
EL EJERCICIO DE PODER constitucional en un país como México, debe sujetarse, precisamente, a lo determinado por la propia Constitución General de la República. Cualquier alteración de esta condición legal, pone en riesgo, necesariamente, la tranquilidad social. Y esto es lo que parece estar sucediendo actualmente en el gobierno federal, donde el poder constitucional se ha malentendido, como querer establecer una sola voluntad, lo que, indudablemente, no esta permitido.
Mucho se combates estas acciones a través de las instituciones también establecidas por la propia constitución, pero parece que el poder mal entendido, también ha avanzado hacia estas instancias, donde se busca que los árbitros de la justicia, sean sujetos a las disposiciones del propio ejecutivo.
Se puede cometer errores y éstos salvarse en el momento adecuado, pero lo que ahora se ve en México, es que se trata de una tendencia generalizada a violar los preceptos de la ley general. Ante esto, apoyado por las fuerzas armadas, al pueblo no le quedará más que iniciar un nuevo movimiento social para cambiar a México, situándolo dentro del marco de la legalidad, priorizando la convivencia nacional.
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