EL RESPALDO incondicional de cincuenta y tres senadores de la república, así como de los gobernadores de filiación al partido morena, para el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en estos momentos críticos por los que pasa al haber confrontado a la prensa y medios de comunicación en general, luego de que se le vino abajo su principal columna vertebral del proyecto de la cuarta transformación, basado en el combate a la corrupción de los demás, menos en lo que corresponde a su equipo de colaboradores y su familia directa, principalmente, ha generado un serio problema nacional que día a día crece considerablemente, al grado de que se pone en riesgo, sin duda alguna, su permanencia en el poder, así como la posible falta de un verdadero estado de ingobernabilidad.
Los constantes ataques a los periodistas, a los medios de comunicación en general, han constituido graves daños a la estabilidad política y social del país, pues no tan solo a nivel nacional ya se ha manifestado el repudio a esta práctica presidencial, sino que también, esta situación, ha llamado la atención de organismos internacionales, los cuales ya comienzan a demandar del presidente, el cese de pronunciamientos permanentes en contra de quienes ejercen la noble actividad y que son, en determinado momento, los principales enlaces con la sociedad y representan, de la misma manera, parte importante de la democracia que se vive en México.
Reacciones se están dando en todo el país y son coincidentes en demandar garantías suficientes para los que ejercen el periodismo en todo el territorio nacional, pues la constante descalificación de los medios de comunicación, emprendida desde el púlpito presidencial, ha propiciado diversos atentados a sus representantes, seis, por lo menos que ya han sido asesinados y muchos viviendo constantemente con el temor de ser atacados en cualquier momento.
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Muchas manifestaciones de los representantes de los medios de comunicación, se han dado en la mayoría de los estados de la república, siendo la más reciente el día de ayer, en el seno del propio senado de la república, donde hubo una protesta generalizada y suspendiendo conferencia de prensa de la fracción parlamentaria de morena, con la finalidad de que se tomen las medidas necesarias para frenar los ataques presidenciales, los del propio partido morena, legisladores y diversos gobernadores pertenecientes a esta organización política.
El movimiento que se está generalizando en contra del presidente y de los legisladores y gobernadores de morena, está creciendo peligrosamente debido a los permanentes cuestionamientos que vienen generando en contra de la prensa y de los medios de comunicación en general, contra los cuales nunca tendrán razón.
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OTRA MÁS DE CUITLÁHUAC
AHORA RESULTA que el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, ha declarado, sin fundamento alguno, que los abogados del Estado de Veracruz, que han estado protestando en contra del delito denominado “ultrajes a la autoridad”, utilizado, normalmente para perseguir a sus enemigos políticos y en contra del pueblo en general, están siendo patrocinados por grupos delincuenciales para que se manifiesten en contra de esta disposición del código penal.
Esta aseveración del mandatario es sumamente peligrosa y pone, de nueva cuenta, en serio riesgo una nueva confrontación con los profesionales del derecho, a los cuales ya los está vinculando con los grupos fuera de la ley.
Alguien, se insiste, está manipulando al jefe del poder ejecutivo de Veracruz, al grado de que sigue empinándolo en este desencuentro que tiene con los abogados y con la sociedad en general, principalmente, porque se está evidenciando una falta de asesoría seria que conduzca al gobernador por los senderos de la prudencia.
Asegura el mandatario estatal, que grupos delincuenciales estarían usando a los abogados veracruzanos para que se manifiesten en contra de este delito y lograr su derogación, aún cuando este delito perjudica más al grueso de la sociedad veracruzana, que se ve indefenso ante los grupos policiacos y las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Grave, sí grave, es la situación en la que ha caído nuevamente el gobernador del Estado, principalmente por negarse, seguramente, a ser bien asesorado. De otra manera, en lugar de hacer estas temerarias declaraciones, bien pudo optar por los acuerdos y desactivar esta bomba de tiempo que puede, de determinado momento, explotar.
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EN EL CONGRESO, HAY OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA
YA LO DECIAMOS AYER, que el presidente de la junta de coordinación política, Juan Javier Gómez Cazarín, ha invitado a los abogados de la entidad, para que puedan acercarse y dialogar en torno a este asunto relacionado con la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, mientras que en palacio siguen obstinados en confrontarse con los profesionales del derecho, en su mayoría organizados en las diversas barras y asociaciones de abogados del Estado, por no encontrar coincidencias en el manejo de este tema.
Gómez Cazarín, también comentamos en nuestra pasada entrega de esta columna, que parece ser más político que otros al proceder inteligentemente y llamar a los abogados para que puedan dialogar y llegar a los acuerdos necesarios, sobre todo, protegiendo los derechos de los veracruzanos, en general, que se ven afectados con la aplicación de estas disposiciones, como ya se ha visto en el pasado reciente, donde se comprobó que seis jóvenes fueron detenidos y acusados por este delito, sin que se hubieran tenido las pruebas suficientes, lo que derivó en varios meses de cárcel para estas personas, que tienen ahora el derecho de ser protegidas y además, la recompensa en su favor por el tiempo perdido en la cárcel y la difamación correspondiente, lo que puede sumar miles o millones de pesos para el erario estatal.
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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede. |
